La Fiscalía General de la República anunció que impugnará el fallo de un juez federal que canceló la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un comunicado, la FGR confirmó que el ex funcionario de origen panista resultó favorecido con el juicio de amparo 2477/2022-2 y estimó que el rol de juzgador se habría transformado en el de un agente de la defensa del imputado.

“Es más que evidente en la sentencia de amparo aludida, que quien la emite, antes que hacer un análisis específico e integral tanto de lo que se planteó al solicitar la orden de aprehensión, como de lo resuelto por el Juez de Control al librar la orden de aprehensión, así como de lo alegado por la parte promovente del amparo, se dedica por entero a tratar de explicar y justificar las operaciones financieras del quejoso, las cuales en todo caso denotan la organización de hecho realizada por el citado y otras personas para la realización de ciertas conductas que llevan a la materialización de uno de los delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.

Expuso que el juez de amparo llega a establecer el “absurdo” de que no podrían coexistir los delitos de delincuencia organizada y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando es por demás conocido que el primero de ellos es autónomo por esencia e incluso no requiere que se materialice la conducta o finalidad de la organización.

“Innumerables casos existen en los que se ha procedido ministerialmente por delincuencia organizada y por los delitos que son la finalidad de quienes se organizan; se han obtenido órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso o autos de formal prisión (según el sistema penal que aplique) y sentencias condenatorias”.

Señaló que el juicio de amparo fue tramitado y resuelto sin convocar al agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), que investigó y judicializó el caso, cuando en derecho era obligado haberle dado la oportunidad de intervenir por su calidad de tercero interesado en ese juicio.

Ante esa sentencia, “notoriamente alejada del derecho y del más elemental sentido de justicia, se promoverá el medio de impugnación correspondiente, a la vez que, se analizarán las acciones legales que podrían llevarse a cabo en relación a la autoridad que la emitió”, se indicó.

Las acusaciones contra el exgobernador derivaron de la compra de un departamento en la zona de Santa Fe de la Ciudad de México, por un monto superior a los 42 millones de pesos.

A juicio del tribunal de amparo, la Fiscalía General de la República (FGR) no logró proporcionar datos suficientes sobre las presuntas conductas criminales atribuidas al político, ya que en la carpeta de investigación se le acusó dos veces del mismo delito.

Foto: archivo m

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