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Una de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador en la sucesión de 2024, aparte de que la 4T gane la presidencia de la República y la mayoría de las nueve gubernaturas que están en juego, es alcanzar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, como una condición para que se puedan ejecutar las reformas constitucionales –en materia energética, de seguridad nacional y electoral— que fueron frenadas en este sexenio. Siendo ese uno de varios factores que habrían incidido para bajar a María Luisa Albores González, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la contienda por la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla.

La invalidación del plan B de la reforma electoral por un controvertido fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue un detonante para que López Obrador decidiera que ahora sigue el plan C, que es alcanzar la mayoría calificada en la próxima elección y significa obtener 334 diputaciones federales, junto con 84 senadores, como mínimo.

Y ese escenario al parecer no favoreció al proyecto de la secretaria del Medio Ambiente de buscar la titularidad del Poder Ejecutivo local.

Cuando el pasado 20 de abril se hizo público el interés de María Luisa Albores de contender por la gubernatura, se despertó una ola muy fuerte de simpatías, de alegría y apoyos decididos en sectores de la población identificados con el movimiento obradorista.

Se vio como la oportunidad de que el gobierno de Puebla no queda en manos de priistas orgánicos, como son los casos del senador Alejandro Armenta Mier o del diputado federal Ignacio Mier Velazco que, aunque son miembros de Morena, toda su estructura política descansa en grupos del PRI.

Las proyecciones que se habían hecho es que María Luisa Albores por su estrecha cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, su fuerte arraigo en el movimiento de la 4T y que no carga con ningún escándalo de corrupción o abuso de poder, eran factores con los que podía fácilmente alcanzar un buen posicionamiento –en pocos meses— y ganar la nominación de Morena.

Esas ventajas, al parecer, se diluyeron ante la perspectiva de que en Puebla no solamente se necesita obtener una mayoría de sufragios para ganar la elección de gobernador, sino que se requiere asegurar una votación voluminosa para contribuir a que la coalición de partidos de la 4T consiga las dos terceras partes del Congreso de la Unión.

Una condición que únicamente se puede alcanzar con una candidatura que aglutine a todas las expresiones obradoristas, junto con estructuras de fuerzas políticas externas a la 4T, como son los amplios núcleos de militantes del PRI, en mayor medida, y del PAN, en menor dimensión, que en los últimos meses se han estado acercando por diferentes vías a los proyectos político-electorales que se están construyendo en el universo de Morena en Puebla.

La necesidad de que Puebla tenga una votación alta, no solamente para ganar el poder local, se debe a que fue el cuarto estado que más sufragios dio a Andrés Manuel López Obrador en 2018.

En aquella ocasión, la entidad poblana aportó al movimiento obradorista un millón 754 mil 596 votos, cifra que solamente fue superada por Estado de México, con 4 millones 373 mil 262 sufragios; la Ciudad de México, con 3 millones 118 mil 478 votos, y Veracruz, con 2 millones 59 mil 209 boletas marcadas a favor de López Obrador.

María Luis Albores, sin duda alguna, hubiera sido la candidata idónea para encabezar un proyecto electoral congruente con la visión obradorista del poder político y hubiera sido una muy fuerte contrincante para la oposición, pero tal vez no habría tenido la capacidad de aglutinar a fuerzas externas a la 4T.

Y al parecer, ese factor pesó mucho en los estudios de prospectiva de Palacio Nacional.

¿Cómo se alcanza esa mayoría calificada?

En las condiciones actuales, luego de ganar 22 elecciones estatales a lo largo del sexenio, hay todas las condiciones para que la 4T triunfe –en el año 2024— por segunda vez consecutiva en la disputa por la presidencia de la República. Sin embargo, no tiene asegurado el obtener la mayoría calificada en el Congreso la Unión, tal como ocurrió en el actual trienio.

La mayoría calificada en la Cámara de Diputados –que permite aprobar reformas constitucionales sin enfrentar una negociación o un freno de la oposición— necesita de 334 diputados federales y 84 senadores que, de acuerdo con el artículo 54 de la Constitución, no los puede tener un solo partido político para evitar una sobrerrepresentación.

Esto plantea que si el obradorismo quiere tener el dominio de las cámaras en el siguiente trienio necesita alcanzar entre 280 y 290 diputaciones federales, mientras que sus aliados como son el PT y el PVEM, obtener entre 44 y 54 curules.

En el primer periodo de este sexenio, entre 2018 y 2021, la 4T tuvo 332 diputados federales, lo que le llevó a hacer alianzas con opositores para alcanzar los dos votos que le faltaban en la Cámara baja.

En el segundo periodo, la situación se complicó totalmente porque los diputados de la 4T se redujeron a 292 y se cerró toda posibilidad de negociar con la oposición, cuando se trató de proyectos torales, como las reformas eléctrica y electoral.