La entrega de dinero directa a las madres y padres de familia para que arreglen las escuelas de sus hijas e hijos no está cumpliendo sus objetivos.

 

Andrés Manuel López Obrador apuesta al programa federal al que el gobierno de para mejorar las condiciones de las escuelas del país, sin embargo no llega al 60% del total, como el presidente afirma, y no hay mecanismos para seguir y fiscalizar los recursos y su uso.

 

Anteriormente AMLO afirmó: “Ya estamos llegando a más del 60% de todas las escuelas de educación básica del país y antes de que termine el gobierno va a ser el 100%”. Sin embargo, no es así.

 

Hasta el 31 de diciembre de 2021, apenas se habían beneficiado 72 mil 404 de las poco más de 198 mil escuelas de educación básica del país, reveló un análisis hecho a los padrones de beneficiarios.

 

Al momento de presentar resultados de este programa, las autoridades informan un número mayor de beneficiarios porque omiten detallar que los propios lineamientos de operación de esta política prioritaria contemplaron que una misma escuela podía recibir dos apoyos en años diferentes.

 

Con base en el segundo avance trimestral de los principales programas presupuestarios que Hacienda entregó a la Cámara de Diputados, al cierre de junio apenas se había ejercido el 0.1% del presupuesto aprobado para 2022, por lo que se puede considerar que el avance del programa ha sido prácticamente nulo. 

 

El 4 de octubre de 2019, López Obrador anunció el arranque de LEEN, un programa que busca atender la infraestructura de las escuelas a través de transferencias directas de 150 mil, 200 mil o 500 mil pesos, dependiendo del número de estudiantes inscritos, a un comité de padres de familia que decidiría las obras que debían realizarse en los planteles.

 

Sin embargo, se trata de una política que carece de mecanismos de seguimiento y fiscalización. 

 

Las autoridades desconocen cómo los comités de padres de familia han usado los recursos y si éstos fueron suficientes para atender las necesidades de cada plantel.

 

 

 

Fernando Ruiz, director de investigaciones de la organización Mexicanos Primero dice:

 

“Aunque los montos han sido grandes, no han sido adecuadamente invertidos porque el diagnóstico y la inversión no están necesariamente ligados en el tiempo (…) Hasta que no tengamos un diagnóstico, vamos a seguir dando palos de ciego”, sostiene.

 

La mayor parte de los recursos del programa se ha transferido a municipios de muy alta marginación, confirmó el análisis realizado por Animal Político y Data Cívica, quienes obtuvieron, vía transparencia, los padrones de LEEN entre 2019 y 2021 para ubicar el nivel de marginación de las escuelas que han sido beneficiadas, ya que los lineamientos del programa señalan que se daría prioridad a las escuelas ubicadas en municipios de muy alta y alta marginación.​

 

 

 

Por ejemplo, en Santiago Amoltepec, Oaxaca, la SEP da cuenta de la existencia de 83 escuelas de educación básica, pero los padrones de beneficiarios muestran que se han dado apoyos a 118 escuelas.

 

En Sitalá, Chiapas, se reportan 84 escuelas, pero se ha beneficiado a 117.

 

Es por esta disparidad en los datos que al sumar el total de escuelas únicas beneficiarias  el análisis arroja que se ha atendido al 106% de las escuelas de educación básica de los municipios de muy alta marginación, aunque aún queden planteles pendientes de beneficiarse de esta política pública.

 

En tanto, en municipios de alta marginación el programa ha llegado al 66% de los planteles, al 44% de las escuelas en municipios de nivel de marginación medio, y al 26% y 8% de las ubicadas en municipios de baja y muy baja marginación, respectivamente.

 

Para tener un acercamiento a las condiciones de infraestructura de los planteles educativos beneficiados y sin importar el nivel de marginación del municipio donde se ubiquen, pues no hay un diagnóstico actualizado, se tomó como referencia el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial que realizó el Inegi en 2013.

 

Este Censo es el único que se ha hecho para conocer la situación de los planteles en el país,  y se seleccionaron ocho variables: si la escuela contaba con barda perimetral, si el techo y el piso eran de materiales de calidad, si tenía cisterna, baños y drenaje, así como que contara con pizarrones y muebles para trabajar. Esto con base en los lineamientos de LEEN sobre qué obras o mobiliario se podían realizar y comprar con el dinero que se transfiere a los padres de familia.

 

A aquellas escuelas que aparecieron tanto en el censo como en los padrones de beneficiarios se les asignó un valor entre 1 y 8 dependiendo qué deficiencias reportaron en el censo, por ejemplo, que no tuvieran barda, baños o muebles para trabajar.

 

Con ello, fue posible advertir que las escuelas con valor 6 —es decir, aquellas que no reportaron las mayores carencias en infraestructura y equipamiento— son las que más han sido beneficiadas.

