Municipios Puebla

Desde hace cinco años, el tema de la desprivatización del agua en Puebla y los abusos de la empresa Concesiones Integrales (CI) se ha convertido en el más atractivo y lucrativo de las campañas electorales, pero al mismo tiempo es la promesa más incumplida, olvidada e incluso hasta negada, por todas las fuerzas políticas.

Eso hace suponer que hay un poder corruptor que se ha encargado de disuadir todo intento, desde las esferas gubernamentales y legislativas, de tocar en lo más mínimo la concesión del agua potable, que se otorgó en 2014 por el entonces mandatario panista Rafael Moreno Valle Rosas y que contó con el aval del Congreso local, así como la complacencia del presidente Enrique Peña Nieto.

Mier Velazco dijo que llegó el momento de estudiar la pertinencia de cancelar la concesión del agua por el mal servicio que presta. Una declaración poco congruente si se parte que fue uno de tantos políticos supuestamente opositores al PAN que, en su oportunidad, guardaron un silencio cómplice con Rafael Moreno Valle Rosas cuando entregó el control del líquido a una empresa de la que, hasta la fecha, se ignora quiénes con los propietarios.El caso más patético fue el de Armenta, quien primero se pronunció por que el Senado de la República analice los abusos de Concesiones Integrales y un día después reculó en su posición, al indicar que sería muy costoso eliminar el contrato de CI.

El comportamiento de Armenta exhibe, por enésima vez, que CI tiene el dominio, la influencia o la manera de amedrentar a todo gobierno o político para evitar que se metan con el titulo de la concesión del agua, que es un jugoso negocio de muchos miles de millones de pesos.

Una situación que quedó exhibida en octubre de 2020, cuando recién arrancaban los gobiernos de Morena, del ámbito federal, del estado de Puebla y de la capital, en donde estaba fresca la promesa de las campañas morenistas de que el agua regresaba a manos del poder público y se le quitaba al capital privado. En esa ocasión, un alto funcionario de CI, se ufanaba de que: aunque se escuchaba fuerte y claro un discurso persistente contra Concesiones Integrales, se tenía todo arreglado para “no pasará nada… es el mismo cuento de siempre”.

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Esa aseveración se hizo ante ejecutivos de CI y quien la pronunció fue Héctor Durán, el director general de Concesiones Integrales, de acuerdo con una grabación que en esa fecha se le hizo llegar a la Asamblea Social del Agua.

Durán decía muy confiado:

“Van a escuchar todas esas frases y esas palabras que ya conocen, pero no hay nada de fondo ni que me preocupe en el aspecto de que nos puedan quitar”, afirmó.

Presumió que se tenía una “muy buena relación con el gobierno, que fue muy claro al decir que mientras trabajemos bien no nos va a quitar el contrato”.

Expuso su confianza: “No tiene –el gobierno del estado– la capacidad ni financiera ni técnica de tomar un proyecto tan grande como es la administración del servicio del agua en la capital y 25 municipios aledaños”.

Y esas palabras, para vergüenza de la realidad política de Puebla, se han hecho realidad.

En la campaña electoral de 2018, la entonces candidata del PAN a la gubernatura, Martha Erika Alonso Hidalgo, en algún momento, desesperada porque el albiazul iba perdiendo en las encuestas electorales, ofreció revisar el contrato de CI, pero advirtió que echar abajo la concesión costaría 3 mil millones de pesos y no había capacidad de pagar ese monto.

Los entonces aspirantes de Morena a la gubernatura y la alcaldía de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta y Claudia Rivera Vivanco, respectivamente, junto con todos los que buscaban una diputación local, dijeron que si había posibilidades de acabar con la privatización del agua y que era mentira la penalización que mencionaba Martha Erika Alonso.

Ya en el poder, Luis Miguel Barbosa por momentos fue crítico de CI y luego acabó diciendo que era imposible, desde el ámbito jurídico, acabar con la privatización del agua.

Claudia Rivera primero se olvidó del tema y dijo que era una labor del Congreso. Retomó el asunto del malestar social del agua hasta el final de su gestión, sin ningún efecto legal.

Los diputados locales de Morena, como “el tío Lolo”, se hicieron tontos e ignoraron el asunto. Luego llegaron al extremo de legalizar los cortes de agua a favor de CI y aumentar las tarifas del servicio.

El morenista Gabriel Biestro, cuando era presidente del Congreso, puso una fecha exacta para iniciar la demanda para tirar la concesión del agua y después fingió amnesia y se olvidó de lo anunciado.

Eduardo Rivera Pérez, en la campaña electoral de 2021, con mucho tiento, ofreció revisar el papel de Concesiones Integrales. Cuando el panista se volvió edil de la capital del estado dijo que es una responsabilidad del Congreso local.

Mientras entre la población crece la rabia contra Concesiones Integrales, a los políticos, de todos los partidos, algo les dan para que finjan enojarse por el tema del agua y al final no hagan nada al respecto.

Frente al poder seductor de Concesiones Integrales se aplica el refrán: en política, lo que no tiene lógica, suena a negocio.