Día que pasa queda claro que la iniciativa de reforma constitucional político electoral del presidente López Obrador va a naufragar. En esta ocasión a los diputados y senadores del PRI no les quedará de otra, por conveniencia propia y por sobrevivencia elemental, que votar en contra. De hecho, el PT y PVEM, afectados por la modalidad de integración de Cámaras votarían a favor con la esperanza de que no se dieran los votos necesarios para así cumplirle al presidente y preservar un esquema que les resulta favorable.

Las voces de repudio a la reforma se alzan en todos los frentes. Los empresarios con timidez y la Iglesia Católica con claridad. La Conferencia del Episcopado Mexicano difundió un texto en el que defiende al INE y al Tribunal Electoral y rechaza la reforma. La postura de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, al hacer propia la postura de López Obrador ha merecido una amplia desaprobación; la precaria credibilidad de la institución queda por los suelos. Cerrar filas con el presidente en la materia es ignominia.

La sociedad civil organizada y la ciudadanía confía en sus instituciones electorales y rechaza su desaparición o reemplazo. El 13 de noviembre habrá de realizarse una marcha ciudadana en defensa del INE. El argumento oficial de disminuir el gasto electoral se desvanece ante el desorden, la corrupción y el incremento en el costo de las obras emblemáticas, y en la operación de PEMEX y CFE. Queda claro que recurrir al ahorro es un pretexto para someter a las instancias claves en la realización de elecciones libres y confiables. Es inaceptable, además, una reforma unilateral, innecesaria y contraria al interés nacional a menos de un año del inicio del proceso electoral federal.

Ante la derrota en el frente constitucional desde ahora hay que prever la rabia e intransigencia con que se responderá en el ámbito administrativo y en el legislativo ordinario. No se puede cantar victoria porque son muchas las áreas de vulnerabilidad del sistema electoral. Si el presidente emprende la guerra contra el INE y el Tribunal hay que pensar en escenarios que demandarán posturas más activas y diversificadas en su defensa.

Es previsible que una de las decisiones, ya en curso, es el estrangulamiento presupuestal del INE. Si el presidente estuvo decidido a hacerlo en la preparación de la consulta para la revocación de mandato, con mayor razón ocurriría en el marco de las elecciones en Coahuila y Estado de México y en las acciones preparatorias rumbo al 2024. El INE es costoso, pero no caro; su organización profesional, el financiamiento a partidos determinado por la Constitución y la gestión del listado de votantes explican el monto del egreso. No hay el derroche y la mala administración que sí existen en PEMEX y CFE, así como en las obras del Tren Maya y de la refinería Olmeca. La Corte, una vez más deberá, con mayor oportunidad y contundencia, salvaguardar al INE en su integridad patrimonial y presupuestaria para evitar que la Cámara de Diputados o la Secretaría de Hacienda incumplan con la sentencia, como en ocasión del fallo por la insuficiencia de recursos para la revocación del mandato. El INE tiene responsabilidades constitucionales y es tarea de la Corte obligar a la Cámara de Diputados para que tenga los recursos suficientes.

Otro de los temas de riesgo elevado se deriva del proceso de designación de los cuatro consejeros que concluirán su gestión en 2024. Se trata de que la inevitable negociación entre las fuerzas políticas genere, en términos de imparcialidad y profesionalismo, propuestas confiables. Es inaceptable la tesis que privilegia lealtad sobre capacidad; en todo caso, lealtad no al proyecto de López Obrador, como suscribe sin rubor la presidenta de la CNDH, sino al país, a su democracia y a las instituciones fundamentales para que México lograra elecciones confiables y ejemplares. No se excluye que en un calculado propósito de debilitar al INE no se presenten las propuestas para cubrir las vacantes.

Finalmente, el presidente, con su mayoría parlamentaria podría recurrir a la vía legislativa para dañar al INE y al Tribunal. La Constitución los protege, pero no se excluyen reformas legales para debilitar a los órganos electorales. Nuevamente, será tarea de la Corte, como garante en última instancia de la constitucionalidad de los actos de autoridad -esta vez del Congreso-, defender a la democracia mexicana.

SDP Noticias

Columna de Federico Berrueto

Foto: Archivom

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