A Adolfo Karam se le acusa de ordenar a los policías judiciales de Puebla aprehender a la periodista Lydia Cacho y realizar actos de tortura en su contra con la finalidad de castigarla por la publicación del libro Los Demonios del Edén.

Así lo expuso este jueves la Fiscalía General de la República al detallar los argumentos con los que se dictó auto de formal prisión en contra del ex director de la Policía Judicial, quien fue detenido en Boca del Río, Veracruz.

A través de un comunicado, la FGR expuso que obtuvo de la Jueza Segunda de Distrito en materia penal con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, la formal prisión en contra de Hugo Adolfo Karam, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de tortura en agravio de Cacho Ribeiro.

Por lo anterior, se decretó la apertura del procedimiento ordinario y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva.

El caso deviene de la consignación realizada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en la que se presentó evidencia para probar la existencia de un “aparato organizado de poder” dentro de la estructura del Gobierno del estado de Puebla, que planeó y ejecutó un “plan sistematizado” para castigar a la periodista por haber realizado la publicación de su investigación sobre trata de personas en la que se develaban nombres de personas que participaron en redes de tráfico de menores.

“Al señor Hugo Adolfo “K”, se le imputa que desde su posición de poder correspondiente a la Dirección General de la entonces Policía Judicial del estado de Puebla, en cumplimiento de las instrucciones de Mario Plutarco “M” (Marín Torres), exgobernador de dicha entidad, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva y sujeto a un proceso penal por los mismos hechos, presuntamente organizó y ordenó a sus dependientes jerárquicos que al cumplir una orden de aprehensión en contra de una periodista, realizaran actos de tortura con la finalidad de castigarla por la publicación de un libro”.

De este caso existen ya tres sentencias condenatorias por el delito de tortura en contra de ex servidores públicos de las entonces Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Puebla y Quintana Roo, además de dos personas más que se encuentran en prisión preventiva justificada durante el desarrollo de su proceso por el mismo hecho en agravio de una periodista.

Foto: archivo m

gse