En 20 días se destraba la elección del sindicato de burócratas
En el ya muy prolongado conflicto que ha dejado sin representación sindical a los trabajadores de los poderes públicos del estado de Puebla, empieza a haber una luz al final del túnel al surgir la posibilidad de que, en un periodo de unos 40 días, se pueda elegir una nueva dirigencia gremial y lo que es más importante, se concrete la salida del grupo morenovallista que controla –sin el apoyo del grueso de los trabajadores— a la organización laboral.
Ayer se dio el golpe más duro y contundente al grupo morenovallista que encabeza Virginia Socorro Meza Cruz, ya que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla le negó la toma de nota al Comité Ejecutivo, que es encabezado por Jhovany Oliver Gallo, quien contraviniendo disposiciones l de la autoridad en la materia fue electo en una votación ilegal que se realizó el 15 de diciembre del año pasado.
En diciembre, el Tribunal de Arbitraje determinó que era ilegal el Comité Electoral que organizaba la renovación del Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismo Descentralizados, por lo que ordenó volver a seleccionar al árbitro de la contienda. En esa ocasión Virginia Meza desacató la sentencia y ordenó las votaciones, mismas que fueron ganadas por Jhovany Oliver, en medio de denuncias de que sufragaron personas ajenas al gremio.
Esa actitud se explica porque Virginia Meza Cruz terminó su mandato de dirigente totalmente asilada de la base trabajadora, como consecuencia de que fue impuesta en el cargo cuando era gobernador José Antonio Gali Fayad, en un proceso electoral en el que no se dejó sufragar a los burócratas.
La única oportunidad que tenía la facción morenovallista de ganar la última renovación sindical era con trampas jurídicas y una votación en la que no participaran la mayoría de los trabajadores. Ese proyecto se vino abajo.
Mediante un resolutivo que firmaron José Blas Abraham Sánchez Serrano, Juan Carlos Lezama Beristaín y Ubaldo Arenas Hernández, quienes son el presidente, magistrado y secretario general del Tribunal de Arbitraje, respectivamente, se estableció como rotundamente improcedente la solicitud –que presentó Virginia Meza Cruz—para que se le otorgara la toma de nota al Comité Ejecutivo encabezado por Jhonavy Oliver Gallo, quien pretendía ser la continuidad de la dirigencia saliente del sindicato.
La próxima semana, ha trascendido, también se emitirá un fallo judicial del ámbito federal, en los mismos términos del Tribunal de Arbitraje, que no reconocer la validez del proceso electoral de diciembre anterior.
Con ello, en 20 días se podrá convocar a una asamblea general del gremio para elegir a una dirigencia sindical provisional.
La a representación provisional tendrá el propósito central de convocar, en un plazo máximo de 20 días, a una nueva elección de una dirigencia gremial para el periodo que va del presente año y hasta 2025.
Para nadie es un secreto que la facción de Virginia Socorro Meza Cruz ya no gana votación alguna. Por eso en los últimos tres años nunca convocó a una asamblea general porque sabía que perdía cualquier proceso interno.
Los burócratas están agraviados por la actitud de su ex dirigente de haber sido condescendiente con el autoritarismo morenovallista que llevó al despido de miles de trabajadores.
Frente a ese descrédito, la única opción que tenía la ex dirigente era contar con un órgano electoral controlado por ella, que a su vez esta instancia descalificara a los candidatos que representaban a la disidencia sindical y que la votación para designar al nuevo secretario general, se hiciera sin la participación de la mayoría de los agremiados.
Todas esas condiciones las llevó a la práctica la facción de Meza Cruz, pero se topó con la determinación de la autoridad laboral de no ser cómplice con ese esquema de fraude electoral.
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