Biden y la economía

Paquetes económicos de la administración Biden: del rescate a la inversión a largo plazo

Hasta el momento, dos grandes iniciativas han enmarcado las decisiones de la administración del presidente Joe Biden en materia económica: el plan de rescate de 1.9 billones de dólares (American Rescue Plan)[1] y los más de 2 billones de dólares del paquete de infraestructura propuesto apenas el miércoles pasado (American Jobs Plan).[2]

El primero es una respuesta inmediata a los retos derivados de la pandemia, y está dirigido a la población más vulnerable. El segundo es un plan para el largo plazo, con diferentes propósitos: asegurar el liderazgo económico a nivel global, aumentar la competitividad y lograr la transición a energías renovables. Este proyecto incluye además una serie de medidas fiscales previstas para cubrir los costos del plan de infraestructura.

El paquete de rescate se aprobó en marzo de 2020[3] sin un solo voto a favor del Partido Republicano, en gran medida, como consecuencia de la práctica del obstruccionismo o filibuster, que requiere de 60 votos para finalizar el debate de una iniciativa antes de votarla. Se aprobó a través de la “reconciliación presupuestaria”, una herramienta que facilita la aprobación de legislación que afecta ingresos o gastos.

Si bien inicialmente se hizo un llamado al bipartidismo, Joe Biden dejó en claro que, si tenía que escoger entre ayudar a sus connacionales en problemas o empantanarse entre negociaciones y compromisos, la decisión era sencilla: “apoyar a la población estadounidense que está sufriendo”.[4]

Con el plan de rescate se otorgan recursos para financiar pruebas de COVID-19, rastrear casos, apoyar la fuerza laboral de salud y distribuir vacunas. Se autoriza la emisión de cheques por 1,400 dólares a millones de estadounidenses, elegibles de acuerdo con su nivel de ingreso, y se prevé el otorgamiento de un crédito tributario anual de entre 3,000 y 3,600 dólares por cada hijo o hija, dependiendo de su edad.

 

 

Asimismo, se autoriza la emisión de pagos de 300 dólares semanales para personas sin trabajo y se extiende el periodo del programa de ayuda para el desempleo hasta septiembre de este año, además de que se aprobó la expansión del Crédito Tributario por Retención de Empleados. El paquete de rescate también incluye 350,000 millones de dólares para los gobiernos locales y 130,000 millones para la reapertura de escuelas, entre otras medidas.

Antes de la aprobación del paquete, algunas encuestas reportaban apoyo al plan por parte de la sociedad, tanto de quienes tienen preferencias demócratas como de personas con inclinaciones republicanas. Curiosamente, después de haber sido avalada —de acuerdo con una nueva encuesta de Vox y Data for Progress, aplicada entre posibles votantes—, un tercio de las personas con tendencias republicanas respondieron convencidas que el paquete de rescate tuvo apoyo bipartidista, aun cuando no recibió un solo voto republicano.[5]

El plan en materia de infraestructura se presentó apenas el 31 de marzo y prevé modernizar 20,000 millas de autopistas, caminos y calles principales; arreglar puentes, priorizando los más significativos para la economía; reemplazar camiones y reparar estaciones y aeropuertos, y expandir el tren a nuevas comunidades. También contempla asegurar la entrega de agua potable a la población, renovar la red eléctrica y proveer el servicio de banda ancha de alta velocidad, que incluirá a más del 35 por ciento de estadounidenses en zonas rurales que no tienen acceso adecuado.[6]

Además, el plan pretende preservar y acondicionar casas y edificios comerciales, modernizar escuelas e instalaciones de cuidado infantil y mejorar los hospitales de veteranos y los edificios federales. Propone, igualmente, invertir en la infraestructura para la economía del cuidado y crear mejores empleos en este sector; revitalizar la manufactura y asegurar las cadenas de valor estadounidenses, así como una importante inversión en investigación y desarrollo, y presupuesto para capacitar a la población para los trabajos del futuro.

El compromiso con el combate al cambio climático se plasma a lo largo de toda la iniciativa. Entre las principales medidas se encuentran los 100,000 millones de dólares en programas para actualizar y modernizar la red eléctrica, además de la construcción de más líneas de transmisión que conecten plantas eólicas y solares con grandes ciudades, y los programas que impulsen los vehículos eléctricos y las inversiones en infraestructura resiliente. También incluye la propuesta de crear un “Estándar de Electricidad Limpia”, que contemple como requisito que cierta proporción de la electricidad generada provenga de fuentes alternativas con emisión cero. Y en atención a la preocupación de la pérdida de empleos, también prevé presupuesto para facilitar la transición de quienes actualmente trabajan en la industria de combustibles fósiles.

