A pesar de que familiares del niño José Luis Tehuatlie Tamayo siempre hicieron guardia y durmieron en las bancas de la zona de urgencias en el Hospital General del Sur, durante los 10 días que agonizó el pequeño de Chalchihuapan, al momento de su muerte no se llamó a ninguno de ellos para reconocerlo y fue un médico quien lo hizo, para que luego los peritos legistas y forenses realizaran el levantamiento del cadáver y hasta 17 horas después la necropsia.

El niño, quien tenía muerte cerebral desde cinco días atrás, falleció oficialmente el sábado 19 de julio a las 18:35 horas, en la cama 10 del área de Cuidados Intensivos y la causa, de acuerdo con los peritajes forenses, fue el impacto del proyectil que luego la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comprobó que fue disparado por un policía aquel aciago 9 de julio en el enfrentamiento de San Bernardino Chalchihuapan.

Hay que recordar que el gobierno del estado de Puebla ocultó por cinco días que el menor Tehuatile Tamayo ya tenía muerte cerebral, pues se dio a conocer a la opinión pública hasta el viernes 18 julio, cuando ésta ocurrió el lunes 14 de ese mes, alrededor de las 15:00 horas; finalmente el pequeño de Chalchihuapan expiró el 19 de julio a las 18:35 horas.

Luego de decretado su fallecimiento, no se dio la posibilidad a los familiares de participar en la Diligencia Ministerial del Levantamiento de Cadáver y para reconocerlo.

La criminalística Gloria Álvarez Suárez, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) escribe en su informe, en el apartado de observaciones:

“No se encuentra presente ningún familiar que identifique dicho cadáver, por lo que el C. Doctor José Antonio Martínez García, director del Hospital General Zona Sur de Puebla es quien identifica provisionalmente el cadáver, del ahora occiso, refiriendo que ingresó con el nombre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad”.

Sin embargo, en ese mismo informe pericial de Álvarez Suárez, y en otro presentado por los peritos médicos legistas y forenses Efrén Durand Aguilar y José Alberto Correa Sánchez, adscritos a la Dirección del Servicio Médico, Legal y Forense, describe que sí se avisó a la abuela de Tehuatlie en el momento del fallecimiento, aunque luego ya no se le permitió realizar el reconocimiento del cuerpo del menor.

En los informes que llevan la firma de esos funcionarios públicos y que están fechados el 22 y 20 de julio, respectivamente, describe la presencia de la abuela del menor y los últimos intentos por mantener vivo al niño, a pesar de que ya no tenía actividad cerebral:

“Nota de defunción del día 19/07/2014 a las 18:35 horas, paciente que presenta a las 18:10 horas bradicardia con parada cardiaca. Se inicia ciclo de compresiones 20 minutos, así como administración de adrenalina en dos ocasiones y bicarbonato en una ocasión, atropina en una ocasión continua con compresas en un periodo de 20 minutos sin respuesta, presentando asistolia a las 18:30 horas, corroborando eléctrica y clínicamente.

“Diagnóstico: muerte el 19 de julio de 2014, se da parte al Ministerio Público y a la abuelita…”

Familiares siempre presentes

El pequeño que pasó 10 días en agonía, de ellos cinco con muerte cerebral, ocupó la cama 10 del área de Cuidados Intensivos del Hospital General del Sur, con únicamente un escapulario con la Virgen del Carmen como posesión solitaria.

Sus familiares, de acuerdo con datos de reporteros de e-consulta y de otros medios de comunicación, estuvieron en el nosocomio día y noche y, por las denuncias que la madre realizó en el Congreso de la Unión y otras instancias, se turnó en ocasiones con la abuela de José Luis Alberto, cuyo cuerpo tuvo que esperar 17 horas para la necropsia.

El análisis arrojó como causa de la muerte el golpe que recibió el niño de un artefacto disparado por uno de los uno de los 14 granaderos o 20 escopeteros que “portaban armamento no letal”, de acuerdo con la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la que también concluyó que se trató de un “proyectil de largo alcance irritante calibre 37/38 mm CS o CN”.

Los dictámenes forenses, contenidos en el informe completo de la CNDH, que consta de 38 tomos con 19 mil 738 fojas y que está contenido en cuatro cajas, coinciden en que la muerte del menor se debió directamente al golpe en el cráneo, lo que parece un tecnicismo, pero cobra relevancia ante la versión que se dio a conocer de que la muerte, formalmente se había dado por un “paro cardiaco”.

Las conclusiones de los peritos apuntan:

“1.- La causa de muerte del menor de sexo masculino quien en vida respondía al nombre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de 13 años fue:

Hematoma subdural parieto-temporo-occipital izquierdo, hemorragia subaracnoidea y edema cerebral generalizados, fractura del cráneo lineal en parietal izquierdo, todo secundario a traumatismo cráneo encefálico”.

Este dictamen pericial, científico, con fotografías y detalle, que está contenido en el informe completo de la CNDH, echa por tierra la versión del gobierno del estado que, en medio de la tragedia, pretendió destacar que el fallecimiento había ocurrido por un “paro cardiorrespiratorio irreversible”.