Municipios Puebla

El área más vulnerable del gobierno de Eduardo Rivera Pérez es sin duda la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SGDU) por ser la dependencia en que se han generado los tres o cuatro asuntos más controvertidos de la actual administración municipal de la capital, pero también por la manera en que se conduce la SGDU –cuyo titular es Michel Chaín Carrillo–, la cual en lugar de ser la oficina reguladora del desarrollo urbano de la ciudad, parece ser la ventanilla de gestión de los negocios que se hacen con los fondos del erario de la ciudad de Puebla.

El problema de la SDGU radica en que los dos funcionarios más importantes, Michel Chaín Carrillo y Arnulfo Aurioles Gamboa, el director de Desarrollo Urbano, no son urbanistas y no tienen una visión en ese sentido. El primero fue un fallido candidato a la gubernatura de Puebla y el segundo, viene con oscuro historial como funcionario público, pues estuvo involucrado en graves escándalos de corrupción.

En cada gobierno municipal de Puebla, del PRI, el PAN o Morena, siempre ha habido una especie de contrapeso entre el titular y el director de desarrollo urbano. Invariablemente hay un experto urbanista como cabeza de la dependencia o en la segunda posición, que se combina siempre con un político que está en alguno de esos dos cargos.

Es necesario que exista ese equilibrio entre un político y urbanista en la SGDU. Ahora por primera vez los dos principales funcionarios de esa área, Chaín y Aurioles, son personajes sin la preparación académica y la experiencia profesional necesarias. En lo poco que lleva el actual ayuntamiento se ha percibido todo lo contrario, ambos servidores públicos están implantando una política anti-urbanista.

Ejemplos de su mal desempeño: son los responsables del escándalo de proponer que la concesión de la publicidad en los parabuses dure 10 años, dos veces más que el actual periodo gubernamental. También impulsan el proyecto de construir 4 mil viviendas a lo largo del trienio, sin primero elaborar una planeación urbana. Tampoco movieron un dedo para evitar que un particular fraccione el cerro de Amalucan, sin importar que es una de las escasas áreas protegidas de la capital.

Todo lo que pasa en la SDGU parece que sea palomea en función de garantizar la realización de negocios, en lugar de evaluar el impacto que esos proyectos van a provocar a la ciudad, a la población, al crecimiento de la urbe y todos los componentes de la dinámica urbana, como es la movilidad, la sustentabilidad ambiental, el uso de espacios públicos y la inclusión de grupos vulnerables de la sociedad poblana.

Michel Chaín Carrillo es economista y maestro en negocios internacionales. No tiene un solo estudio relacionado al desarrollo urbano, ni experiencia alguna. Presume –o mejor dicho hace el ridículo—que fue secretario del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del gobierno del estado, cuando apenas duró menos de 10 días en el puesto, al esfumarse su nombramiento por la muerte de la entonces gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, el 24 de diciembre de 2018.

Aunque fue funcionario desarrollo económico y del trabajo en los distintos gobiernos de José Antonio Gali Fayad, siempre se le vio como un personaje que pasó por distintos cargos públicos por ser un político que era utilizado para los fines particulares de Rafael Moreno Valle Rosas, en la época en que controló el Poder Ejecutivo de Puebla.

Una prueba es que en 2018 fue candidato del PVEM a la gubernatura de Puebla y tuvo una pobre, mejor dicho, penosa participación. Hubo cinco competidores y el quedó en cuarto lugar, con una pírrica votación. En la campaña se dedicó a atacar al entonces candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta, y a favorecer a la aspirante del PAN, Martha Erika Alonso.

Sin ser panista ni experto en desarrollo urbano, en el gobierno de Eduardo Rivera lo han incorporado como titular de la SGDU como un asunto de “amiguismo” o de evitar poner a un funcionario competente, como una manera de garantizar la realización de negocios privados desde la esfera pública municipal.

El caso más grave es el de Arnulfo Aurioles Gamboa quien en 2014 era funcionario de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la gestión de Gabriela Cuevas, cuando esta era panista y no era parte de la 4T. En ese año se sancionó el fraude de la empresa TAO, una compañía que se contrató por 15 millones de pesos para realizar estudios estadísticos sobre las obras y labores de gobierno en esa demarcación. Nunca se pudo demostrar el trabajo de esa compañía que cobró hasta el último centavo.

Por ese asunto Arnulfo Aurioles estuvo inhabilitado dos años del servicio público, junto con Luis Barajas, Fernando Zepeda y Eustaquio Trejo, otros funcionarios panistas de esa época.

Cuando acabó el castigo en la Ciudad de México, Aurioles Gamboa apareció en el gobierno de Leoncio Paisano, en San Andrés Cholula, quien actualmente está preso acusado de graves actos de corrupción como edil de ese municipio.

Una de las áreas más cuestionadas de la gestión de Paisano fue la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable –que en ese entonces tuvo 5 titulares y todos acabaron mal— por el otorgamiento de múltiples permisos de construcción de torres y fraccionamientos, así como plazas comerciales, al margen de la normatividad. Y uno de los funcionarios importantes de esa dependencia fue Arnulfo Aurioles.

Destaca un caso: cuando Aurioles era parte del gobierno de Paisano con toda impunidad se permitió la construcción de la Plaza Gran Pirámide, que está a 250 metros de la zona arqueológica y rompe con el paisaje histórico del área, entre otras anomalías.

Por eso vale la pena preocuparse por los dos funcionarios que tienen en sus manos el desarrollo urbano de la ciudad de Puebla.