 

Por estado, se observó que Chihuahua es la entidad en la que mayor atención se ha dado a planteles con mayor carencia en su infraestructura. En promedio, los planteles atendidos en esta entidad reportaron valores de 4 en la escala del 1 al 8.

 

En tanto, Tlaxcala y Aguascalientes son los estados donde las escuelas que han recibido el apoyo reportan una calificación de 8 sobre 8. Es decir, en su mayoría, las escuelas beneficiadas con LEEN reportaron mínimas carencias de infraestructura.

 

 

“​​En 2019 se le permitía a los beneficiarios del programa comprobar gastos con recibos simples, con lista de raya, y no había ningún responsable de eso, o sea, una vez que recibían los recursos nadie más que las mamás y papás se hacía responsable de los recursos y ellos eran responsables de llenar una hojita diciendo: ‘Oye, aquí está lo que gasté y pues aquí están mis recibos’”. 

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó una muestra de mil 187 millones de pesos del presupuesto ejercido en 2020 y concluyó que no hay pruebas de que 573 millones, es decir, uno de cada dos pesos, se hayan gastado en la mejora de la infraestructura de los planteles, pues el programa carece de mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los apoyos.

 

“Que sea un subsidio permite tener esta ambigüedad, esta discrecionalidad”, apunta Alcázar.

 

De acuerdo con los reportes de la Cuenta Pública, entre 2019 y 2021 este programa ha ejercido un total de 23 mil 434 millones de pesos de presupuesto, pero ni la SEP ni la Secretaría de Bienestar saben en qué se ha gastado y si ello ha cubierto la totalidad los requerimientos de cada plantel.

 

Una maestra de un jardín de niñas y niños en Veracruz, quien solicitó no publicar su nombre opina: “A diferencia de otros programas que he tenido donde se dan los recursos, en este sí he visto muchas inconsistencias”.

 

La docente enumera las inconsistencias que ha detectado en el manejo de los recursos del programa, tanto por parte de los padres y madres de familia como de los llamados facilitadores: las personas designadas por las secretarías de Educación o de Bienestar para desempeñarse como enlaces con los padres para implementar el programa.

 

La maestra explica que en 2020, cuando llegó por primera ocasión el apoyo, ella no se enteró hasta que los padres la buscaron para solicitar que firmara el diagnóstico que habían hecho sobre las condiciones de la escuela.

 

“Me preguntan: ‘Maestra, ¿qué hace falta?’. Y pues les dije que la barda, y a partir de ahí yo ya no me enteré absolutamente de nada del dinero, los papás se hicieron cargo de absolutamente todo”.

 

Al inicio del siguiente ciclo escolar, de nueva cuenta la buscaron para solicitar su firma en un nuevo diagnóstico, pues el plantel había sido seleccionado por segundo año consecutivo para LEEN.

 

“Me dicen que necesitan la firma nuevamente para el diagnóstico y ahí es cuando les pregunto: ‘Oigan, en todos los programas se pide una rendición de cuentas con facturas, que todo esté súper cuadrado, y yo no he firmado absolutamente nada’. Y pues me dicen que ya habían entregado todo y ese fue el primer foquito rojo para mí”, comparte.

 

Preocupada de tener una sanción o señalamiento por mal uso de recursos públicos en su plantel, la docente buscó a su supervisor. Él le recomendó ponerse en contacto con el facilitador autorizado.

 

No obstante, ni los padres ni funcionarios de la Secretaría de Bienestar que trabajan en la zona le ayudaron a localizarlo. 

 

“La siguiente semana una mamá me intercepta cuando me iba y me dice: ‘Maestra, rápido, fírmeme este papel porque es del programa de La Escuela Es Nuestra’. Y yo lo empiezo a leer y es un oficio donde dice que a mí me entregaron diagnóstico, planeación, facturas, o sea, todo, cosa que a mí no me habían entregado; entonces, le hago saber a la señora que realmente no me han entregado absolutamente nada y que en las cuestiones del dinero sí soy así como espantada, porque si te falta un peso o algo pues hay que tener mucho cuidado”.

 

Renuente, la madre le entregó una carpeta con información para que la revisara en casa.

 

“Cuando yo reviso estos documentos realmente a mí sí me hizo mucho ruido de que eran documentos, fotocopias en muy mal estado. Las fotocopias estaban rayoneadas (…) Por ejemplo, venían muchos conceptos que decían ‘traslado de material a lomo de bestia’ y venían cantidades de 8 mil 500, 5 mil pesos… o sea, cantidades bastante extremas, sobre todo porque hemos tenido la fortuna de tener otros programas y pues sé más o menos los precios y eso sí sale fuera del presupuesto”, explica.

 

“Sí se realizaron las obras, pero sí hubo muchas inconsistencias. De igual manera, revisando los documentos, no encontré nada que dijera que el domo tiene los cimientos”, señala la docente, con el fin de ejemplificar las anomalías en la instrumentación del programa federal.

 

Foto: Archivo-e

LSM