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Manejo del DAP ya no quedará a discreción de los ediles: Céspedes

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Ahora se podrá revisar a los ayuntamientos en qué rubros aplican estos recursos

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina destacó que la regulación del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en municipios eliminará la discrecionalidad en el manejo de estos recursos por parte de los alcaldes.

Ayer la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso aprobó las Leyes de Ingresos de 154 municipios del estado, que incluyen el cobro del DAP para 2023, y sólo falta que se avalen en el Pleno.

Este martes, el mandatario señaló que algunos ayuntamientos cobraban este derecho desde hace muchos años y puede verse en los recibos de pago.

Sin embargo, el Congreso de Puebla le dio “visibilidad y legalidad”, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que no es un impuesto, sino un derecho y se garantiza que el cobro no sea mayor a lo que se pagaba antes.

Además es responsabilidad de los ediles el solicitarlo y registrarlo en su Ley de Ingresos, con lo que se puede medir a los ayuntamientos en qué rubros aplican estos recursos.

“Antes no, por eso quedaba a discreción cómo se manejaba. Hoy se registra y está en la legalidad”, destacó.

Reiteró que es responsabilidad de los municipios solicitar su inclusión y también obligación dar cuenta en qué van a aplicar esos recursos.

Destacó que esto lleva a un ejercicio de transparencia, “de no mentir, de no engañar, y dejar con claridad qué pagan los ciudadanos y obligación de los alcaldes decir en qué se aplican los recursos”.

Entre los municipios considerados se encuentra Puebla capital, que el año pasado solicitó el cobro pero no se lo avalaron los diputados locales.

Asimismo se encuentran Atlixco, Amozoc, Cuautlancingo, Huejotzingo, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, Tehuacán, entre otros.

Por ahora, falta la aprobación de las Leyes de Ingresos de los 63 municipios que no solicitaron el cobro del DAP.

En total, los documentos de los 217 municipios deben ser aprobados por el Pleno antes del 31 de diciembre, por lo que el Congreso del Estado convocará a una sesión extraordinaria.

 

 

 

Foto: especial

 

gse

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