Municipios Puebla

Siete meses ha estado acéfalo el Sindicato de Burócratas y se ha logrado que, por fin, el próximo jueves este convocada una asamblea general de la organización, que solicitó el 30 por ciento de las bases trabajadora, para designar una nueva directiva gremial. Sin embargo, ese esfuerzo colectivo se podría venir abajo debido a la obsesión de no querer ceder el poder de la anterior líder Virginia Socorro Meza Cruz –que representa uno de los últimos reductos morenovallistas–, que estaría echando mano de grupos de choque para intentar reventar la reunión de mañana.

Ante el riesgo de un estallido de violencia, se sabe que se ha dispuesto de siete células de la Policía Estatal que vigilarán el encuentro. Además de que está convocada una notaria púbica, un juez calificador y personal del Sistema Estatal de Protección Civil para ofrecer garantías de seguridad y dar fe de la legalidad de la asamblea.

En los últimos días se ha generado una campaña de amenazas violentas contra la líder del Movimiento por la Democracia, Martha Rodríguez Salinas, quien ha encabezado la lucha para que se elija por la vía del voto una nueva dirigencia, luego de que la anterior secretaria general, Virginia Meza Cruz, la impuso –en el año 2017— el entonces gobernador José Antonio Gali Fayad, sin tomar en cuenta el sentir de las bases gremiales de los poderes públicos del estado.

Se sabe que no son simples amenazas. En algunos mercados de la ciudad de Puebla se ha estado reclutando a grupos de golpeadores para intentar violentar la asamblea de este jueves.

La estrategia es que –a los golpeadores– se les buscará hacer pasar por trabajadores y una vez que estén en la sesión, fingiendo inconformidad con el resultado de la votación de los agremiados, intentarían generar enfrentamientos.

No es la primera vez que se utiliza a esos grupos de choque. En diciembre pasado fueron usados en un intento de fraude electoral.

A finales del año pasado, estaba convocado el proceso de renovación del sindicato, pues por estatutos el periodo de Virginia Socorro Meza Cruz fenecía el 31 de diciembre de 2021, sin ninguna posibilidad de una ampliación.

Sin embargo, la dirigente para evitar perder el poder sindical hizo que se eligiera un Comité Electoral que manejaba su grupo político y a su vez, este órgano descalificó a las planillas opositoras.

Esas anomalías fueron sancionadas por el Tribunal de Arbitraje, que ordenó desintegrar el Comité Electoral y se designara un nuevo órgano, en el que se respetara el voto de los trabajadores, que no había ocurrido en la ocasión anterior.

Eso significaba posponer los comicios internos del sindicato hasta 2022, una situación a la que se negó rotundamente Meza Cruz.

En abierta rebeldía al Tribunal de Arbitraje, la secretaría general saliente convocó a una votación a mediados de diciembre del año pasado, faltando un par de días para que iniciara el periodo vacacional, en la cual ganó Jhovany Oliver Gallo, quien es incondicional de Virginia Meza Cruz.

Lo relevante o mejor dicho lo cuestionable de esa votación, es que hubo un abierto rechazo de la mayoría de los 3 mil 200 afiliados a participar en una elección ilegitima y que era convocada por la dirigente saliente, quien perdió toda capacidad de convocatoria y de liderazgo.

La votación de ese diciembre fue de baja participación, por el evidente rechazo de participar de la mayor parte de los trabajadores de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.

Quienes realmente nutrieron la participación fueron personajes que no son parte del sindicato y que habrían sido contratados en varios mercados populares de la capital para ir a sufragar, utilizando –al parecer– credenciales apócrifas de la organización.

Al final esa votación fue invalidada por las autoridades laborales y se le negó la toma de nota a Jhovany Oliver.

Ahora se quiere volver a utilizar la misma estrategia de contratar a grupos de choque para evitar que los burócratas elijan libremente a sus líderes sindicales.

Las maniobras violentas y tramposas del grupo político de Virginia Socorro Meza Cruz tienen todo el sello del morenovallismo. Sólo que ahora esa corriente política ya no existe y no controla al aparato oficial, que antes vulneró los derechos sindicales de los burócratas estatales.