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A lo largo de 11 años, prácticamente Mario Marín y Kamel Nacif se consideraron “enemigos” por haber chocado en la disputa de 30 hectáreas de la Reserva Territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl.

Se dice que, en el año de 1994, siendo Mario Marín subsecretario de Gobernación, en las oficinas de la antigua sede del Poder Ejecutivo –ubicadas en la avenida Reforma de la ciudad de Puebla— hubo una fuerte discusión del político priista con Kamel Nacif, en donde el primero le exigía al segundo que regresara un enorme predio que había adquirido ilegalmente.

El empresario, conocido en ese entonces como “el rey de la mezclilla”, enfureció y advirtió de manera tajante que nadie lo obligaría a regresar ese terreno, por el que había pagado varios millones de pesos. Tras advertir que lo protegían personajes de mucho poder político y religioso, se dice que el industrial abandonó las oficinas oficiales, tras embestir a Mario Marín y provocar que cayera derribado sobre un sillón.

Por eso en los siguientes años no hubo ningún trato amistoso entre ambos, pese a que Kamel Nacif buscó en varias ocasiones mejorar su relación con Marín.

Ese distanciamiento duró hasta que, a mediados de 2005, ya siendo Marín gobernador de Puebla, su entonces director de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán, lo llevó a una fiesta privada de Antonio Chedraoui Tannous, quien era el arzobispo metropolitano de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. Un hombre que aparte de ser líder religioso, era la cabeza de un grupo de empresarios a los que llamaban la “mafia libanesa”, entre los que figuraba Kamel Nacif.

Mario Marín tenía la peculiaridad de ser un hombre que nunca ocultó la marginación social y económica en que vivió durante su niñez y adolescencia. Como político era un personaje que conectaba con las clases populares y cuando escaló a la cima del poder político planteaba encabezar un gobierno que redujera la desigualdad social que él mismo sufrió.

El problema de ese compromiso con los pobres es que se le olvidaba a Marín cuando interactuaba con la gente de poder económico y buscaba siempre quedar bien con ese reducido sector elitista. Por eso, cuando conoció al obispo Chedraoui aceptó todas las peticiones que le hizo el clérigo, que eran: que se reconciliara con Kamel Nacif y lo ayudara en su venganza contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien había desnudado cómo miembros de la llamada “mafia libanesa” protegían una red de pederastia, que encabezaba el empresario Jean Succar Kuri, quien recientemente falleció.

Esa corta amistad con Kamel Nacif le costó todo a Mario Marín. Aceptó vengarse de Lydia Cacho y ahora se encuentra privado de su libertad por ese abuso. Ya purgó tres años de cárcel y a partir de esta semana está en prisión domiciliaria.

La historia del terreno que enfrentó a Marín y Nacif

En su penúltimo año de gestión, en 1991, el entonces gobernador de Puebla, el priista Mariano Piña Olaya, emprendió un Programa de Reordenamiento Urbano de la capital del estado, que implicó la expropiación de mil 84 hectáreas de los ejidos de San Bernardino Tlaxcalancingo, La Trinidad Chautenco, así como de San Andrés y San Pedro Cholula.

El 28 de mayo de 1992, el Fondo Nacional de Fomento Ejidal empezó a indemnizar a los colonos y labriegos afectados por la expropiación. Como siempre ocurre, el metro cuadrado fue liquidado en unos cuantos pesos. Hasta ahí todo caminaba bien, ya que de acuerdo con el discurso oficial, las mil 84 hectáreas en cuestión servirían para regular un ordenado crecimiento urbano de la capital.

Sin embargo, un mes después, el 4 de junio de 1992, con el mayor sigilo, los diputados de la 51 Legislatura local aprobaron un decreto por el cual se autorizaba al gobernador a enajenar, vender, donar o traspasar las mil 84 hectáreas expropiadas.

En términos reales, era una especie de licencia para que el gobernador pudiera vender al mejor postor los predios. Lo que significaba tirar a la basura el supuesto programa de reordenamiento urbano.

Así ocurrió. Varios empresarios vinculados al gobierno estatal, al PRI o el círculo de amistades de Mariano Piña Olaya compraron la mayor parte de las mil 84 hectáreas, que proyectaban para construir fraccionamientos, plazas comerciales y sobre todo, para especular con el precio los terrenos e incrementar hasta cinco veces el valor de las tierras y después, venderlas a otros inversionistas.

Entre los compradores figuraba Kamel Nacif Borge, con 30 hectáreas. Para ese entonces el empresario era famoso por sus fábricas de mezclilla, por ser un asiduo jugador en Las Vegas, Nevada, y por financiar campañas electorales del PRI, además de ser un protegido del obispo Chedraoui.

El gobierno de Piña Olaya cometió un error mayúsculo: nunca elaboró un Plan de Usos y Destinos que marcaba la Ley de Asentamientos Humanos. Era un ordenamiento fundamental para poder vender los terrenos expropiados.

Al no contarse con ese documento, el entonces secretario de Desarrollo Social federal, Luis Donaldo Colosio Murrieta, nunca entregó al gobierno de Puebla las mil 84 hectáreas. Esa medida se dio porque ya había estallado el escándalo de que los predios de manera ilegal se habían vendido a los empresarios “amigos” del gobernador Piña Olaya.

Cuando Manuel Bartlett Díaz llegó al cargo de gobernador de Puebla decidió frenar el abuso del piñaolayismo, por lo que el 16 de agosto de 1994 el Congreso dejó sin efecto el decreto del 4 de junio de 1992, que permitía vender los terrenos expropiados. En contraparte, se creó la Reserva Territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl con las mil 84 hectáreas, pero ahora sí bajo un ordenamiento urbano.

Bartlett personalmente llamó a todos los empresarios que habían comprado los terrenos del escándalo.

A cada uno el entonces gobernador les dio tres minutos de audiencia. Solamente les comunicó que debían pasar a la Secretaría de Finanzas a que les devolvieran el dinero que oficialmente habían pagado por los predios.

En esa restitución no se recuperaron los sobornos que los empresarios involucrados habían entregado a funcionarios piñaolayistas para que les permitieran adquirir alguna de las porciones de la enorme extensión expropiada sobre la que ahora está la llamada Zona Angelópolis.

Todos los empresarios, a regañadientes, aceptaron pasar a Finanzas por el dinero que pagaron y luego, regresaron la tierras.

Solamente hubo un empresario que se resistió: Kamel Nacif Borge, quien decía tener la protección del gobierno del presiente Carlos Salinas de Gortari y de Antonio Chedraoui Tannous.

Ante esa oposición, Bartlett le encargó a su subsecretario de Gobernación, Mario Marín Torres, dialogar con Nacif y obligarlo a acatar la disposición de renunciar a la posesión de las hectáreas que tenía en el área de conflicto.

La respuesta de “el rey de la mezclilla” fue que no aceptaba el trato y selló su negativa con el incidente del derribo de Mario Marín Torres.

Semanas más tarde del acto de violencia en contra de Marín, el periodista de Televisa Jacobo Zabludovsky daba la exclusiva: en Las Vegas, Estados Unidos, había sido detenido al afamado empresario textil Kamel Nacif Borge en respuesta a una petición de extradición a México porque tenía cargos de evasión fiscal.

Dicen lo enterados que Nacif aceptó devolver los terrenos de Puebla y entonces le retiraron los cargos fiscales. Así se resolvió el conflicto de las 30 hectáreas.

 

clh