Presentan demanda contra el consejero electoral Arturo Baltazar por enriquecimiento inexplicable
El consejero electoral local Jesús Arturo Baltazar Trujano se encuentra metido en un brete debido a que se ha presentado una demanda penal en su contra en la cual se le acusa, entre otros asuntos, de los presuntos delitos de operaciones de blanqueo de capitales y utilización de recursos de procedencia ilícita. Además de ser señalado como responsable de supuestas anomalías cometidas en la contratación de la impresión de papelería electoral y el Programa de Resultados Preliminares (PREP) en los comicios de 2021.
Una parte medular de esa demanda –cuya copia tiene este columnista— es que Baltazar Trujano en los meses posteriores al proceso electoral de 2021 realizó compras de un inmueble y un auto de lujo por 4.8 millones de pesos, cifra que rebasa casi en un cien por ciento sus ingresos económicos como servidor público.
De ahí es que en la denuncia se le solicita al Ministerio Público federal que se investigue si ese poder adquisitivo constituye el delito de enriquecimientos inexplicable, luego de las anomalías detectadas en los contratos públicos del PREP y de la papelería electoral que se utilizó en la última contienda en que se renovaron los 217 ayuntamientos del estado y el Congreso local.
Baltazar Trujano se destaca porque, desde octubre de 2021, es el presidente de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (Renacedi) y a su vez, es presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral en el Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEE).
Es decir, es el integrante del IEE con más poder e influencia que el resto de los 7 consejeros electorales de Puebla.
En la propia denuncia se hace mención que ese poder le permitió conseguir que Saúl Sánchez Muñoz y Cristian Michelle Betancourt Mendívil fueron designados como titulares de las Direcciones de Organización Electoral y Administrativa del IEE, respectivamente, y que estos funcionarios siempre estuvieran subordinados a “los caprichos” de Jesús Arturo Baltazar y como parte de ese control, se realizaran contratos abusivos bajo su responsabilidad.
Los ingresos que no cuadran
La principal acusación contra Baltazar Trujano es que –el 3 de noviembre de 2018—cuando inició su labor como consejero electoral reportó en su declaración patrimonial no tener ahorros. Por tanto, resulta atípico el siguiente comportamiento:
Entre diciembre de 2018 y agosto de 2021, Jesús Arturo Baltazar tuvo ingresos económicos por 2 millones 540 mil 165 pesos por su labor como consejero del IEE, tomando en cuenta que el artículo 88 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe a los consejeros del IEE tener otro ingreso remunerado.
Por lo que resulta sorprendente e inexplicable que teniendo 2.5 millones de pesos de ingresos, supuestamente realizó la compra de un departamento en 3.7 millones de pesos y una camioneta en 1 millón 111 mil 900 pesos, que da un total de 4 millones 811 mil 900 pesos.
Tal situación plantea que el monto de sus adquisiciones casi duplica el dinero que ganó en dos años y medio.
Sin contar, que aparte tiene un crédito del FOVISSSTE por un millón 205 mil pesos, del que debe pagar mensualmente su costo.
Lo que más destaca es que el supuesto departamento se pagó de contado, mediante siete depósitos –ocurridos entre el 4 de agosto de 2021 y el día 13 del mismo mes— que salieron de dos cuentas bancarias de BBVA y Banorte. Es decir, un par de meses después de los últimos comicios.
El inmueble en cuestión se ubica en la avenida Sirio, de la colonia Rinconada Sur Poniente, en la zona llamada Parque del Arte o Arterama. Se trata del departamento con el número mil 604 y habría tenido un precio de 3 millones 700 mil pesos. Y quedó a nombre de Jesús Arturo Baltazar Trujano según se desprende del reporte –con número de operación 220030027721– del notario 46, Ernesto Joaquín Briones Amador, ante el Sistema de Administración Tributaria.
Otra adquisición es un Jeep Wrangler Mild, con placas de circulación 36Y-847 del estado de Tlaxcala, que se compró en un millón 111 mil 900 pesos –el 30 de junio de 2021, es decir el mes de las elecciones— a nombre de Miguel Alejandro Hernández Barranco, quien 24 días después le endosó la factura a Esmeralda Odette Hernández Romero, quien es la pareja sentimental del consejero electoral Arturo Baltazar.
Los contratos onerosos
En la denuncia en cuestión se relatan la suscripción de dos contratos abusivo y con daños económicos al IEE.
La acusación destaca que por la colusión que tenía –en el proceso electoral de hace un año— el consejero Jesús Baltazar Trujano con los directores de Organización Electoral y de Administración, Saúl Sánchez Muñoz y Christian Michelle Betancourt Mendívil, respectivamente, fue posible suscribir un contrato con la sociedad mercantil Podernet –el 12 de febrero de 2021— para que se hiciera cargo del PREP en los comicios de ese año, bajo un costo de 45 millones de pesos.
¿Dónde radica el abuso? En que en 2021 se eligieron alcaldes y diputados locales, mientras que en 2018 se votó por gobernador, ediles y legisladores, y resulta que en los comicios de hace cuatro años el PREP tuvo un costo de 29 millones 290 pesos, pese a que fue una contienda más compleja.
Eso significa que el PREP del año pasado, que fue una elección menos sofisticada, tuvo un incremento de 16 millones 210 mil pesos, que es una cifra casi 50 por ciento superior a lo erogado hace 4 años. Esa diferencia de costos se considera una falta grave por no estar justificados los diferentes precios.
Ahí no termina todo, más allá del costo de 45 millones de pesos del PREP de 2021, todavía se estableció que el IEE le pagó a la empresa Podernet el arrendamiento de un inmueble para que ahí instalara el centro de acopio, transmisión de datos, de captura y verificación.
Los implicados –dice el texto de denuncia— provocaron un daño a las finanzas del IEE por no contratar las opciones más económicas para el proceso electoral de 2021.
Otra observación es que los mismos implicados firmaron un contrato con los Talleres Gráficos de la Nación por un monto de 100 millones de pesos para imprimir las actas de escrutinio y computo de las últimas elecciones, y de manera inexplicable, esa labor la acabó haciendo la empresa Gráficos Corona J.E S.A de C.V, que por cierto acabó teniendo múltiples errores y esa fue una causa de conflictos poselectorales.
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