Urge generar desde la perspectiva ciudadana una cultura de exigencia, autocrítica y de compromiso, que serán las condiciones clave para un efectivo combate a la corrupción y en prospectiva, para el fortalecimiento de una nueva cultura política que abrace el ideal del bien común, aseveró Emilio José Baños Ardavín, rector de la UPAEP.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción del Honorable Congreso del Estado de Puebla, Baños Ardavín sentenció que el asumir una responsabilidad compartida con la sociedad civil y gobierno es el camino correcto para fortalecer a “nuestras debilitadas instituciones”.

Agregó, “he aceptado esta postulación porque creo que si exigimos espacios de participación, por congruencia debemos implicarnos en la construcción de un mejor andamiaje democrático”.

En ese sentido, citando y parafraseando a Don Juan de Palafox y Mendoza, advirtió: ”Las leyes que no se ‘aplican’ son cuerpos muertos atravesados en las calles en donde los magistrados tropiezan y los vasallos caen…”

Asimismo, dijo que en Puebla se han generado las condiciones propicias para asistir a la creación de esta nueva política al servicio de la ciudadanía y sus mejores causas en donde impere la ley, condición imprescindible para promover el desarrollo, la justicia y la paz. Agregó que “la creación de este sistema anticorrupción es un pilar fundante”.

El rector de la UPAEP, refirió que tanto en lo personal como en lo institucional lo han llevado a impulsar y apoyar diversas iniciativas, tales como el Observatorio Legislativo del Estado de Puebla y la Cátedra de Transparencia, y de manera particular y en conjunto con otros organismos locales y nacionales, la promoción de la iniciativa legislativa conocida como Ley 3de3 que derivó en la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción.

En el mismo orden de ideas, indicó que se trabajó de manera colaborativa con el Congreso para proponer la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Baños Ardavín acotó: “me propongo contribuir para ubicar a los cinco ciudadanos con perfiles idóneos que velen por hacer efectivos los propósitos de este nuevo sistema, a saber:

-La obligación de presentar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.

-Las directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.

-Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.

-Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe en actos de corrupción.

-Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.

-Una clasificación de los diez actos de corrupción graves: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.

-Dotación de recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables, a través de la creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación.

-Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.

-Una mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción, aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.

Enfatizó que para lograr dichos propósitos es necesario trabajar sobre 4 ejes de trabajo:

1. Garantizar que el proceso de selección antes citado, se lleve a cabo con la mayor transparencia y en términos de la convocatoria correspondiente.

Lo anterior implicaría establecer una relación institucional con los diputados integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Puebla; con la finalidad de que la convocatoria respectiva para seleccionar a los cinco miembros de la Comisión de Participación Ciudadana, esté apegada a la propia Ley del Sistema Estala Anticorrupción del Estado de Puebla.

2. Analizar con responsabilidad y profesionalismo, los mejores perfiles para la conformación del Comité Estatal de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla.

Establecer los mecanismos para conocer y analizar los perfiles propuestos, a través de la generación de bases de datos y expedientes analíticos de los candidatos; además de las entrevistas respectivas de acuerdo a lo que marca la convocatoria.

3. Generar las condiciones necesarias para un proceso democrático.

Lo que supone que el proceso de selección debe ser imparcial, transparente y apegado a derecho; esto se lograría de igual manera, con acercamientos institucionales y algunas reuniones de trabajo con los diputados responsables, que generen condiciones favorables al proceso seleccionador.

4. Pugnar por un proceso abierto a la ciudadanía, en la que distintas expresiones democráticas y de interés social, tengan cabida en la posibilidad de integrar el precitado comité. 

Lo anterior fue informado a través de un comunicado de prensa.