Sierra Otomí-Tepehua.- Cinco demandas de amparo –cuatro de ellas admitidas- y la orden del juez Segundo de Distrito de Puebla de suspender la consulta pública y con ella la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula de la empresa TransCanada, son la defensa del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, para evitar el “megaproyecto”.

Al tiempo que la filial de la canadiense, Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TNGH), aumentó su presión sobre los totonacas, nahuas, otomís y tepehuas que habitan en los municipios poblanos de Pahuatlán, Tacuilotepec y Honey y el hidalguense Tenango de Doria, los opositores a la instalación de la tubería dieron a conocer la ruta jurídica con que acompañan su resistencia y señalaron que la empresa tiene prisa porque en dos meses se vencen sus licencias construcción.

A decir del abogado Raymundo Espinoza y de miembros de la organización que realizaron una asamblea en la Casa Ejidal de San Nicolás, los juicios con los que se pretende resarcir a los pueblos de las garantías y derechos que les han violado, están radicados en los tribunales federales con sede en Cholula y en Pachuca, la capital hidalguense.

En uno de ellos se demandó la cancelación del gasoducto Tuxpan-Tula que transportará 886 millones de pies cúbicos de gas natural diarios desde el sur de Texas hasta la central termoeléctrica de Tula que pertenece a la Comisión Federal de Eelectricidad (CFE); mientras los otros tienen que ver con violaciones al derecho a la consulta pública, ya sea porque no se realizó, no se les incluyó o bien porque el procedimiento con el que se hizo está viciado, explicó Espinosa.

A la fecha, se han admitido cuatro de las cinco demandas y en una de ellas, el juez Segundo de Distrito de Puebla, ordenó la suspensión del procedimiento de consulta pública y “mientras no haya consulta pública, la construcción del gasoducto no puede hacerse, porque el permiso que se le otorgó a TransCanada está condicionado a que los pueblos hayan expresado su decisión”.

Pero en realidad, aseguró, tanto la empresa TNGH como autoridades del gobierno federal han actuado en este proyecto al margen de la ley, debido a que sin contar con la licencia social otorgaron los permisos ambientales, que tampoco fueron sometidos a consulta de la población que hasta este momento desconoce los alcances del proyecto, sus daños, riesgos, sus medidas de mitigación, etcétera. 

“Aquí nadie está tranquilo. No se les ha dicho que el gasoducto pasa por varias casas. Que habrá desplazamiento de los habitantes. No sabemos si modificaron el trazo o si ha habido cancelaciones”, añadió.

Mucho menos tranquilidad hay, señalaron, desde que funcionarios de la Secretaría de Energía, autoridades municipales y empleados de TNGH “han aumentado las acciones de hostigamiento y presión contra los pobladores” porque deben terminar el gasoducto el 31 de diciembre de 2017.

Ante esto, acordaron continuar con la denuncia pública, la protesta pacífica y las acciones legales “en contra de quienes amenazan nuestro territorio y cultura. Fortalecer la organización comunitaria y visibilizar el conflicto que provoca la construcción y puesta en operación del gasoducto Tuxpan-Tula”.