El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que los gobiernos de México y Puebla violaron las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, al detenerla en diciembre de 2005, por la publicación del libro “Los demonios del Edén”.

El organismo dictaminó que la detención no tuvo justificación por lo que demandó la reparación integral del daño y reabrir las investigaciones.

Además de la reparación del daño, el fallo implica realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por Lydia Cacho, además procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsable de las violaciones cometidas.

Además, la agrupación civil Artículo 19, así como representantes de la ONU, condenaron la actuación del Estado mexicano, por perseguir y torturar a los periodistas y defensores de Derechos Humanos.

También reprobaron al exgobernador Mario Marín y al Poder Judicial de Puebla, por utilizar a las instituciones para proteger a funcionarios y no para ofrecer justicia a las víctimas.

La resolución

La resolución ocurre luego de que en octubre de 2014, Lydia Cacho acudió al organismo, para pedir que su caso fuera atraído ante la falta de justicia por parte de las autoridades mexicanas.

La periodista enfrentó discriminación de género, tortura, detención arbitraria, uso de las fuerzas del estado para perseguir a los periodistas y defensores de los derechos humanos, y persecución por la publicación de su libro.

Leopoldo Maldonado, abogado especialista en Derechos Humanos, explicó que la aprehensión de la periodista no era legalmente necesaria.

Lydia Cacho fue asegurada en Cancún, Quintana Roo, el 16 de diciembre de 2015, por una denuncia que Kamel Nacif presentó en su contra por el presunto delito de difamación. La periodista fue traslada a Puebla por instrucción del gobierno estatal, y estuvo 20 horas en los separos, hasta pagar una fianza por seis mil dólares.

El comité de la ONU indicó que Cacho sufrió tortura, además de que hubo violaciones por discriminación de género durante su traslado de Quintana Roo a Puebla.

Al respecto, los especialistas resolvieron que el Estado mexicano mantiene un patrón de vulneración de los Derechos Humanos de las mujeres bajo custodia de sus agentes, además de acusar el uso del “aparato de justicia” para perseguir la libertad de expresión.

Reabrir el caso

Lydia Cacho dijo que al pedir a las autoridades mexicanas que se ofrezca justicia hacia su persona, estás deberán reabrir las investigaciones y sancionar a los responsables.

Uno de los dos agentes de Puebla acusados de torturarla, fue sentenciado en octubre de 2017, mientras que el otro labora en la administración del estado.

GJ/CLH