El caso de detención, tortura y abuso sexual en contra de dos reporteras de Izúcar de Matamoros en marzo de 2020 está por convertirse en una caja de Pandora que ponga a la luz la componenda del poder en todos sus niveles para confabular contra dos informadoras, paradójicamente en el contexto del Día Internacional de la Mujer.
Información disponible en poder de Parabolica.mx evidencia que la Comisión Estatal de Derechos Humanos junto con su presidente, Félix Cerezo Vélez fueron puestos bajo el escrutinio y multados por obstruir la justicia cuando negó información relacionada con la queja interpuesta por Michelle y Natalie Hoyos López, las reporteras que fueron abusadas por el gobierno de Irene Olea, la edil de ese municipio enclavado en la Mixteca.
La sanción que deberá hacer efectiva el Servicio de Administración Tributaria por un monto menor a 11 mil pesos no es más que la extensión de una cadena de complicidades que van de las autoridades ministeriales en la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y hasta de algunos de los periodistas más influyentes para soslayar el abuso del gobierno de la impresentable edil, llevada a ese cargo bajo las siglas de Morena.
El monto de la sanción resultará irrisorio para una institución que dispone de dinero público, pero deberá ser tomado como un símbolo de oprobio porque se trata de una sanción para quien debió velar por las garantías de dos jóvenes reporteras a quienes se les atropelló con prepotencia.
Invisibilizar el caso de la aprehensión, privación ilegal, acoso y abuso sexual en Puebla ya trajo consecuencias en el ámbito federal. Michelle Hoyos López había dicho en una entrevista en el programa #ElAlmuerzo a mediados de julio que junto a su hermana habían decidido ir a instancias federales cuando en su estado encontraron todas las ventanillas cerradas.
Las evidencias del episodio aquel en Izúcar de Matamoros son abundantes: las ofensas, los golpes, el encierro; pero también el abuso a la intimidad, la exploración lasciva en la intimidad y las amenazas de muerte. Digno de los peores tiempos de la Guerra Fría, en la década de los ’70.
Entre amistades y familia saben que aún con medidas cautelares, la seguridad personal de las víctimas del gobierno municipal está en riesgo. Ahí está el caso de María del Socorro Barrera Sánchez, una ex trabajadora del ayuntamiento que fue echada del empleo cuando se resistió a validar un expediente exculpatorio de Olea y luego ejecutada por un sicario.
La ejecución de la ex servidora pública que laboró en Área de Atención a Víctimas del Delito no sólo obedeció a la necesidad de acallar a quien poseía información clave de la actuación de la presidenta municipal que con su frustrada reelección, buscaba perpetuar la protección e impunidad de la que dispuso… Hasta que el caso llegó a la mañanera de Andrés Manuel López Obrador.
La multa es ya la primera en la historia de la creación de las oficinas ombusperson en México, y en consecuencia, una vergüenza nacional.
La historia del abuso en contra de las dos reporteras es ya un referente para quien se encuentro en la misma tesitura. El camino para llegar a la justicia cuando se es víctima del poder está trazado y Natalie y Michelle Hoyos han dado el ejemplo de cómo desmontar el pacto patriarcal y la componenda que busca regatear derechos legítimos.
@FerMaldonadoMX
