Tehuacán, Pue.- En la recta final de sus trienios, presidentes municipales de la región de Tehuacán iniciaron el 2014 con despidos de personal, a fin de enfrentar problemas financieros que arrastran desde hace unos meses para solventar gastos operativos y pagos salariales a sus trabajadores; sin embargo, los afectados ahora irán en contra de la medida tomada por los alcaldes y amagan con demandar a sus administraciones.

En esta situación se encuentra San Francisco Altepexi, San Gabriel Chilac, San Sebastián Zinacatepec y San José Miahuatlán, que dieron de baja a unos 20 empleados administrativos; inclusive, en Altepexi el recorte de personal dejó fuera de la nómina al director de Protección Civil.

Los afectados dieron a conocer que desde el pasado fin de semana ya les habían anunciado que realizarían recortes en Altepexi, situación que puso sobre aviso a los empleados que enfrentaban de por sí atrasos en sus cobros, por ello solicitaron al alcalde, Delfino Alonso Hernández, les definiera su situación laboral; sin embargo, la medida oficial concluyó con el cese del personal.

Desde unas semanas antes, el edil había anunciado que daría prioridad al mantenimiento de servicios para la ciudadanía y que aunque no planeaba un recorte de personal, tampoco descartaba la medida en caso de que fuera necesario. Finalmente, esta semana el despido se llevó a cabo.

En respuesta, al igual que en el resto de los municipios, los trabajadores despedidos en Altepexi anunciaron que iniciarán acciones legales en contra del gobierno local, al que acusaron de violar garantías individuales y por despido injustificado.

Asimismo, aunque no existe cifra oficial sobre los elementos policiacos dados de baja en esta semana, las corporaciones policiacas han informado que realizarán esfuerzos dobles para garantizar la seguridad y tranquilidad de sus demarcaciones, en tanto se realizan las transiciones de gobiernos.

Los propios elementos policiacos consideran que su despido obedece a la negativa que tuvieron para salir a trabajar durante el fin de año, ya que ante la falta de pago de sus nóminas quisieron ejercer presión a la autoridad municipal, pero el resultado fue el despido “por desacato”.

Los presidentes municipales envueltos en problemas laborales son: Jerónimo Efraín Solano Espinoza, de San Gabriel Chilac; Felipe Agustín Leyva, de Zinacatepec; Delfino Alonso Hernández, de Altepexi y Víctor Álvarez López, de San José Miahuatlán. Hasta este viernes, ninguna de las cuatro administraciones ha emitido alguna posición al respecto.

Cierres anticipados

En el último semestre del 2013, los recortes de personal fueron una constante en varios municipios, argumentando varios motivos y sin que las protestas del personal dado de baja hayan fructificado.

En la administración de Eliseo Lezama Prieto, de Tehuacán, se contabilizó la baja de al menos 20 trabajadores, incluidos 4 policías municipales, quienes acusaron falta de liquidaciones.

En Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán), el edil Raúl Zárate Mata dio de baja en un principio a una decena de sus trabajadores, argumentando que la medida era necesaria para solventar los gastos de fin de gobierno.

De igual forma, en San Martín Texmelucan, el Ayuntamiento que encabeza Teodoro Ixtlapale Caporal, un día de pronto ya no dejó ingresar a sus centros de trabajo a al menos 12 empleados, quienes colaboraban con Protección Civil y DIF municipal.

Uno de los primeros en iniciar los recortes fue el edil de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, quien a pesar de haber sido cesado de sus funciones por el Congreso del Estado, concluyó su segundo mandato como presidente municipal gracias a un recurso legal que interpuso a nivel federal. En ese municipio fueron despedidos dos directores de área y un médico del DIF, quienes consideraron su salida como una medida política por no apoyar al candidato del edil.

Casi a la par, trabajadores del municipio de San Pedro Cholula, acusaron que fueron obligados a renunciar sin recibir una justificación de por medio, y a quienes permanecieron en el cargo, la administración de Dolores Parra Jiménez los habría condicionado con un recorte salarial.