El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas.

Al interior del Gabinete de Seguridad se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de las cuales “se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”, indicó la dependencia en un comunicado.

Gobernación indicó que existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público.

En la denuncia entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados se hizo del conocimiento de las y los legisladores federales sobre diversos casos de alto impacto, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.

“Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces”.

Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución.

La secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, indicó que se esperará la ratificación de esta denuncia por parte de la Secretaría de Gobernación, ya que así lo indica el procedimiento y tiene un plazo de tres días para hacerlo a partir de este martes 30 de enero.

Agregó que, una vez que se ratifique la denuncia, la Secretaría General la remitirá a la Subcomisión de Examen Previo e informará a los órganos de gobierno de este hecho y así, los diputados procederán a analizar el expediente que le fue entregado.

Foto: especial

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