Entre otras, por ejemplo, popularización de la política social, paridad para todos los cargos públicos o medidas económicas pragmáticas, el presidente López Obrador ha tomado tres decisiones clave, específicamente en el marco de su responsabilidad política de conducir la renovación de la Presidencia de la República y propiciar que el partido que lo llevó al gobierno pueda transitar con fluidez en el inicio del proceso electoral 2023-2024.

La primera consistió en adelantar desde 2021 la dinámica de la competencia entre los aspirantes a sucederlo. Esto, inmediatamente después de que evaluara los resultados electorales de ese año y apreciara que su partido perdió intensidad electoral y espacios de representación política en la Cámara de Diputados, en particular en la Ciudad de México.

Esa decisión inyectó energía a su partido-movimiento y a sus diversos grupos y liderazgos, a la vez que contribuyó a difuminar la percepción adversa a la coalición gobernante.

Esto último es relevante si se tiene en cuenta que durante la transición democrática los presidentes que perdieron las elecciones legislativas intermedias no pudieron “poner presidente” o ganar los comicios presidenciales siguientes.

Al contrario, fueron obligados a prepararse y hasta coadyuvar a la alternancia hacia adentro (Fox) o hacia afuera (Zedillo, Calderón y Peña) de su partido.

La segunda decisión importante fue sacar el proceso de selección de la precandidatura del entorno del gabinete y las instituciones legislativas para ubicarlo en un espacio partidario y sociopoĺitico más manejable y menos divisivo, reforzado por el acuerdo de que los seis aspirantes (Sheinbaum, Ebrard, Fernández, Velasco, López y Monreal) tendrían algo que ganar si no alcanzaran la precandidatura.

Esta decisión abrevó no sólo de la inteligencia política propia de su autor, sino seguramente también de la experiencia acumulada pues por no ejercer esa opción en su momento los tres presidentes que le precedieron (Fox, Calderón y Peña) terminaron cediendo la presidencia a otros grupos políticos dentro de su partido, o bien, peor aún, a otros partidos o coaliciones partidarias.

La tercera decisión es haber entregado a Claudia Sheinbaum, aspirante ganadora de la precandidatura de Morena, la “vara de mando”.

En rigor, ese acto le transmitió el mando del complejísimo proceso de aglutinación, conducción y concertación de las ambiciones políticas de un muy amplio abanico de grupos, corrientes, liderazgos y personalidades en torno a la coalición defensora y promotora de la Cuarta Transformación.

Esa constelación de intereses tiene que ser acomodada entre las dos decenas de miles de pretensiones para ocupar otros tantos espacios de representación que se jugarán en 2024 y otros no menos apreciables altos cargos ejecutivos federales y locales.

Esta tercera decisión delimita dos pistas de acción, una para que el presidente continúe ejerciendo sus atribuciones institucionales y termine de cumplir con los enormes retos que encontró o se propuso su gobierno, y otra para que la dinámica política, partidaria y electoral fluya en el cauce debido.

Desde luego, eso no significa que el presidente se abstenga de monitorear, incidir, o bien, en el extremo, intervenir en la segunda pista si el caso lo amerita. Estas acciones, según se observa, pueden ser contrarias al Derecho.

No debe serlo mientras no rompa los criterios razonables de imparcialidad, neutralidad o equidad que operan como garantías de la integridad del proceso electoral en curso, a efecto de que la oposición compita sin cancha inclinada.

Si la ventaja de la precandidatura morenista se mantiene lo suficientemente amplia para cuando se convierta en candidatura, la siguiente mas sabia decisión podría ser no incurrir en aquello que el entonces candidato López Obrador le reclamó a los presidentes Fox o Calderón: no interferir en el proceso electoral.

Empero, si se presentara el escenario contrario y la ventaja se redujera drásticamente, a la luz de la lógica y la experiencia nacional (2006) y comparada (Trump. 2020 o Bolsonaro. 2022) es posible atisbar que podría no haber garantía institucional que resistiera la crisis política y constitucional que podría sobrevenir.

Columna de Raúl Ávila Ortiz en SDP Noticias

Foto Rogelio Morales

clh