El 2 de octubre, Pedro Badillo, periodista especializado en finanzas, publicó en El Economista un pronóstico que declara ya no en mala salud sino rumbo a la defunción, al Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI).
Vamos por partes, la primera de ellas es que el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en su documento “Implicaciones del Paquete Económico 2023”, identificó que el Sector Salud, registra un descenso del 2.1 por ciento en su gasto per cápita para atender a la población sin seguridad social.
La segunda es que Badillo identificó que el Paquete Económico de la administración federal, prevé para 2023 que, por junio, se habrá liquidado el FONSABI. Este movimiento supone que el gobierno federal se haga de 110 mil millones de pesos que estaban guardados desde 2018.
El que pagará la cuenta de nuevo, será el IMSS-Bienestar, quien podrá recibir algunas migajas, desde un fideicomiso, si es que llega a hacerse.
El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) está muy cerca de extinguirse y todo apunta a que el IMSS-Bienestar se quedará como una especie de Secretaría de Salud paralela, destinada a la atención médica de asegurados y no asegurados, pero bajo condiciones que difícilmente pueden considerarse como aceptables, no se diga idóneas.
Si se sigue la lógica federal en la aprobación de los dineros públicos para 2023, no habrá recursos para invertir en infraestructura física para municipios de muy alta marginación. Y por el estilo podría quedar el numerario para enfermedades de alto costo que se focalizaba a personas sin seguridad social.
Badillo alerta sobre un hallazgo que hizo la organización “México Evalúa”: al 30 de junio de 2022, los estados de Nayarit, Tlaxcala y Colima habían transferido 534 unidades médicas que eran parte del INSABI para que sean administradas por el IMSS-Bienestar. Y, se habla de más de una docena de estados que harán lo propio en 2023.
Los recursos que INSABI e IMSS-Bienestar tendrán para el próximo año, acaso serán de 127 mil 800 millones de pesos, 4 por ciento menos que en 2022.
Así, hay tres elementos que pueden identificarse para el 2023 en términos de atención médica a nivel federal y que podrían empeorar si hay vaivenes bruscos en los ingresos del Estado, ya sea por el precio del petróleo o la recaudación de impuestos:
1.-Con el INSABI y el FONSABI en la extinción, el IMSS-Bienestar quedará consolidado como el único ente federal encargado de los temas de salud pública, tanto a asegurados como no asegurados.
2.-Los enfermos con padecimientos catastróficos que no tienen seguridad social, quedarán sujetos a que haya o no disponibilidad de medicamentos para ser atendidos; esto incluirá forzosamente a las personas con cáncer o VIH-SIDA.
3.-Los 110 mil millones de pesos que desaparecerán para atender a miles de personas sin seguridad social, serán repartidos en dos pedazos no iguales: uno, muy pequeño, para el Sector Salud, considerando que IMSS-Bienestar tiene un presupuesto ajeno al FONSABI; otro, enorme, discrecional.
La duda es evidente: esos dineros pueden irse a la Refinería Dos Bocas, al Tren Maya, o a cualquier cosa por el estilo. ¿Qué podría impedirlo?
La Patria sangra y el recurso, escaso, no cura esas heridas.
De las anécdotas que se cuentan
La legisladora Lilly Téllez no es precisamente una reconocida jurista.
Lo de ella es el término tronante.
Como no podría ser de otra forma, hizo de lado la discusión técnica y hasta la política, para optar por la embestida retórica.
En esos modos se lanzó a regañar a aquellos que votaron para aprobar las decisiones de Palacio de subordinación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los lugares comunes se hicieron cascada con el punto de que el mandatario federal “militarizará al país”, “que, en el pasado el mismo López Obrador criticó los intentos de gobiernos pasados por militarizarlo”, “Se ahogan en el agua que juraron que no deberían. Como el falso profeta, López Obrador ofreció paz y entregó muerte. En este Gobierno ha habido más muertos que en los Gobiernos anteriores. Ya no es culpa del pasado, como balbucean torpemente ustedes y su señor de las mentiras. Es culpa de la colusión de este Gobierno con el crimen organizado”.
Todo lo anterior se queda como siempre, corto, frente a algo que podría ocurrir en el futuro y no para bien, ir avanzando en la eliminación de las policías municipales y estatales, a efecto de que solo quedara la Guardia Nacional, acompañada de un grupo policiaco que se encargue de las formalidades del Primer Respondiente, casi como notarios públicos.
Lo único que separa a la Guardia Nacional de poder ser policía municipal, estatal y federal es tener la capacidad para ser Primer Respondiente y requisitar el Informe Policial Homologado.
Esas capacidades formales están a un tris de ser aprobadas si el presidente emite uno de sus acostumbrados Decretos.
Tiene todo para hacerlo y nadie puede evitarlo.
Mientras tanto, el griterío continúa, pero nadie se escucha.
Es lo de costumbre, en una tribuna en la que solo compiten para mantener la voz elevada.
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