Municipios Puebla

La galopante corrupción que se vive en el Registro Agrario Nacional (RAN) se ha denunciado, mediante protestas sociales, por lo menos en cuatro ocasiones en los últimos dos años, sin que nadie haga algo. Por el contrario, los montos de extorsión se han incrementado hasta en un 10 mil por ciento por parte de una afianzada estructura de empleados surgidos de las administraciones del PRI y del PAN, y que el gobierno de la 4T no ha querido o no ha podido combatir en lo más mínimo.

El RAN es un organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que se hace cargo del control de la tenencia de las tierras ejidales y comunales. En su página oficial hay una declaración de principios que resulta hilarante, por su desapego a la realidad, que dice:

“Nuestra visión. El Registro Agrario Nacional, es una institución de vanguardia con personas servidoras públicas comprometidas que, haciendo uso de las tecnologías de la información, brinden atención profesional y oportuna a los sujetos agrarios, para contribuir a la planeación del desarrollo sustentable y el acceso igualitario al bienestar social”.

La realidad es que, entre domingo y jueves de cada semana, a eso de los 8 de la noche, siempre llegan grupos de campesinos a instalarse afuera de las oficinas del RAN, ubicadas en la 49 poniente, entre las 5 y las 7 sur, para desde esa hora empezar a hacer una fila que se prolonga hasta las primeras horas del día siguiente, sin importar si llueve o hace frío, si hay borrachos, ladrones o policías corruptos merodeando la zona.

Todo eso es para que, si se tiene mucha suerte, a los primeros de la fila les toque algunas de las pocas fichas para tener la oportunidad de hacer los trámites que tienen encomendados los campesinos, que por lo general habitan en comunidades que están a dos, tres, cinco o diez horas de distancia de la capital.

A otro muchos de la fila, les dan un turno que estipula tiempos de espera de tres a seis meses, para que los atiendan. Como si la vida fuera eterna.

Esas complicaciones ocurren de manera deliberada, según lo que narran fuentes bien informadas, para que entre en acción un grupo de “abogados”, o mejor dicho “coyotes” o en una definición más exacta “abogánsters”, que se acercan a los labriegos y les ofrecen un turno para que les reciban los papeles y sobre todo, les resuelvan los trámites, por una cantidad que oscila entre los 9 y los 11 mil pesos por cada grupo de campesinos.

Se dice que por medio de esa vía de dádivas se tramitan entre 10 y hasta 20 turnos por día. Lo que significaría ganancias van desde los 90 mil y hasta los 220 mil pesos diarios, o hasta un millón de pesos a la semana, para una red de funcionarios corruptos.

¿Esa es una institución de vanguardia, con personal comprometido con las causas agrarias?

¿Para que demonios se usa las tecnologías de la información si al final se tiene que hacer una tortuosa e indignante fila, que acaba en un vulgar acto de extorsión?

Por eso la declaración de principios del RAN sirve para reír o soltarse a llorar por sus ingenuas ideas.

Lo sorprendente es lo siguiente: esta trama de engaños y cobros indebidos, se exhibieron por primera vez en noviembre del año pasado, en este mismo espacio periodístico. Con una diferencia fundamental: en aquella época el precio del soborno era de 3 mil pesos para lograr un turno en el RAN.

Y aunque parezca asombroso, hace tres años, el cobro ilegal era de apenas 500 pesos. Es decir, la corrupción en el RAN de Puebla se encuentra en una curva de crecimiento exponencial, sin que nadie ponga algún freno o remedio.

Antes de la emergencia sanitaria del Covid-19, iniciada en marzo de 2020, en el RAN funcionaba bien un sistema de cómputo que otorgaba citas a los ejidatarios o comuneros, sin necesidad de hacer largas y tardadas filas. Y la duración de los trámites se habían acortado en mucho.

Sin embargo, la crisis del Covid-19 frenó el funcionamiento del RAN y las citas se redujeron al mínimo. Fue entonces cuando un grupo de funcionarios se percató que podía traficar con los lugares de espera y se empezaron a cobrar moderada coimas de apenas 500 pesos.

Un año más tarde se aumentó a mil 500 pesos, lo que ya empezó a generar un fuerte enojo de los campesinos abusados. No obstante, los funcionarios del RAN –que no son todos, sino una mafia especial—se dieron cuenta que nadie intervenía a favor de los quejos, nadie del gobierno federal.

Así llegaron al nivel del año pasado, de pedir “moches” de 3 mil pesos, lo que derivó en tres protestas sociales, con cierres de calles y denuncias periodísticas, pero a la vuelta de los días no pasaba nada.

Ahora la ambición desmedida hace que ya se cobren 11 mil pesos. Y seguramente esa cantidad va a ir al alza, porque nadie de la 4T mete las manos a favor de los campesinos maltratados, timados, engañados por el RAN en Puebla. Y eso que se vive la época de “primero los pobres”.

Se sabe que atrás de esa red de corrupción hay un grupo de funcionarios que ingresaron al gobierno federal durante los sexenios del panista Felipe Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto, y mediante el Servicio Civil de Carrera, se quedaron con plaza y son inamovibles, aunque ahora esté el gobierno de la 4T.

A lo anterior se debe sumar que la delegada del RAN, Nora Estela Esquitín de la Madrid, es el personaje más escurridizo del gobierno federal en Puebla. No atiende a los campesinos. Tampoco a los trabajadores del Registro Agrario Nacional, a excepción de los que son de su círculo más cercano. Mucho menos a la prensa.