Más allá de las guerras que se han presenciado recientemente en el ámbito legislativo, existen otras que merecen ser atendidas respecto al Litio y el futuro de México.
Señala el Servicio Geológico Mexicano que hay yacimientos de litio en unos 18 estados del país: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Y, las entidades que muestran notorio avance en la exploración de yacimientos, son: San Luis Potosí, Zacatecas y Sonora, de acuerdo a la Secretaría de Economía.
Los expertos señalan que, entre los proyectos más grandes del mundo, se encuentra el caso de Sonora, con una primera etapa de explotación que se estima en 17 mil 500 toneladas por año y una segunda de 35 mil.
Considerando que alrededor del 40 por ciento de la aplicación que se le da al litio en México, es la fabricación de baterías, así como a la cerámica y vidrio, en un 30 por ciento, puede entenderse que el horizonte es promisorio para otros productos.
Con todo, hay que pensar que la delincuencia organizada tiene intereses en todas las entidades federativas que ostentan posibles yacimientos; de todos ellos, el de Sonora es preocupante, pues ahí hay una guerra sorda entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Habrá que estar pendientes de San Luis Potosí y Zacatecas, siendo este último un estado que no encuentra descanso por los graves problemas que acusa respecto al proceder de CJNG y sus enemigos.
El interés de la delincuencia organizada en la minería es obvio, ya que cobra piso en cada yacimiento y, por si fuera poco, pellizca una parte de lo producido para exportarlo y quedarse con una ganancia significativa.
En años pasados, “La Familia Michoacana” se hizo de docenas de millones de dólares con la exportación ilegal que hizo del acero hacia China.
La amenaza ahí está.
La minería es una industria prometedora pero también trae compañeros de ruta muy complicados. La contaminación al medio ambiente, la agresión a los ecosistemas y la delincuencia organizada son los más importantes.
Puede pensarse entonces que tras la bonanza de los minerales viene aparejada la pesadilla combinada de una doble agresión, a la naturaleza y a los habitantes de aquellos lugares en donde se desata la cadena productiva de los yacimientos.
“La Familia Michoacana” ya enseñó lo que puede hacer la voracidad criminal en una entidad como Michoacán.
No hay que perder de vista que, ante la debilidad institucional, los criminales acechan, buscando dominar cada poro de nuestro país.
De las anécdotas que se cuentan
En el puerto de Acapulco, famoso por su alcaldesa que ha cimentado notables teorías que establecen a la fritanga como un detonador de las conductas violentas en los seres humanos, se supo de una intoxicación de dos estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional de México (ITNM), por consumir panqués elaborados con marihuana.
Los jóvenes compraron estos panecillos a algún compañero del Instituto y los devoraron. En cuestión de minutos comenzaron a enfermarse y un grupo de paramédicos acudió en su auxilio. El diagnóstico informó de la intoxicación por marihuana.
En las redes sociales, padres de familia, alumnos, maestros y hasta exalumnos comentaron que era de uso la venta de esta clase de panes entre la comunidad estudiantil y que son numerosos los consumidores que han terminado en el hospital o al menos, atendidos por la intoxicación severa que les ha generado el producto en cuestión.
Los expertos dicen que hay varios problemas en esa clase de panes, primero, la clase de marihuana empleada en el producto; segundo, el que probablemente se le agreguen otras sustancias para potencializar el efecto del cannabis y tercero, la condición física de cada cliente, un enigma por lo demás.
Es particularmente complicado el tema de la condición física de cada joven que consume estos panes. Dependiendo del organismo, lo que en algunos no generará algo más que los efectos usuales de ese narcótico, puede producir una verdadera avalancha de males en otros.
Todo lo anterior lleva a pensar dos puntos complementarios, una conducta errática por parte de las autoridades escolares para combatir la venta de esta clase de productos y, la ausencia de supervisión apropiada por parte de los padres de familia.
El tema no es menor y pone sobre la mesa, la manera en que, como sociedad, prevenimos adicciones más allá del discurso políticamente correcto.
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