Quien pregunta no se equivoca y, si está vedada la opción de la consulta popular, queda la alternativa de sondear a la población.
Cuando hay un diferendo entre Poderes (una mayoría del Poder Legislativo versus el Ejecutivo), y ambos afirman tener la razón, porque consideran que los acompaña el sentir mayoritario del pueblo, ¿quién puede dirimir civilizadamente este diferendo?
La respuesta es una: el soberano, al que ambos poderes dicen representar.
Nuestra Constitución le llama pueblo a ese soberano, cuyas decisiones son irreductibles, inatacables e inapelables. “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno” (artículo 39 de la Constitución Política, cuyo mandato ha permanecido intocado desde 1917).
¿Cómo saber cuál es la voluntad mayoritaria (que no unitaria) del pueblo? La democracia participativa directa tiene al menos cinco instrumentos jurídico-políticos: el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa ciudadana y la revocación de mandato.
Para el caso específico que nos ocupa (el diferendo entre el Ejecutivo y una mayoría opositora en el Congreso de la Unión, por la reubicación de la Guardia Nacional [GN] y la extensión del tiempo de permanencia de las Fuerzas Armadas en la calle), se podría recurrir a los primeros tres de esos cinco instrumentos mencionados.
El plebiscito es el ejercicio mediante el cual el Ejecutivo consulta y valida una decisión de política pública, preguntando a la ciudadanía si está de acuerdo o no con la medida propuesta.
El referéndum es “el mecanismo de consulta popular, por medio del cual el Congreso de la Unión convoca a las y los ciudadanos mexicanos para que expresen su aprobación o desaprobación sobre la expedición, modificación, derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución y de leyes emitidas por el propio Congreso de la Unión” (Gaceta Parlamentaria, Senado).
La consulta popular, por su parte, es el mecanismo de participación que sirve para que las y los ciudadanos voten en torno a temas de trascendencia nacional, de manera que su voluntad vinculante pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.
En el caso que nos ocupa, el instrumento más adecuado sería acudir a la consulta popular, preguntando al pueblo si desea o no que las Fuerzas Armadas permanezcan más tiempo en las calles y que la GN pase a formar parte del Ejército. Sin embargo, este ejercicio tiene la limitante de que no se puede utilizar para decidir sobre temas de derechos humanos, fiscales, financieros y de seguridad nacional, categoría en la que se encuadra lo que se pretende escrutar.
Hay otros mecanismos no reconocidos formalmente, pero igualmente eficaces para conocer el sentir de la mayoría del pueblo. Son los estudios demoscópicos, entre los que destacan los sondeos y las encuestas. Prácticamente todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan sus propias mediciones antes de tomar una decisión.
Quien pregunta no se equivoca y, si está vedada la opción de la consulta popular, queda la alternativa de sondear a las y los habitantes. Y eso hará el Ejecutivo federal, para evidenciar que la iniciativa sobre la GN no es un capricho personal ni un desplante autoritario, sino una demanda muy sentida de la sociedad, con amplia raigambre popular.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
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El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.
Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).
En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.
Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).
Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.
