Ixtacamaxtitlán, Pue.- Pobladores de Ixtacamaxtitlán clausuraron simbólicamente las instalaciones de la empresa canadiense Almaden Minerals ubicadas en Santa María Sotoltepec para exigir la cancelación del proyecto y de la concesión que le otorgó el gobierno federal a la minera para la búsqueda y extracción de oro y plata en 56 mil hectáreas de este municipio serrano.

La manifestación se produjo al mismo tiempo de que en Otawa, Canadá, otros de sus vecinos, dieran a conocer los resultados de una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos, que además compartirán con otras autoridades de ese país, inversionistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

La protesta realizada a las puertas del almacén ubicado a dos cuadras de la iglesia y la presidencia auxiliar del pequeño poblado, se realizó de manera pacífica, con la finalidad de manifestar su rechazo a la pretensión de abrir un tajo a cielo abierto que perjudicará los derechos al agua y la salud de más de 25 mil personas que habitan en el municipio, así como al ecosistema de la región.

“Aunque el proyecto se encuentra apenas en fase de exploración, la empresa ha violentado ya la normatividad mexicana y el derecho al agua de los habitantes de la región al realizar 236 barrenos más de los que permite la norma y con mayor profundidad de lo permitido, según ha informado la misma empresa”, precisaron.

Además, Almaden ha reportado haber perforado pozos de agua, sin contar con un permiso para utilizar el líquido vital con fines industriales, lo que pone en riesgo la calidad de la que sirve para el consumo de la población.

Según el reporte realizado por expertos del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) a partir del análisis de los informes de la empresa para sus inversionistas, se “encontró que la empresa canadiense ha mentido al afirmar de que la zona donde planea hacer la mina se encuentra deshabitada; a pesar de que en el municipio de Ixtacamaxtitlán cuenta con 25 mil 326 pobladores que viven en 126 localidades con menos de dos mil 500 habitantes y poco más de 60 localidades con menos de 100 habitantes, según el censo de 2010 realizado por INEGI”, se precisó.

Tampoco ha dado a conocer a sus inversionistas los procedimientos jurídicos y las manifestaciones de rechazo de los opositores al proyecto.

A la fecha la empresa enfrenta un juicio de nulidad, que busca cancelar el permiso de exploración en el área por haber violado las regulaciones ambientales mexicanas; y una solicitud de cancelación de las concesiones ante la Secretaría de Economía.