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Comando levanta al priista Juan Carlos Lastiri en Zacatlán

  • Redacción
Fue privado de la libertad el ex dirigente estatal del PRI vinculado a la Gran Estafa que se la ha imputado a Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social

Zacatlán, Pue.- Este día por la mañana, el priista corría con otras seis personas en el Pueblo Mágico de donde es originario, cuando fue privado de la libertad.

Ante la confusión y los vínculos que desarrolló con la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, se habló de su detención.

En redes sociales circulan diferentes versiones sobre lo que ocurrió al ex diputado federal y ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

Horas más tarde, se confirmó su detención.

La orden de aprehensión la expidió Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez encargado del caso de Rosario Robles, ex titular de la Sedesol y ex titular de la Sedatu.

Tanto Rosario Robles como Lastriti son acusados de participar en La Estafa Maestra, un caso de desvió de recursos en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

El sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto estuvo marcado por escándalos de corrupción. Y, una investigación periodística denominada “La Estafa Maestra” documentó el desvío de 7 mil 600 millones de pesos, equiparable a 450 millones de dólares.

Una de las secretarías con más irregularidades fue Desarrollo Social, donde el poblano Juan Carlos Lastiri se desempeñó como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional.

La Estafa Maestra fue un modus operandi para desviar recursos públicos, documentado por el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI), material publicado en septiembre de 2017, que tuvo como origen el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas del gobierno federal 2013 y 2014.

Según la investigación periodística, asignaron contratos de servicios de forma irregular en al menos 11 dependencias como las secretarías de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, Petróleos Mexicanos y el Banco Nacional de Obras. En algunos casos utilizaron a las universidades del país para sacar el dinero público y en otros recurrieron a empresas fantasta.

Sobre los contratos, algunos se incumplieron y en otros el pago fue menor al monto inicial presupuestado.

Para poder asignar recursos de manera directa, sin concursarlos ni licitarlos, recurrieron a las universidades, debido a que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público lo permite, mientras se trate de dependencias públicas como las universidades.

Es decir, contrataron a las instituciones de educación superior algún servicio sin que estuvieran capacitadas para hacerlo, ellas subcontrataron a una o varias empresas que tampoco podían hacer el trabajo. Al final cada empresa que participaba se quedaba con una parte del recurso público.

Las irregularidades se presentaron cuando Rosario Robles estaba al frente de Sedesol, a la llegada del ex candidato presidencial José Antonio Meade en agosto de 2015, terminó anticipadamente los contratos con universidades, ordenó la realización de 19 auditorías y presentaron siete denuncias ante la extinta Procuraduría General de la República.

Tras las investigaciones suspendieron a 468 funcionarios y empleados -el mayor número de servidores públicos suspendidos por un solo caso en la historia de la Función Pública-.

Fotografía archivom

clh

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