Tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador en el nido de corrupción en que se han convertido los órganos locales electorales.
Puebla, como siempre, en los grandes eventos y su Tribunal Electoral del Estado se encuentra sumergido en ese modelo que defenestra la Cuarta Transformación.
Denuncias de solicitud de moches para acelerar expedientes, marrullerías en la elaboración de sentencias y, sobre todo, arrogancia y opacidad es lo que se padece en el TEEP.
Ya ni hablar del Instituto Estatal Electoral que sirvió como brazo ejecutor para los fines siniestros del morenovallismo. López Obrador siempre supo que el IEEP fue el responsable del robo del triunfo de Miguel Barbosa (qepd) en 2018.
Su plan, desaparecer a los órganos locales electorales, ya no se pudo concretar, por lo que sabe que eso le cobrará factura a la 4T, porque perduran las artimañas.
Hoy existen tres responsables: las y el magistrado Idamis Pastor Betancourt, Norma Angélica Sandoval e Israel Argüello Boy, particularmente, quien lejos de responder al interés electoral y aplicación de la Ley es títere de un personaje que presume formar parte del legado barbosista.
Sí, Juan Pablo Cortés, quien hoy labora como director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, pero se siente, desde la llegada del barbosismo al poder, el Eukid Castañón para hacer y deshacer en los organismos.
Laboró en la Cámara Alta del Congreso de la Unión con el entonces senador Luis Miguel Barbosa, quien siempre creyó en su lealtad, pero Cortés jamás le contó de sus encuentros con los enemigos del mandatario, a quienes hoy ha ido a ofrecer sus servicios.
Dice que Barbosa siempre le pidió que formara familia para trascender en la política, no le hizo caso hasta que se le metió la idea de ser legislador. Ya contrajo nupcias con la subdelegada del Bienestar en Teziutlán y hasta llevó de padrino al secretario de Gobernación, Julio Huerta y el alcalde teziuteco, Carlos Peredo.
Por lo pronto, desde la dirección de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento hace pingües negocios con alcaldes, mediante el cobro de su 10 por ciento, por atender los problemas de letrinas, drenaje y plantas tratadoras en los pueblos. Asunto que no tarda en estallar.
Ya le había comentado hace semanas que Cortés operaba con el exsíndico municipal de Claudia Rivera, Gonzalo Castillo, temas de interés de este grupo, y ahora busca el regazo de otros aspirantes a la gubernatura: Ignacio Mier, Alejandro Armenta y Rodrigo Abdala.
El problema para Cortés es que pierde de vista la máxima del poder:
Se puede ocultar la mano que roba, pero no la que gasta.
Y su vida económica florece y más.
