Municipios Puebla

Hace un año y dos meses, un par de agentes de la Policía Estatal de manera sigilosa ingresaron a un domicilio de la ciudad de Puebla –con llaves en manos— sin que hubiera una orden judicial de por medio, sin la autorización de los propietarios y sin que existiera un llamado de auxilio. Claramente fue un allanamiento ilegal. Todo indica que los uniformados querían agredir o tal vez ejecutar a los moradores de la vivienda. Pese a que los agraviados grabaron, identificaron a los gendarmes y presentaron una denuncia oficial, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –que dirige Daniel Iván Cruz Luna— ha protegido a los servidores públicos involucrados, porque ni siquiera ha iniciado una investigación sobre lo ocurrido.

El domicilio que fue allanado por los policías está ubicado en el número 2304 de la colonia Héroes de Nacozari y los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2022.

El suceso quedó grabado por una cámara de seguridad en la que se ve cómo los policías llegaron en un auto oficial, iban uniformados, armados y con sus placas. Ambos gendarmes tenían réplicas de las llaves de la puerta principal y entraron al domicilio. Luego de unos minutos se marcharon sin llevarse nada, lo que hace suponer a los dueños del inmueble que iban con la firme intención de hacerles daño, no de robar.

En esa casa viven los hermanos Luz María y Guillermo Rodolfo Yzasmendi Arellano. El segundo de ellos se presentó, con las evidencias, un par de días después ante la Oficina de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, que se supone es la instancia que investiga la mala conducta de los policías y presentó la denuncia con el folio 48931067196881.

También acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHP) –que encabeza José Félix Cerezo Vélez— a reportar el mismo atropello. Ahí a su queja le dieron el número de expediente 4851/2022.

El pasado 21 de agosto –por primera vez– se narró el caso en esta columna periodística, haciendo énfasis en la pasividad de CDHP, ya que un año y un mes después, no había tocado el expediente, en lo que parecía ser una actitud de brindar impunidad a la Policía Estatal. Incluso al agraviado se le negó la copia del recurso que presentó.

Luego de la publicación en Cuitlatlán, hubo un par de reacciones positivas. Por una confusión, en la columna de manera equivocada se apuntó –la vez anterior– que los agentes involucrados eran de la Policía Municipal de la ciudad de Puebla y ante ello, un representante del gobierno local se puso a rastrear el caso para darle la debida atención. Al final al ayuntamiento no le corresponde intervenir, pero hubo la disposición de investigar.

La reacción más positiva provino de visitadores de la CDHP que –luego de lo publicado en este espacio– localizaron a Guillermo Rodolfo Yzasmendi Arellano, le otorgaron la copia del expediente que le habían negado y activaron la investigación sobre la queja en cuestión. El trato hacia el agraviado cambió radicalmente.

La instancia que no cambió es la Secretaría de Seguridad Pública que simplemente guarda silencio ante la denuncia que se presentó ante la Oficina de Asuntos Internos.

La CDHP en las últimas semanas le ha solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que informe sobre el caso y de la misma manera, Guillermo Rodolfo Yzasmendi Arellano ha insistido ante la SSP que le comuniquen el resultado de la investigación que ya debía haber concluido contra los policías que, de manera ilegal, entraron a su domicilio.

Frente a esos requerimientos, la SSP se ha negado a responder.

Una situación grave, pues se estaría exhibiendo que en la Secretaría de Seguridad Pública se protegen abusos y actos ilegales de los agentes de la Policía Estatal.

Crónica del allanamiento

En la columna del 21 de agosto se narró que los hechos denunciados sucedieron de esta manera:

El 27 de julio de 2022, en la casa marcada con el número 2304 de la colonia Héroes de Nacozari de la ciudad de Puebla, se observa en un video cómo llega una patrulla de la Policía Municipal (sic), que es una camioneta pick-up, para detenerse exactamente enfrente del inmueble en cuestión, sin importar que bloqueaba totalmente el paso en la calle.

El automotor oficial no llevaba prendidas la sirena y las luces intermitentes. Es decir, los tripulantes quieren pasar inadvertidos. Los oficiales que iban en el automotor son: David Miranda Gutiérrez, que tiene la placa B-329, y José Arnulfo Ángel Morales, que cuenta con la placa B-775.

Uno de los uniformados se bajó con toda calma de la camioneta, sacó unas llaves y las empezó a probar en el portón negro de la casa.

Todo parece indicar que primero quería constatar que podían abrir la puerta. Cuando llevan varios intentos probando las llaves se aparece un auto rojo, modelo compacto, cuyo conductor le toca el claxon a la patrulla para que lo deje pasar. El vehículo oficial tarda como unos 20 segundos en hacer caso al automovilista que no puede circular.

Finalmente, cuando el uniformado –que está frente a la casa– hace señas a su compañero de que ya abrió el portón, el conductor de la patrulla pone en reversa la camioneta para estacionarla, despejar la calle y dejar pasar al auto rojo.

El policía que abrió entra un poco en la vivienda. Luego regresa a la patrulla y conversa con el conductor. Después de unos segundos, ambos agentes deciden entrar juntos al inmueble. Caminan con sigilo. No desenfundan sus armas de fuego. Ingresaron con un caminar tranquilo. No actuaban como normalmente lo hacen los agentes de seguridad pública cuando alguien pide su intervención.

Al cabo de un rato, los dos uniformados salen de la casa allanada ilegalmente caminando de manera tranquila. En una actitud de no querer llamar la atención y se marchan.

¿Por qué duró poco su incursión? Porque no había nadie en la casa y por tanto, no pudieron cumplir su propósito de amedrentar, golpear o secuestrar a los moradores del inmueble.

Todo lo anterior quedó asentado en el número de expediente 548/2022 de la CDH, luego de que los propietarios de la casa, los hermanos Luz María y Guillermo Rodolfo Yzasmendi Arellano, se presentaron a denunciar la actitud ilegal de esos agentes.

Los quejosos expusieron que ellos no permitieron el ingreso a los policías. Que no hay ningún mandato judicial que justifique su presencia. Y constataron que nadie hizo una llamada de auxilio en torno al inmueble y la calle en donde ocurrieron los hechos.

 

clh