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Un hecho inaudito en el Instituto Estatal Electoral (IEE): durante el periodo morenovallista y siendo Jacinto Herrera Serrallonga presidente del organismo –entre los años 2015 y 2019–, hubo un funcionario que entró a laborar y hasta ahora se descubre que, carece del titulo y la cédula profesión de contador público. Lo más grave es que ese personaje es parte de la Contraloría Interna del IEE, que se supone es la instancia que vigila el gasto y el cumplimiento de las normas.

Tal situación mete en un brete a la Contraloría del IEE y a su titular, Ignacio López Caso, porque pone en evidencia que solaparon una violación a la normatividad que rige al órgano que funge como arbitro de los comicios locales.

Más grave resulta que tres consejeros electorales, Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga, Susana Rivas Vera y Juan Carlos Rodríguez López, quienes son integrantes de la Comisión Especial para Atención de Denuncias Administrativas, habrían encubierto a la Contraloría para que no realizara la investigación sobre la presencia de un funcionario que no cumplía con la regla de tener titulo profesional.

Este asunto se puso al descubierto porque el pasado 31 de marzo el ciudadano Arturo Villarreal Juárez presentó ante la Oficialía de Partes del IEE una denuncia contra el personal de la Contraloría Interna y la Unidad de Formación de Desarrollo, en donde se puso en evidencia lo del funcionario que no cumplió con el requisito legal para ser contratado por el instituto.

Dicha situación plantea varias preguntas:

¿Cómo alguien pudo entrar a trabajar al IEE burlando los filtros de seguridad que se aplican para garantizar que el personal cumpla con los requisitos de ley?

¿Por qué hasta ahora se dan cuenta que la persona en cuestión no tiene el grado académico que reportó?

¿Qué pasó con los consejeros electorales que supuestamente vigilan el funcionamiento de la Contraloría Interna del IEE?

La respuesta es muy sencilla:

Ante los problemas que enfrentó el IEE en el proceso electoral de 2021, en que hubo muchas controversias, el presidente del instituto, Miguel Ángel García Onofre, decidió instituir la Comisión Especial para Atención de Denuncias Administrativas el 11 de noviembre del año pasado.

Es decir, se creó una instancia –supuestamente independiente— para supervisar al órgano que tiene la función de vigilar que se cumplan las normas, que es la Contraloría Interna.

Lo que podía haber sido una buena idea para intentar revertir los problemas que enfrenta el IEE, ocurrió todo lo contrario.

Esa comisión especial integrada por los consejeros electorales Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga, Susana Rivas Vera y Juan Carlos Rodríguez López, se acabó convirtiendo en una especie de “club de Tobi”.

Para empezar los tres consejeros al parecer mantienen una relación de amistad con el contralor Ignacio López Caso, por lo que han sido omisos con el desempeño de este funcionario y se ha evitado toda revisión al cumplimiento de sus deberes.

Y una situación todavía más cuestionada, es que ha trascendido que los tres consejeros en algunos asuntos de quejas contra el IEE se muestran duros, intransigentes y excesivamente escrupulosos. Lo cual es un comportamiento correcto.

Pero en otros asuntos, se muestran laxos, “se hacen de la vista gorda” o actúan con desinterés para que no se investiguen ciertas quejas. Situación que es reprobable.

Al final lo único que se exhibe es que los consejeros estarían vinculados a los intereses de algunos partidos políticos o de ciertos funcionarios del IEE. Por eso la comisión que encabezan ni es independiente ni ha logrado frenar los escándalos internos del Instituto Estatal Electoral.

Ahora surge un dilema: la Contraloría Interna y los miembros de la flamante Comisión Especial para Atención de Denuncias Administrativas están obligados a investigar y sancionar, en caso de ameritarlo, al funcionario que habría mentido en no tener el grado académico reportado. Esta situación es un conflicto de intereses, ya que los involucrados fungirían como juez y parte: por un lado, permitieron la anomalía en cuestión y ahora, son los que deben sancionarla.

Lo procedente es que mejor intervenga el Congreso local, pues corresponde a los diputados locales designar a los titulares de los órganos internos del IEE, entre ellos al contralor.

Por cierto, también hay el rumor de que el contralor del IEE, Ignacio López Caso, no habría sido ratificado en el cargo.

Y ese pequeño detalle tampoco fue percibido los consejeros electorales que iban a cuidar que se atendieran las quejas contra el IEE.