 

 

Joe Biden ha señalado que este plan es “la inversión en empleos para estadounidenses más grande desde la Segunda Guerra Mundial”, y se identifica un interés particular en lograr apoyo bipartidista en este esfuerzo: “El debate es bienvenido. El compromiso es inevitable. Los cambios son seguros”, aseguró el mandatario, pero agregó que lo único que no es admisible es la inacción.[7] El plan de gasto tomará lugar a lo largo de ocho años y, con el incremento en los impuestos corporativos que acompaña al plan de infraestructura, el costo se compensaría en 15 años, lo que eventualmente reduciría el déficit presupuestal.

El proyecto se financiará con el plan tributario “Hecho en América” (Made in America Tax Plan), que esencialmente se refiere a una revisión de los impuestos a las empresas, con la finalidad de que, de acuerdo con la Casa Blanca, se incentive la creación de empleo y la inversión en los Estados Unidos, que se detenga la transferencia de ganancias a países de baja tributación y que las empresas paguen la parte que les corresponde.

Específicamente, este plan prevé incrementar la tasa de impuestos corporativos del 21 al 28 por ciento, lo que revertiría hasta cierto grado el corte firmado por el expresidente Donald Trump del 35 al 21 por ciento.[8] Cabe precisar que entre 2018 y 2019, según reporta El País, los ingresos federales por este tributo cayeron a la mitad (el 1 por ciento del Producto Interno Bruto), cuando, en promedio, entre los países de la OCDE el porcentaje fue de entre el 2.9 y el 3.1.[9]

Entre otras medidas, se propone eliminar las provisiones que permitían a las compañías no pagar impuestos en el primer 10 por ciento de retorno, cuando se localizaran en otros países, y se incluyen una serie de reformas que impactan en la deducción de gastos por la deslocalización de puestos de trabajo, y un crédito fiscal para apoyar la reubicación de empleos dentro de las fronteras nacionales.

El plan de impuestos contempla, adicionalmente, reformar la manera en que se promovían la investigación y el desarrollo, eliminando la ley aprobada por Trump, que daba incentivos tributarios trasladando activos, y en la propuesta establece que el ingreso que se colecte por eliminar esta ley se utilizará para expandir los incentivos de desarrollo e investigación. De aprobarse, el plan prevé un impuesto mínimo (del 15 por ciento) sobre los beneficios después de impuestos declarados en las cuentas de resultados consolidadas. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, esto aplicaría en alrededor de 45 compañías con ganancias superiores a los 2,000 millones de dólares netos.[10]

 

 

Finalmente, el plan también prevé eliminar preferencias fiscales para la industria de combustibles fósiles y asegurar que las empresas contaminantes paguen los costos de limpieza medioambiental. Como medida transversal, pretende fortalecer la aplicación de la ley sobre las corporaciones y evitar que tomen ventajas de las lagunas que existían en materia fiscal o de la falta de auditoría.

En el texto se incluye la intención de incentivar que otros países adopten impuestos mínimos fuertes sobre las corporaciones, para que las compañías extranjeras no estén en posición de superioridad y para que otros países no traten de tener una ventaja competitiva, al servir como paraísos fiscales. En este sentido, Janet Yellen, secretaría del Departamento del Tesoro, mencionó el pasado 5 de abril que impulsará en el G20 un impuesto global a la renta empresarial, para asegurar que “la economía prospere sobre la base de una mayor igualdad de condiciones de tributación para las empresas multinacionales y que se impulse la innovación, el crecimiento y la prosperidad”.[11]

Apenas este 8 de abril, en la reunión de ministros de finanzas del G20, se comenzó a explorar un impuesto global mínimo en ganancias corporativas. Alemania y Francia mostraron apoyo al enfoque estadounidense y a poner fin a la “carrera mundial hacia una tributación más baja”, como indicó el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz.[12] 

 

 

Las reacciones republicanas, e incluso demócratas, no se dejaron esperar. El senador republicano por Kentucky y líder de la minoría Mitch McConnell ya expresó que el plan del presidente Biden no tendrá apoyo de su lado, y agregó que dará batalla ante cada paso demócrata.[13] Para el Partido Republicano, el plan de incremento de impuestos a las empresas hará a las multinacionales menos competitivas. Trump calificó la iniciativa de “capitulación económica total”, y anticipó que representaría “un gran regalo [para China]”.[14]

Por su parte, la congresista demócrata por el estado de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez declaró que el plan de infraestructura no es suficiente, considerando que se trata de un gasto de alrededor de 2 billones a lo largo de 10 años, comparado con el paquete de rescate, que asciende a 1.9 billones de dólares sólo para este año.[15]

