Sin embargo, Arturo Hernández Santos aceptó que es necesaria la consulta pública en los pueblos de San Pablito, Zacapehuaya y Xochimilco para que la gente decida sobre su instalación.
Arturo Hernández Santos confirmó que no tiene inconveniente para otorgar las autorizaciones. El edil fue acusado por el diputado federal, Carlos Barragán, por cobrar 2 millones de pesos para permitir la obra.
El Movimiento Cholula Viva y Digna aseguró que tiene documentos que confirman que desde junio de 2015, se negó la autorización para el proyecto en la zona arqueológica.
