Municipios Puebla

Cada vez hay más evidencias de que muchas de las grandes invasiones de bienes inmuebles en la zona metropolitana de Puebla parecería que están bajo protección oficial, razón por la cual no caminan los juicios que emprenden los agraviados o por el contrario, las autoridades ministeriales no acatan los resolutivos del Poder Judicial. Tal es el caso de la Fiscalía General del Estado (FGE) que, desde hace 16 meses, no hace caso a un fallo de un juez de control que ordenó la restitución de 400 hectáreas de la exhacienda de San José Zetina y ahora en junio, por enésima vez se negó a proceder sin argumentar absolutamente nada.

Incluso la FGE, que dirige Idamis Pastor Betancourt, ha quedado exhibida –de manera indirecta– por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla de que la fiscalía no hace nada para cumplir con el fallo judicial de retornar el predio en conflicto a sus propietarios originales, mismo que fue invadido hace más de dos años.

Por ahora no se sabe cuáles son los intereses obscuros de algunos funcionarios de la FGE para darle la espalda al resolutivo del juez, lo que hace sospechar que habría una protección desde adentro de la Fiscalía General del Estado a favor de grupos invasores de bienes inmuebles.

El 30 de mayo pasado, un juez de control les pidió a las instancias oficiales involucradas que informaran cuál es el avance en el cumplimiento del fallo judicial de restituir las 400 hectáreas invadidas –desde finales de 2022– que se ubican en la exhacienda de San José Zetina, en la junta auxiliar de Azumiatla, perteneciente al municipio de Puebla.

Sin embargo, en el documento oficial se advierte que corresponde al Ministerio Público establecer la fecha y hora para el operativo policiaco, lo cual no ha ocurrido.

En la parte final del oficio en cuestión se lee: “… se advierte que dicha autoridad ministerial no señala día y hora, para su cumplimiento, por lo que en ese sentido, esta unidad administrativa se encuentra a la espera para cumplimiento del auxilio solicitado”, indica Rodolfo Lira en el documento dirigido a Salvador Hernández Martínez, quien es el juez de control de la Región Judicial Centro.

¿Y que ocurrió al final? Se terminó el mes de junio y hay un silencio absoluto de la FGE para no explicar por qué no le hace caso al juez que ordenó reintegrar los terrenos de la Exhacienda San José Zetina.

La tercera no fue la vencida

Los motivos para sospechar que desde adentro de la FGE están protegiendo las invasiones de bienes inmuebles es que, en el caso de la exhacienda de San José Zetina, ya son tres ocasiones que la autoridad ministerial no cumple con la orden de un juez de regresar los terrenos a sus propietarios originales.

La invasión de las 400 hectáreas ocurrió a finales del año 2022, luego de que los propietarios presentaron una demanda por despojo.

Para el día 23 de noviembre, del mismo año, el juzgado en donde se lleva la causa penal dio a inicio a la carpeta de investigación por el presunto delito de despojo en contra de Félix N, junto con otras siete personas, luego de que se adueñaron del enorme terreno, lo lotificaron y lo empezaron a vender, a un precio bajo y sin dotar a los predios de los servicios públicos básicos, como luz, agua y vialidades, además de carecer de permisos municipales.

Y un año más tarde, el 16 de noviembre de 2023, se desahogó la audiencia en la que se vinculó a proceso a los 8 acusados.

En esa misma audiencia el juez ordenó que las 400 hectáreas se restituyeran a sus propietarios iniciales.

Desde un primer momento, el juez establece que corresponde al Ministerio Público fijar la fecha y hora en que se debe dar cumplimiento al fallo judicial, para lo cual le autoriza el uso de la fuerza pública, advirtiendo que se debe respetar los derechos humanos de las personas que ya levantaron casas improvisadas en donde supuestamente les vendieron terrenos.

12 meses después de que se dio el fallo judicial, personal de la FGE llegó a la zona invadida para cumplir con el mandato del juez.

Ese día se encontraron con dos vehículos atravesados en el camino y una presencia de unos 60 adultos y unos 30 menores de edad que protestaban por la presencia de los servidores públicos.

Los funcionarios enviados se dieron la media vuelta y se marcharon, sin hacer un intento de comunicar y ejecutar el mandato judicial.

24 días más tarde, el 29 de noviembre de 2024, otra vez regresaron los representantes de la FGE a los terrenos de San José Zetina y un grupo armado los enfrentó. Por eso dieron por fracasado el segundo intento.

Desde entonces y hasta la fecha actual, ya no hubo un nuevo esfuerzo de la FGE de cumplir con el resolutivo del juzgado.

Ahora en junio había la posibilidad de intervenir, sobre todo porque había la disposición de la Policía Estatal de dar cobertura y protección al operativo de restitución de las 400 hectáreas en cuestión.

Frente a esa posibilidad, la FGE que dirige Idamis Pastor Betancourt optó por el silencio y de nuevo no se acató el fallo del juez.

Más allá del tema de los terrenos, surge una pregunta básica: ¿No tendría la FGE que estar investigando y deteniendo al grupo armado que agredió a su personal?, en la intervención del 29 de noviembre de 2024.

Ni eso ha podido hacer la Fiscalía General del Estado.

 

clh