Ciudad de Puebla, Pue.- Por conflictos como inseguridad, falta de obras, desvíos de recursos y hasta asesinatos, alcaldes de Puebla serán recordados una vez que concluyan sus gobiernos el próximo 14 de febrero e incluso, en algunos casos tendrán que enfrentar todavía la acción de la justicia o las sanciones que les pudieran imponer instancias estatales por los abusos cometidos durante sus administraciones.

En primer lugar se encuentra Felipe Cortés Hernández, alcalde de Guadalupe Victoria, quien por permitir una ola de delincuencia y violencia en su jurisdicción ocasionó el hartazgo de los habitantes que terminaron por incendiar la presidencia municipal y su propia casa.

Este hecho ocurrió durante la madruga del 5 de noviembre de 2013, tras el asesinato de un vecino del lugar que al resistirse a un asalto fue baleado por criminales.

La situación fue considerada por la ciudadanía como “la gota que derramó el vaso”, por lo que acudieron a la presidencia municipal para causar destrozos e incendiarla. También prendieron fuego a cuatro vehículos oficiales, además de un inmueble y un automóvil propiedad del alcalde.

Por los hechos, 5 personas fueron detenidas, señaladas como las principales responsables del incidente. Cortés Hernández se vio en la necesidad de solicitar una licencia ante el Cabildo para desprenderse de su cargo por 15 días. Tras su permiso provisional, Heriberto Vázquez Juárez fue nombrado presidente municipal interino y es quien actualmente encabeza el Ayuntamiento, ya que Felipe Cortés jamás regresó a su cargo.

Tepeaca, intento de asesinato

En septiembre de 2013, Tepeaca albergó un conflicto entre autoridades municipales, manifestantes que exigían la reparación de vialidades afectadas por las lluvias ocasionadas por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, y tianguistas que se vieron afectados por estas protestas.

La noche del 26 de septiembre se registró una trifulca en la que intervinieron personas armadas, por lo que Indalecio Centeno, hijo del ex alcalde José Centeno Reyes, estuvo a punto de ser herido, por ser uno de los involucrados en las movilizaciones.

Centeno Reyes responsabilizó directamente a su compadre, el munícipe Isauro Rendón Vargas, acusándolo de haber enviado “matones” para acabar con la vida de su hijo durante el enfrentamiento.

Rendón Vargas se deslindó en todo momento de esta responsabilidad y emprendió la inauguración de una serie de obras públicas en la cabecera municipal, así como en las juntas auxiliares, que le valieron su permanencia hasta el cierre de la administración.

Audioescándalo del edil de Tepeojuma

El munícipe de Tepeojuma, Sergio Hugo Chamol Merino, protagonizó en noviembre de 2013 un escándalo ocasionado por la publicación en redes sociales de un audio; en dicha grabación se puso en evidencia un “plan” para cubrir 11 millones de pesos, para el pago de un terreno de uso municipal.

En la conversación grabada al parecer por un regidor, es posible apreciar a Chamol Merino y algunos miembros del Ayuntamiento. El presidente pretendía justificar el pago a través de un bufete de abogados.

La publicación del audio vía redes sociales, también puso de manifiesto que el movimiento consistía en heredar la deuda a la siguiente administración, escuchándose de propia voz de Chamol Merino que no le importaba dejar este endeudamiento, pues alguien terminaría “pagando los platos rotos”.

Consciente del revuelo que produjo la grabación, el alcalde ofreció una entrevista a municipiospuebla.com.mx, en donde garantizó que no habría ninguna complicación económica para el presidente electo, Gustavo Sánchez.

Encarcelan a edil de Acatzingo

En Marzo del 2012, el presidente municipal de Acatzingo, Eliseo Zayas Jaen, fue encarcelado por presuntamente haber facilitado la huida de uno de sus escoltas que asesinó a un ciudadano en frente del palacio municipal.

De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público, el edil fue encontrado culpable de proporcionar un automóvil y un arma a José Rosendo Luis de Lima, presunto autor material de Natanael Maceda Torres.

Zayas Jaen permaneció internado en el Centro de Reinserción Social de Tepeaca, sujeto al proceso penal 70/2012/Tepeacay sin derecho a fianza; sin embargo, un año después, en marzo del 2013, un juez federal otorgó la libertad al edil, al comprobar que no existían elementos para dictarle el auto de formal prisión.

Aunque la justicia comprobó su inocencia, éste ya no volvió al cargo, por lo que David Gómez Juárez quedó al frente de la administración.

Hijo del edil de Palmar de Bravo asesina a empleado

En agosto del 2013, César Morales Cortés, hijo del presidente municipal de Palmar de Bravo, Eduardo Morales Genes, dio muerte a uno de sus trabajadores particulares por impedirle sacar un vehículo de motor, en acatamiento a las órdenes giradas por el edil.

Aunque han transcurrido más de cuatro meses desde que ocurrieron los hechos, la justicia no ha sido aplicada. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla concluyó en sus investigaciones que el munícipe sí intervino y facilitó la huida de su vástago, aprovechando su posición de autoridad.

El caso en que perdió la vida Manuel Noria Salas fue investigado por el órgano defensor de los derechos humanos, por lo que derivó en la recomendación 28/2013 emitida a mediados del pasado mes de diciembre, sin que hasta el momento la Procuraduría General de Justicia (PGJ) haya tomado acciones para la aplicación de la justicia.

Destituyen a edil de Tlatlauquitepec

Otro caso en que la aplicación de la justicia quedó en el olvido, fue la destitución del presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, ocurrida en septiembre del 2011, apenas ocho meses después de que asumiera el cargo por segunda ocasión. El Congreso del Estado halló faltas administrativas que fueron cometidas durante su primer mandato como edil, en el periodo 2005-2008.

De acuerdo con el expediente, el edil enfrentó observaciones por el ejercicio de 19 millones 422 mil pesos en el año 2006, mismos que nunca pudo comprobar, por lo que el Poder Legislativo lo inhabilitó por un periodo de 11 años y le impuso una multa de 15 millones de pesos, además de obligarlo a reparar el daño causado a las arcas municipales.

La orden del Congreso de Puebla fue burlada por Porfirio Loeza al interponer amparos, revisiones de inconstitucionalidad y recursos de revisión, ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), el propio Poder Legislativo y  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En espera de que estos recursos legales sean llevados a cabo, han transcurrido ya más de 2 años y resta prácticamente un mes para que el alcalde inhabilitado concluya su segundo mandato.