Desde la Casa Blanca se mantienen los llamados a negociar y los esfuerzos para involucrar al Congreso en los detalles del plan, incluida particularmente la manera de costearlo, pero incluso si se opta por la reconciliación presupuestaria, habrá que negociar al interior del ala demócrata del Congreso. Fuera de éste, también se enfrentará oposición, ya se reporta que la Cámara de Comercio de Estados Unidos está en desacuerdo con la iniciativa: “Nos oponemos ferozmente a los aumentos de impuestos propuestos, que frenarán la recuperación económica y harán que Estados Unidos sea menos competitivo en el escenario internacional, exactamente lo contrario de los objetivos de este plan”.[16] Sin embargo, se ha reportado que Jeff Bezos, fundador de Amazon, apoya el aumento de impuestos a las empresas.[17]

La negociación de este segundo paquete apenas empieza. Se sabe de múltiples reuniones en la Casa Blanca para convenir los términos de este paquete, pero la posibilidad de utilizar la reconciliación presupuestaria para aprobar esta iniciativa se fortalece.

 

ricardomonreala@yahoo.com.mx

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA

 

Fuentes:

[1] The White House. “President Biden Announces American Rescue Plan”. 21 de enero de 2021. https://bit.ly/2RnkY0l

[2] The White House. “FACT SHEET: The American Jobs Plan”. 31 de marzo de 2021. https://bit.ly/3fVhsnY

[3] Zurcher, A. “Three reasons Biden’s Covid bill is a big deal”. BBC News. 11 de marzo de 2021. https://bbc.in/3d1kuoJ

[4] The White House. “Remarks by President Biden on the State of the Economy and the Need for the American Rescue Plan”. 5 de febrero de 2021. https://bit.ly/3uwGxJW

[5] Zhou, L. “Poll: 31 percent of Republicans think their party backs the American Rescue Plan”. Voxhttps://bit.ly/3mxeg2Y

[6] The White House. “FACT SHEET: The American…”. Op. cit.

[7] Fedor, L., Politi, J. y Williams, A. (2021). “Biden open to compromise on plan to raise US corporate taxes”. Financial Times. 7 de abril de 2021. https://on.ft.com/3d14yCS

[8] Tankersley, J. y Cochrane, E. “Biden Wants to Pay for Infrastructure Plan With 15 Years of Corporate Taxes”. The New York Times. 30 de marzo de 2021. https://nyti.ms/2ReAcV3

[9] Sánchez, M. A. “Biden presenta una reforma fiscal para recaudar 2,5 billones de dólares”. El País. 7 de abril de 2021. https://bit.ly/3mH8dt7

[10] Fedor. Op. cit.

[11] DW. “Estados Unidos promoverá un impuesto global a la renta empresarial”. 5 de abril de 2021. https://bit.ly/2Rexr69

[12] Partington, R. “G20 takes step towards global minimum corporate tax rate”. The Guardian. 7 de abril de 2021. https://bit.ly/39RktBJ

[13] Pramuk, J. y Breuninger, K. “McConnell says GOP won’t support Biden’s infrastructure plan, vows to fight Democratic agenda”. CNBC. 1 de abril de 2021. https://cnb.cx/3sazncZ

[14] DW. “Biden propone plan de infraestructura para crear ‘millones de empleos’”. 31 de marzo de 2021.  https://bit.ly/3dJakbK

[15] Kurtzleben, D. “Ocasio-Cortez Sees Green New Deal Progress in Biden Plan, But ‘It’s Not Enough’”. NPR. 2 de abril de 2021. https://n.pr/31XWZqq

[16] DW. “Biden propone…”. Op.cit.

[17] Sánchez. Op.cit.

 

Anteriores

Ricardo Monreal

El doctor en Derecho, Ricardo Monreal Ávila, nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos.

Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En 1975 comienza su trayectoria política militando en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí ocupó varios cargos: fue coordinador nacional de la Defensa Jurídica del Voto en la Secretaría de elecciones de la dirigencia nacional; presidió el Comité Directivo Estatal de Zacatecas y, posteriormente, fue secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina. En éste periodo de militancia participó en el Congreso de la Unión, fue diputado federal dos veces (1988-1991 y 1997-1998) y llegó al puesto de senador (1991-1997).

En 1998, Monreal Ávila abandona al PRI para unirse a las filas del PRD y contender, ese mismo año, a la gobernación del estado de Zacatecas.

Fue diputado federal en tres periodos: de 1988 a 1991 y de 1997 a 1998 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y entre 2012 y 2015 por Movimiento Ciudadano y por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Cumplió labores como senador en dos periodos, de 1991 a 1997 y de 2006 a 2012 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el  Partido del Trabajo (PT).

Ahora por tercera ocasión es Senador de la República y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.