La soberbia nunca es buena consejera
La postura del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de rechazar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras la queja que promovió el exsecretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui, podría tener consecuencias hasta ahora insospechadas y de enorme desgaste político para su investidura.
Sobre todo si, como se especula, el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, habría aceptado parcialmente las recomendaciones de la Ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra, a diferencia del mandatario estatal.
Esta sería incluso la verdadera razón de la ausencia de Romero Serrano en el acto efectuado ayer en el Salón Analco del Centro de Convenciones, donde se presentó la Política Estatal Anticorrupción de la administración barbosista.
Trasciende que el auditor se asesoró de expertos en la materia, y que estos le habrían aconsejado aceptar la recomendación de la CNDH para atenuar las sanciones y faltas administrativas que se le vendrán por las acusaciones de corrupción y desvío de recursos que hizo en contra de Aguilar Chedraui sin comprobárselas, y por las cuales fue instruido a pagar una compensación justa y suficiente como reparación del daño causado al exsecretario de Salud.
Romero Serrano sabe que su salida de la Auditoría Superior del Estado (ASE) es inminente, pero también que las consecuencias de incumplir las recomendaciones de la CNDH podrían ser peores.
Si esta versión se confirmara, la posición del gobernador Barbosa frente a la CNDH estaría muy comprometida, al grado de que no sería raro que la presidenta del organismo solicitara al Senado de la República que éste fuera convocado a comparecer para explicar los motivos de su negativa.
Se imagina este escenario, que pondría al Ejecutivo estatal en el ojo del huracán político por su soberbia, estilo autoritario de gobernar y por su desacato a las leyes e instituciones nacionales.
Esta no sería la primera vez que la CNDH pide al Senado la comparencia de un servidor público de alto rango por incumplir o desacatar las recomendaciones en materia de derechos humanos.
El secretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, tuvo que hacerlo en noviembre de 2012 por rechazar tres recomendaciones e incumplir una más, todas ellas relacionadas con la actuación de la Policía Federal (PF) en diferentes estados del país.
En el hipotético caso de que Barbosa fuera llamado a comparecer ante la Cámara Alta, se convertiría en el primer gobernador en hacerlo, lo que sentaría un precedente que fortalecería la autoridad moral de la CNDH y desgastaría la ya de por sí mermada imagen e investidura del Ejecutivo estatal.
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