Puebla, Pue.- Este martes entró en vigor la expropiación por utilidad pública del predio conocido como “Exvivero de Santa Cruz Buenavista”, ubicado en la intersección del Bulevar Forjadores y Calzada Zavaleta, en los límites territoriales de los municipios de Puebla y Cuautlancingo. El predio, presuntamente propiedad de Dalhel Lara Gómez, ex secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado (IEE), en tiempos del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, sería utilizado para la construcción de desarrollos inmobiliarios.

Esto provocó el descontento generalizado de los vecinos de la zona quienes iniciaron una serie de protestas, cierres carreteros y manifestaciones en los últimos dos años, luego que la alcalde de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel, confirmó que Dalhel Lara es quien paga el impuesto predial y, en el lugar, pretendía construir un conjunto residencial.

El decreto emitido por el gobierno del estado fue publicado en el tomo 546 número cuatro de la Sección Cuarta del Periódico Oficial del Estado de Puebla, donde además se informa que el predio rústico tiene una superficie mayor a los 47 mil 514 metros cuadrados y un valor de 41.2 millones de pesos.

Esto significa que cada metro se tasó en un precio de 865 pesos, mientras que la pequeña construcción de 70 metros cuadrados que existe al interior del predio, que tampoco tiene uso, fue valorada en 2 mil 325 pesos el metro.

En el terreno se ejecutará el proyecto “Parque Urbano Smart” y el gobierno indemnizará conforme a la Ley de Expropiación de Puebla al propietario del terreno, sin especificar a cuánto asciende el monto económico.

El ordenamiento establece como causa de utilidad pública la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, así como la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para uso comunitario y la movilidad.

En ese sentido, el documento en cuestión justifica que el denominado “Parque Urbano Smart” cumple claramente con las causas de utilidad previstas en los preceptos legales antes relacionados.

“Cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio u obra públicos se satisfacen necesidades sociales y económicas”, se afirma en el cuerpo del escrito.

Argumenta que los habitantes de esta zona conurbada a la ciudad de Puebla tendrán mayores oportunidades de realizar actividades físicas y al aire libre en beneficio de casi 50 mil personas.

“El predio posee una importante extensión y elementos naturales que lo hacen único entre los municipios de Cuautlancingo, Puebla y San Pedro Cholula; posee una ubicación que le permitirá un mayor impacto a un número importante de personas que están dentro de su zona de influencia y posee una gran cantidad de árboles, lo que le brinda una mayor utilidad dentro de un parque, tal como se desprende del estudio técnico realizado”, se lee.

Parque mejorará salud pública y reducirá huella de Carbono

Desde el punto de vista social, asegura que el “Parque Urbano Smart” permitirá la realización de diversas actividades y facilitará la presencia simultánea de distintos grupos, contribuyendo a la salud y bienestar de las personas, favoreciendo la actividad física, la integración social y la calidad de vida”, se lee en el decreto.

Agrega que el Parque proveerá de servicios ambientales como el control de la temperatura urbana, captura de Carbono, mejora de la calidad del aire, protección de la biodiversidad, reducción de la erosión, control de inundaciones y ruidos, así como ahorro de energía.

A manera de conclusión, se avizora que la construcción y operatividad del Parque fomente flujos económicos internos que impactarán a 2 mil 432 unidades de comercios que existen en la zona.

El gobierno del estado afirma que habrá un incremento de inmediato en el valor de las propiedades cercanas, y todas las actividades comerciales que se generan por la atracción de visitantes.

Pero sostiene que principalmente habrá una mejora en la salud pública, la reducción de la huella de Carbono, el valor comunitario, la renovación urbana y la educación ambiental.

Con fecha del 15 de julio de 2020 se radicó en la Dirección Jurídica de lo Contencioso de la Secretaría de Gobernación el procedimiento de declaratoria de utilidad pública y expropiación bajo el número 001/2020, que fue notificado al apoderado legal del predio Alejandro Maccise Tame.

En el documento también quedó asentado que hubo un proceso de expropiación en el que se notificó al apodero legal, quien a pesar de estar debidamente acreditado no se presentó a desahogar las pruebas para efecto de que alegara lo que a su derecho e interés correspondiera.

Información de La Jornada de Oriente

Fotografía José Castañares/EsImagen

clh