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El asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo no es un hecho aislado, sino refleja un nuevo patrón de la delincuencia organizada que es buscar agredir, aniquilar a las llamadas madres buscadoras, que es como ahora se les denomina a las mujeres que se dedican a rastrear a las personas con reporte de desaparecidas y que generalmente logran más avances que la Policía Ministerial. Por eso son vistas como sujetos peligrosos, por las bandas criminales y las propias autoridades.

Esmeralda Gallardo llevaba un año y medio buscando a su hija Betzabé Alvarado Gallardo –que era madre soltera—, que desapareció junto con una amiga llamada Fabiola Narváez, en la peligrosa colonia Villa Frontera. En ese periplo de intentar saber qué pasó con esas dos jóvenes mujeres, se topó con una red de trata de personas que opera en Puebla y en Tlaxcala.

Y entonces se volvió en un blanco de alguna organización delictiva. Su muerte claramente fue ejecutada por sicarios, que no solamente tuvieron precisión para darle varios disparos de arma de fuego en una parada del transporte público, sino también para mostrar un enorme odio, saña, contra esta madre buscadora. Siendo esa la razón –al parecer– por la cual no le dieron uno o dos tiros, sino seis balazos como para dejar testimonio de que esta mujer se había metido a las entrañas del crimen organizado.

Esos son lo casos más visibles, pero los colectivos de familiares de desaparecidos reportan docenas de agresiones verbales y físicas, de espionaje y persecuciones. O de daños en propiedades, como una manera de generar escarmientos.

Frente a esas situaciones prevalecen dos conductas oficiales: ninguna autoridad brinda protección a las madres buscadoras y siempre se quiere minimizar las campañas de amenazas u hostigamiento que hay en su contra.

Solamente interviene las fiscalías hasta que “la sangre llega al río”, como es el caso de Blanca Esmeralda Gallardo que ya había expuesto las intimidaciones que había sufrido y nadie le hizo caso.

Otro problema grave son las filtraciones que surgen sobre la situación personal de las madres buscadoras y eso las vuelve todavía más vulnerables.

Además de dolor e indignación, el asesinato de Esmeralda Gallardo, ha generado un reclamo justo en los padres y madres buscadoras que integran el colectivo La Voz de los Desaparecidos, sobre el uso que se está dando a datos sensibles sobre las personas ausentes y quienes luchan por encontrarles.

Desde las primeras horas posteriores al homicidio, el colectivo y las organizaciones e instituciones que le acompañan, pidieron que los medios de comunicación traten con cuidado la información que obtienen en sus coberturas sobre los casos de desaparición.

Ayer, en el homenaje a Esmeralda Gallardo, María Luisa Núñez Barojas, vocera de La Voz de los Desaparecidos, hizo claro y explícito el llamado:

“Hoy quiero pedirles que en sus artículos, en sus reportajes, también plasmen su amor por las víctimas múltiples de la inseguridad en este estado y en este país. Esmeralda ha sido múltiple víctima de un sistema que no ha sabido responder a las necesidades de los ciudadanos, le fue desaparecida su hija, le fue arrebatada la vida. No basta para nosotros que se escriba de las vulnerabilidades de las familias, no nos ayuda que nos expongan vulnerables ante la sociedad, no solo lee la sociedad, leen aquellos también que están al acecho de quienes les resultamos incómodos”.

Cierto es que hay colegas periodistas que siguen al pie de la letra los protocolos recomendados para la cobertura de casos sobre derechos humanos vulnerado, pero, como en todo gremio, hay quien los omite, tal vez no necesariamente con dolo, sino porque los ignora.

Sin embargo, el análisis de la divulgación de la información que puede poner en riesgo a las buscadoras y, en general a cualquier víctima directa o colateral de un delito, pasa necesariamente por el origen del problema, que no es otro que las filtraciones que hacen las autoridades a cargo de las investigaciones, es decir, los agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales.

En efecto, los reporteros que dan la cobertura a los temas de inseguridad pública, suelen trabar relaciones con las fuentes, tal y como lo hace cualquier periodista asignado a otros temas como la política, los deportes o la economía.

Durante años, antes de que la violencia del crimen organizado sentara sus reales en Puebla como en casi todo el país, los agentes del Ministerio Público y sus subalternos, solían pasar información a reporteros sobre delitos del fuero común que se publicaban casi al pie de la letra.

De hecho, había la mala costumbre de que, en la sala de prensa de la entonces llamada Procuraduría General del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, se dejaba que los reporteros consultaran sin ningún tipo de restricción los legajos de las denuncias penales que se tramitaba por todo tipo de ilícitos, desde robos menores hasta violaciones y asesinatos. Muchos periodistas y medios publicaban lo datos sin ningún tipo de censura, eran pocos lo que tenían el cuidado de reservarse los datos sensibles.

La situación del estado y el país ha cambiado dramáticamente en este siglo. Y es posible que las filtraciones estén siendo mal utilizadas por algunos periodistas. Pero también vale la pena preguntar si acaso no hay agentes del Ministerio Público interesados en filtrar datos sensibles de víctimas y familiares con el fin de entorpecer las investigaciones o, peor aún, para intimidar a quienes exigen justicia, como es el caso de las madres buscadoras.