San Pedro Cholula, Pue.- El Cabildo de San Pedro Cholula rechazó la iniciativa de reforma al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla, que pretende entregar al gobierno estatal la facultad de controlar el servicio de agua potable en los municipios.

La decisión se tomó en una sorpresiva reunión del cuerpo edilicio, cuyos integrantes en menos de 30 minutos, y sólo con el voto en contra del regidor panista, Arturo Carranco Blanca, se opusieron a la modificación constitucional, pues argumentaron que violenta la autonomía de los ayuntamientos y es el inicio del proceso de privatización de dicho recurso natural.

Carranco Blanca –ex edil del municipio- apostó por abrir a la iniciativa privada este servicio público para generar competencia y mayor calidad, sentido en el que casi fue apoyado por el también regidor panista, Renato Lorenzini Rangel, sin embargo, fue convencido finalmente por la mayoría para aprobar el rechazo a la reforma, en la que no se dice textualmente que será privatizada el agua.

Durante la votación, la regidora priísta, Luz María Miramón Reyes, reclamó a los legisladores estatales por discutir esta reforma constitucional “en lo oscurito” mientras los poblanos estaban distraídos con los saqueos y rumores de vandalismo por el aumento en el precio de la gasolina.

En tanto, el regidor independiente, Pablo Melgarejo Luna, señaló que la iniciativa legislativa “es un golpe bajo” a las familias y a la autonomía de los municipios.

Por su parte, la síndico, Estela Chilaca, recordó que Concesiones Integrales -que controla el servicio en la capital- “saquea” el agua de San Pedro Cholula y después “la vende al mejor postor”.

A la sesión extraordinaria, faltó el regidor Ricardo García Coconi, quien inició la administración como integrante del PAN, aunque posteriormente se incorporó a Morena.

Reforma dará ganancias a empresarios: JJET

Al argumentar el único punto del día, el presidente municipal, afiliado al Movimiento de Regeneración Nacional, José Juan Espinosa Torres, recordó que desde 2013 el Congreso del Estado permitió la participación de capital empresarial en la distribución y alcantarillado del agua potable, que pudo ser una buena medida para aumentar la calidad de los servicios,  pero que se corrompió por los altos niveles de corrupción que existen en los sectores públicos y privados que tienen intereses económicos ajenos al bienestar público.

Sostuvo que las aparentes buenas intenciones en realidad encarecen el costo de los servicios públicos “por el lucro que ambicionan los inversionistas que en México suelen ser ex funcionarios, prestanombres, o parientes de gobernantes en funciones”, 

“Para modificar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla sobre el derecho de los poblanos a la disposición y saneamiento del agua para consumo personal, suficiente, salubre, aceptable y asequible, se debió consultar previamente a la ciudadanía, a los expertos y trabajadores de los organismos operadores de los municipios”, consideró.

Sentenció que de concretarse la reforma, los poblanos asegurarán fuertes ganancias a empresarios por el cobro de derechos a la vida, salud, alimentación y dignidad humana, advirtió.

Afirma que se abre la posibilidad a la privatización

Espinosa Torres aseguró que la reforma planteada por los diputados abre la puerta a la privatización del agua potable en Puebla, sin ser una especulación porque ya sucedió en la capital, donde el ayuntamiento renunció al derecho constitucional a brindar este servicio a la población, generando un aumento considerable, pues, mientras en Cholula el metro cúbico del líquido está en cinco pesos, en la Angelópolis está a 16 pesos.

Mencionó que si el gobierno estatal sólo buscara participar en la administración de esta prestación básica, la reforma sería innecesaria porque ya lo hace, al igual que las autoridades federales y vecinos, a través de los consejos directivos de los organismos operadores, consideró.