Municipios Puebla

Con varios días de atraso, este lunes por fin se podría publicar la lista de ganadores de la contienda interna de Morena –ocurrida los días 30 y 31 de julio–, la cual pende de un alfiler, pues todas las irregularidades que hubo antes, durante y después de las votaciones anticipan que el proceso electoral acabará en los tribunales y desde ahora, empieza a crecer la percepción de que se podrían anular los comicios y convocarse a plebiscitos extraordinarios.

Se sabe que este fin de semana ha iniciado un intenso cabildeo entre la cúpula nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado, y miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para conocer los alcances de las posibles impugnaciones que se van a presentar y hasta donde podrían ser motivo para anular las recientes votaciones.

También se sabe que en los próximos días habrá un dialogo entre los gobernadores morenistas y Mario Delgado Carrillo para buscar, que en aquello estados en donde gobierna Morena, como es el caso de la entidad poblana, se busque generar negociaciones políticas para evitar lo más que se pueda la presentación de demandas de nulidad ente el TEPJF.

Y también, porque se habrían estado haciendo últimos acomodos en las actas de escrutinio de los centros de votación y las constancias de ganadores, para que estas coincidan. Lo que se busca es que ganen perfiles que sean favorables a Mario Delgado y los gobernadores.

Al final, no es nada exagerado cuando se afirma que la elección de Morena acabó siendo una copia de las clásicas estrategia de alquimia electoral del PRI.

Cinco argumentos de nulidad

En opinión de expertos en derecho electoral hay cinco causales que ya tienen a Morena al borde de un nuevo fracaso para designar a sus órganos de gobierno y de dirección en todo el país. Estos son los principales argumentos:

Una razón muy poderosa para anular el proceso electoral es que el partido nunca tuvo la capacidad argumentativa para definir por qué se aceptó el registro –de candidatos a consejeros nacionales o estatales– de algunos aspirantes y por qué se rechazó el de otros.

Pareciera, que el único argumento que dominó fue el eliminar los perfiles que no convenían a gobernadores, dirigentes o legisladores morenistas. En ese sentido, hay muchas impugnaciones de aspirantes indicando que no se les dio una razón válida para negarles el derecho de contender.

Otro argumento de mucho peso es que hay un número importante de autorizaciones de candidaturas de personajes que venían de militar –recientemente—en distintas fuerzas políticas, cuando el estatuto de Morena es muy claro, para los cargos de dirección, no se pueda admitir a ex integrantes de otros partidos, aunque hayan renunciado por escrito a los mismos.

El tercer argumento es que la convocatoria de la contienda no se publicó en las lenguas de los pueblos originarios, lo que constituiría un acto de discriminación para las comunidades indígenas del país.

Aunque se instalaron un número muy grande de centros de votación, éstos no estuvieron adecuadamente distribuidos, pues en municipios rurales o indígenas se colocaron casillas que para muchos militantes significaba una distancia de tres a cinco horas de camino o carretera, siendo un segundo factor discriminatorio, al significar que no a todos los miembros del Partido de Regeneración Nacional se les dio las mismas oportunidades de ejercer su derecho a sufragar.

Y un quinto factor, son todas las acusaciones de acarreo de simpatizantes de Morena y sobre todo, la compra de votos. Aunque parezcan causales graves, no lo son, pues siempre es muy complejo demostrar le entrega de dinero o bienes materiales a cambio de sufragar por cierta opción política.

Se necesita demostrar el origen del dinero empleado, cómo se entregó y de qué forma se manipuló la votación. Esas acusaciones pocas veces llegan funcionar en elecciones constitucionales o en los procesos internos de los partidos, porque se deben entregar pruebas precisas y contundentes. Algo que suena casi imposible.