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Luego de un largo y desgastante conflicto de casi dos años, por fin está a la vuelta de la esquina una posible solución a la falta de dirigencia del sindicato de burócratas, que ha provocado a lo largo del último bienio que los trabajadores de los poderes públicos de Puebla no hayan tenido una revisión salarial. Se espera que entre la presente y la próxima semana el Tribunal de Arbitraje del estado emita una resolución, que todo indica, podría ser la salida definitiva a esta prolongada pugna entre dos corrientes gremiales.

Todo inició en diciembre de 2021, cuando la entonces dirigente sindical Virginia Socorro Meza, quien años atrás fui impuesta por el morenovallismo, intentó renovar el comité ejecutivo de la organización gremial, pero de manera fraudulenta, dejando fuera a la corriente Movimiento por la Democracia, encabezado por Martha Rodríguez Salinas, que era la única disidencia y había pugnado por la democratización de la organización.

En aquella fecha se convocó a una asamblea para elegir al Comité Electoral del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados, pero el Tribunal de Arbitraje declaró invalida esa reunión; que además, los trabajadores calificaron de fraudulenta porque nunca se contaron los votos de los asistentes de manera certificada.

A partir de ese momento las dos principales corrientes internas del sindicato, la de Virginia Meza y la de Martha Rodríguez, iniciaron una enconada pugna por el control de la agrupación, que hasta la fecha sigue vigente y ha impedido que los burócratas tengan una representación legal que pueda exigir al gobierno del estado la defensa de los derechos laborales.

Martha Salinas tomó la ruta de recurrir a las vías jurídicas para intentar combatir el fraude electoral en el sindicato.

Virginia Meza ignoró al Tribunal de Arbitraje, hizo su propia elección, misma que ganó uno de sus incondicionales, Jhovani Oliver Gallo, quien sigue luchando porque se le reconozca como secretario general, pese a que en marzo de 2022 fue despedido como trabajador del gobierno del estado y en mayo del mismo año, presentó una demanda laboral contra el Poder Ejecutivo exigiendo su reinstalación, misma que no ha logrado.

Lo que ha pasado con el Sindicato de los Burócratas es una muestra clara de lo tortuosa, injusta e ineficiente que es la justicia laboral en Puebla.

Movimiento por la Democracia no va a impugnar

Las dos posibles resoluciones que va a adoptar el Tribunal de Arbitraje son las siguientes:

Primera: que se ordene convocar a una asamblea general de los burócratas para que se retome el proceso electoral que no arrancó en diciembre de 2021. Eso llevaría a que en esa convención se elija a un Comité Electoral que organice una votación y las bases del gremio decidan a quien se le queda la dirigencia, a la corriente de Martha Rodríguez o de Virginia Meza.

Sin duda alguna, esta sería la salida más sana, apegada a la legalidad y que respetaría el derecho de los trabajadores de decidir que corriente política los debe de representar.

Además, quien resulte ganador tendría un importante margen de legitimidad y fuerza para presentar un pliego petitorio a las autoridades estatales en torno al rezago salarial del gremio.

Segunda: que el Tribunal de Arbitraje decida reconocer a Jhovani Oliver Gallo como secretario general del sindicato y le otorgue la toma de nota.

Si se diera este fallo, sería muy controvertido por varias razones, entre ellas que Jhovani Oliver actualmente no forma parte de la planta laboral del gobierno, está despedido. Entonces surge una pregunta: ¿Cómo puede alguien representar a los burócratas, sin ser parte del gremio?

Desde el punto de vista legal, el fallo podría impugnarse por una razón de peso que se estipula en el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se indica: “Los tribunales –laborales—no pueden revocar sus propias resoluciones”.

Y en este caso se tendría la siguiente argumentación: si el Tribunal de Arbitraje en diciembre de 2021 declaró invalido el proceso electoral por el cual fue designado Jhovani Oliver Gallo, no puede ahora echar abajo su resolución de hace un par de años, para dictar una nueva sentencia que va en contrasentido de la anterior.

Dicho de otra manera, no puede avalar ahora un proceso electoral que antes declaró ilegal.

Más allá de lo jurídico, sería la solución menos favorable, ya que Jhovani Oliver iniciaría su gestión sin legitimidad y con el rechazo de un sector importante de los trabajadores.

Lo relevante de que pudiera dictarse la segunda opción por el Tribunal de Arbitraje es que ha trascendido que, el Movimiento por la Democracia, acataría el fallo y ya no impugnaría.

En un acto de madurez de los líderes de Movimiento por la Democracia se habría llegado a la decisión de que, aunque se puede combatir el fallo de la autoridad laboral local, no le conviene a los trabajadores de los poderes públicos de Puebla seguir sin una representación sindical.

Sobre todo, cuando hay mucho malestar entre las bases por el aumento de la inflación y que no hay ninguna mejora salarial desde hace un par de años.

clh