Tehuacán, Pue.- Que la Procuraduría Genera de la República (PGR) atraiga el caso de la ejecución del empresario José Manuel Herrero Arandia y su esposa María Cristina Carvajal Argudín, a fin de garantizar que este acto no quede en la impunidad como ha pasado en diversas ocasiones, pidió el Comité Directivo Estatal del PRI, al destacar que en el estado han ido aumentando de manera significativa los niveles de violencia.

Mediante un comunicado de prensa emitido la tarde de este miércoles, señaló que datos periodísticos dan cuenta de que al menos 50 personas (40 hombres y 10 mujeres) han sido ejecutadas, decapitadas, estranguladas, entambadas o calcinadas en los últimos meses. 

"Se han cometido 266 homicidios dolosos, 29 secuestros, 140 casos de extorsión, 268 robos de vehículos con violencia y se reportan 123 feminicidios en lo que va de la actual administración estatal", indicó.

Asimismo, apuntó que estos números confirman que Puebla ha fallado en su estrategia de combate al crimen y la violencia, la cual sigue presente en muchas de sus comunidades sin que se hayan tomado las medidas adecuadas para erradicarla y llevar ante la justicia a los verdaderos responsables.

A raíz del último hecho de violencia, donde perdió la vida el hermano de Fernando Herrero Arandia, ex alcalde de Tehuacán y ex senador de la República, y su esposa -señaló- "hacemos un llamado al Gobierno del Estado de Puebla para que garantice la seguridad de todos los poblanos sin distingos ni excepciones y que actúe en plena coordinación con los diferentes ayuntamientos respetando su autonomía".

En este sentido advirtió que "este suceso no debe ser aprovechado para lucrar políticamente y que nadie tiene derecho a utilizar como pretexto estas ejecuciones para cobrar revanchas políticas ni obtener beneficios personales".

Cifras oficiales contradicen a Moreno Valle

El pasado lunes 8 de diciembre, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas criticó que la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, no podía garantizar la seguridad en el municipio, por lo que pediría a la Secretaría de Gobernación (Segob) el apoyo en materia de seguridad, que podría incluir acciones del Ejército y de la Policía Federal en el municipio.

Sin embargo de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), proporcionados por la propia Procuraduría General de Justicia en la entidad, el municipio en cuestión logró reducir sus índices delictivos hasta en 12.1 por ciento entre el 2013 y 2014, mientras que la media estatal es de apenas 10.6 por ciento.

El mismo reporte oficial detalla que 111 de los 217 municipios del estado presentaron aumento en sus índices delictivos durante el mismo periodo.

En el mismo sentido Sergio Curro y Martínez, presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE), informó el martes en rueda de prensa que después de Tehuacán, las zonas que reportan mayor inseguridad son Acatlán de Osorio, Izúcar de Matamoros, Huauchinango y todos los cruces de las carreteras hacia Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, por asaltos al transporte, ejecuciones, asalto a cuentahabientes, secuestros y extorsiones telefónicas.