Municipios Puebla

A espaldas de los más de 15 mil comerciantes que ahí laboran semanalmente, la edil de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarún, desde principios de este año viene maquinando un plan –que está a punto de ejecutar— con el que revendería al mejor postor las 30 hectáreas del tianguis de esta ciudad, que está ubicado en terrenos de San Lucas Atoyatenco y está considerado el más grande de México. Su proyecto lo quiere llevar a cabo sin importar que pone en riesgo la existencia de dicho centro de abasto.

En ese tianguis laboran unas 30 mil personas, entre comerciantes, estibadores y encargados de diferentes labores. Surgió en 1994, cuando con el uso de la fuerza pública se obligó a miles de vendedores –que realizaban su actividad en las calles céntricas de la ciudad— a ocupar esos predios, lo que provocó un mar de litigios, entre un grupo de ejidatarios que reclamaban no haber sido indemnizados y dos inmobiliarias que dicen ser las propietarias de los predios.

Aunque intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nunca se ha encontrado una solución de fondo a la disputa de las tierras.

Norma Layón a principios del presente año empezó a diseñar un plan para el tianguis, el cual consiste en lo siguiente, de acuerdo con la versión de quienes conoce el planteamiento:

Si no acepten los dirigentes de las agrupaciones, entonces se ofrecerían fracciones del terreno a cada uno de los pequeños vendedores, bajo la propuesta de que les van a escriturar los predios y ya serían de su propiedad.

Y si los pequeños vendedores no quieren adquirir los predios o no pueden pagarlos, entonces el área en cuestión se pondría a subasta para que la compre cualquier particular interesado.

Quienes conocen del proyecto comentan que es un pésimo esquema, al advertir que va a provocar que se tripliquen los precios de los terrenos.

Eso se debe a que el ayuntamiento está reconociendo como propietarios a dos inmobiliarias y estás van a plantear un precio de cada terreno, por encima del valor que proponga el ayuntamiento, y después quien compre cada predio seguramente lo buscará revender más caro, sobre todo si es alguien que adquiere la propiedad por medio de la subasta.

Es un esquema que genera la sospecha de que, en lugar de estarse buscando una solución de carácter social a los problemas del tianguis, los involucrados estarían viendo la oportunidad de hacer negocios, tanto en el ámbito de los funcionarios municipales, como de los empresarios inmobiliarios que intervendrían.

El plan ya estaba listo para ejecutarse en septiembre pasado, cuenta una fuente autorizada. Pero el conflicto que provocó el desplome de un tanque de agua en San Baltazar Temexcalac –que ocasionó la muerte a dos personas— un par de días después de que Norma Layón inauguró la remodelación del depósito –que en realidad era una estructura oxidada e inservible–, vino a frenar temporalmente el tema de la reventa del tianguis de San Martín Texmelucan.

Se sabe que el proyecto se intentará ejecutar el próximo mes, para que el proceso de venta de los predios del tianguis pudiera culminar en el primer trimestre de 2023.

El proyecto de la edil Norma Layón tiene tres peculiaridades muy graves:

Primera: hasta la fecha, el tema no ha sido comunicado a las organizaciones de tianguistas. Es decir, a los principales actores del centro de abasto no se le toma en cuenta por parte del gobierno de la edil de Morena.

Segunda: no se acata el fallo que la SCJN emitió en su momento –mediante un proyecto que elaboró el entonces ministro Mariano Azuela— donde estableció que, el ayuntamiento de San Martín Texmelucan –desde la década de los años 90— fue el responsable de todos los conflictos en el tianguis, por lo cual está obligado a erogar una partida presupuestal para pagar daños y prejuicios a los afectados.

En ningún momento –en la sentencia de la SCJN– se establece que la solución es comercializar dicho centro de ventas.

Tercera: el ayuntamiento de San Martín Texmelucan actúa con insensibilidad y dolo contra los comerciantes.

Las personas que venden en el tianguis son pequeños introductores de ropa, calzado, ganado, alimentos, artículos de belleza y de limpieza, entre otras mercancías. Por lo general son familias que se la pasan saltando de un tianguis a otro, en Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, el estado de México y Veracruz.

Y vienen de enfrentar una severa crisis de dos años de pocas y a veces nulas ventas, por la emergencia sanitaria del Covid-19. Por tanto, pareciera que el proyecto de Norma Layón es un intento de dejar fuera a la mayor parte de los 15 mil comerciantes que llegan cada semana.

Por lo que el proyecto de la edil Norma Layón se percibe abusivo, fuera de la realidad y clasista, porque atenta contra los intereses de comerciantes pobres.

Una vergüenza viniendo la propuesta de un gobierno de Morena que supuestamente antepone el principio de “primero los pobres”.