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La misma sentencia que –el viernes pasado— expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el INAI, del que dijo: “No sirve para nada… da igual que exista o no”, se puede aplicar al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), el cual está controlado por una burocracia ineficiente y corrupta, que ha venido a debilitar el ejercicio de los derechos que se supone debe proteger.

El Itaipue lo único que ha hecho es solapar que haya mayor opacidad y corrupción en el ejercicio del poder público en Puebla. Lo mismo lo ha ocurrido con gobiernos del PAN y de Morena.

Ejemplos hay muchos, pero uno muy significativo y que es reciente es el siguiente: 13 años después de la campaña electoral que llevo al poder a Rafael Moreno Valle Rosas, un ciudadano pidió el desglose de los gastos del panista en sus actividades proselitistas del proceso electoral de 2010 y nunca le pudieron responder. El Itaipue ya decretó enterrar ese recurso, por lo que nunca se podrá conocer cuánto fue el costo de dicha campaña y cómo se distribuyó el dinero.

Hay algo elemental que lo dice todo: actualmente hay 4 mil 451 recursos de revisión pendientes de resolver –es decir quejas por la falta de respuesta a una solicitud de información–, así como enormes listas de cientos de sujetos obligados a acatar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a los que se les debe revisar periódicamente si cumplen con la legislación en cuestión, resultando que, para todo ese brutal trabajo, el Itaipue apenas tiene una plantilla de 34 trabajadores.

Esos 34 trabajadores, más tres comisionados que presiden el Itaipue, apenas cubren una insignificante labor que debe cumplir el instituto.

Eso permite vicios de discrecionalidad y falta de cumplimiento de las normas. Al final no hay personal para hacer todo ese trabajo.

Estos son tres vicios que se derivan de esa grave deficiencia:

Primero: las quejas que hay contra servidores públicos que no acatan el derecho a la información se acumulan por no haber personal para analizarlas y dictaminarlas.

Y los casos que si son sujeto de análisis, por lo general, se examinan con superficialidad y casi siempre, acaban declarados sobreseídos los expedientes, por lo general a favor de instancias del gobierno del estado.

Segundo: no hace mucho se documentó que de la mitad de los servidores públicos que fueron objeto de extrañamientos por no cumplir la Ley de Transparencia, no se les aplicó ninguna sanción.

Muchos de los implicados se dieron el lujo de ser reincidentes, bajo la idea de que no les pasa nada el no cumplir con el derecho a la información.

Tercero: hay una absoluta discrecionalidad para que ciertos sujetos obligados a cumplir con las reglas de transparencia sean objetos de revisión y otros, simplemente no se les toca con “el pétalo de una rosa”.

Hay sujetos obligados que, contra toda lógica, han sido inspeccionados dos años seguidos. Otros sujetos, en el mismo bienio, nunca han sido revisados. Eso muestra que hay criterios selectivos para “molestar a unos” y “proteger a otros”.

Una muestra clara de los anterior es lo siguiente:

En 2020 y 2021, se encontró que en ambos años se revisaron las publicaciones de los ayuntamientos de: Acteopan, Atzala, Camocuautla, Coyotepec, Cuayuca de Andrade, Cuyoaco, Francisco Z. Mena, Honey, Jalpan, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Petlalcingo, San Diego La Mesa Tochimiltzingo, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santa Inés Ahuatempan, Teotlalco, Tepemaxalco, Tlaltenango y Zacapala.

En contraste, se encontró que 102 sujetos obligados no han sido verificados en ninguno de los procedimientos de los últimos dos años, la mayoría de las dependencias del gobierno del estado.

Esta es la lista de los sujetos obligados que “no fueron molestados”: las secretarías de Salud, Gobernación, Desarrollo Rural, Seguridad Pública, Planeación y Finanzas, y de la Función Pública del gobierno del estado.

También aparecen: la Auditoría Superior del Estado, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, el Instituto Electoral del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, así como diversos institutos tecnológicos.

Queda claro que, por el monto de manejo presupuestal y la trascendencia de su labor, los segundos tendrían que ser objeto de mayor escrutinio, por encima de los primeros.

Pero la opacidad del Itaipue no lo permite.