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La demanda de amparo en contra de la designación de Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador sustituto de Puebla fue desechada hace unos días. Lo que llama la atención es que no había solidez en los argumentos que se esgrimieron y hasta cierto punto, tampoco hubo seriedad de quienes la interpusieron, pues uno de los dos abogados que intervinieron no presentó su cédula profesional. Esto permite suponer que la verdadera intención de ese recurso legal fue solamente causar ruido mediático, que realmente cuestionar el proceder jurídico del Congreso del estado en el nombramiento del actual titular del Poder Ejecutivo.

El juicio de amparo 2309/2022-V se interpuso el 28 de diciembre del año pasado por el ciudadano Jesús Arturo Beltrán Salgado, quien estuvo representado por los abogados Rocío García Romero y Máximo Javier Castillo Flores.

De los dos litigantes, se advierte en una parte de la resolución –ver la imagen— de dicho recurso legal, que Rocío García si acreditó ser abogada y el segundo de ellos, Máximo Javier Castillo, no presentó su cédula profesional, que hoy es un requisito indispensable para que prospere una demanda.

Los argumentos por lo que se pedía invalidar la designación de Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador sustituto, en lugar del finado Luis Miguel Barbosa Huerta, eran dos:

Primero se acusaba que la sesión del 15 de diciembre de 2022 del Congreso local, en la que se designó al actual titular del Poder Ejecutivo, se violó el artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo porque en esa asamblea únicamente se podían discutir y aprobar asuntos enlistados con 24 horas de anticipación y eso no habría ocurrido con el nombramiento del nuevo mandatario.

Por tanto, se pedía declarar inconstitucional la sesión legislativa en cuestión y dejar sin efecto la votación de los diputados locales.

El segundo argumento es que no hubo una convocatoria pública estableciendo los requisitos específicos de quienes aspiraban a ser electos como el gobernador sustituto que ocupara el cargo que quedó vacante por la muerte de Luis Miguel Barbosa, la tarde del 13 de diciembre de 2022.

Diputados consultados consideraron que ambos argumentos carecen de solidez, sobre todo el segundo, toda vez que la Constitución de Puebla no establece que debía haber una convocatoria pública para elegir al gobernador sustituto y en cambio, la carta magna si indica que ante la ausencia definitiva de un titular del Poder Ejecutivo se debe elegir “en lo inmediato” a un relevo.

El tema de la demanda de amparo se conoció por medio del contenido de una columna aparecida en un medio de comunicación nacional.

Luego de ese trascendido, el gobernador Sergio Salón Céspedes señaló como supuestos autores de esa demanda de amparo al coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, y al exlegislador del Partido Encuentro Social y exsecretario de Gobernación Fernando Manzanilla Prieto. Los dos aludidos negaron estar atrás de dicho recurso legal.

Más allá de quien sea el verdadero autor de esa fallida demanda de amparo, por ahora el único que se percibe que resultó damnificado por la designación de Céspedes Peregrina al frente del gobierno estatal es efectivamente es Ignacio Mier Velazco, quien tiene una alianza política con Fernando Manzanilla.

Para Mier era fundamental que el nuevo titular del Poder Ejecutivo poblano no fuera parte del grupo político de Luis Miguel Barbosa Huerta, siendo esa la razón por la que utilizó su influencia en el ámbito federal para intentar que el nuevo gobernador fuera de otra corriente política, empresa en la que fracasó.

La razón es muy clara: Mier está urgido que se desactiven los procesos legales –que se iniciaron durante el mandato de Luis Miguel Barbosa Huerta— en contra de integrantes de su familia y de su grupo político, que ponen en riesgo el proyecto de convertirse en el candidato de Morena a gobernador de Puebla.

Sergio Céspedes es poco probable que pueda influir en la designación del próximo abanderado de la 4T a la gubernatura de Puebla en la sucesión de 2024, ya que la decisión se tomará en Palacio Nacional, pero si puede evitar que alguien llegue a la nominación. Como es hacer que procedan los recursos legales contra miembros del círculo político de Mier Velazco.

O eso es por lo menos, lo que por ahora se percibe.