Javier lozano Alarcón, vocero del gobierno del estado, exhibió en su cuenta de Twitter, que la presidenta municipal de Coronango, Hermelinda Macoto Chapulli, buscará echar abajo la controversia presentada ante la Suprema Corte de justicia de la Nación por la reforma al artículo 12 Constitucional que firmó el síndico municipal Víctor Arce.

En las publicaciones, el vocero gubernamental aclaró que la edil emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no fue quien promovió esta acción jurídica, la que se busca echar abajo con el aval que dio el cabildo de este ayuntamiento.

Hay que recordar que esta acción jurídica emprendida por el síndico municipal de Coronango, surgió a raíz de las presiones que efectuaron los pobladores de este municipio, quienes en días pasados llevaron a cabo una manifestación frente a las instalaciones de la presidencia municipal para exigir una explicación a la alcaldesa.

Junto con la demanda de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir una presunta privatización del agua potable, los inconformes, encabezados por empleados municipales despedidos y Antonio Teutli Cuautle, quien se desempeñó hasta hace unos días como director de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, aprovecharon para exigir el despido de al menos cinco funcionarios que consideran sin capacidad para sus puestos.

Al respecto, la presidenta municipal Hermelinda Macoto Chapuli, consideró política y oportunista la manifestación y con la aparente intención de desestabilizar su administración.

Tras señalar que la mayor parte de las personas molestas no son vecinos de Coronango, dijo que las peticiones carecen de lógica y de fundamentos porque en este municipio aún no existe una red de distribución, mientras que la demanda de despedir a parte de su equipo de trabajo no se presentó junto con las pruebas de su presunta incapacidad.

Y evidenció que entre los organizadores de la protesta se encuentra la ex directora de Industria y Comercio, Rosa Ivette Chocolatl Portugal, quien fue despedida por usurpar las funciones de una regidora para pedir cuotas, así como por el encargado del área de Salud que fue dado de baja después de comprobarse que robó vacunas y cloro.