Municipios Puebla

Uno de los proyectos más ambiciosos de la gestión de la exedil Claudia Rivera Vivanco fue el regularizar 290 asentamientos humanos, que implica cientos o miles de lotes. A 6 meses de que acabó su gobierno no aparecen los beneficiaros de ese programa, ni los levantamientos topográficos de tales predios, ni evidencias del proceso de escrituración o algún trámite en curso en dicha materia. Literalmente no hay nada.

De acuerdo a una solicitud – elaborada por urbanistas—que se tramitó ante la Plataforma Nacional de Transparencia de la Información, en el ayuntamiento de Puebla no hay rastro alguno de la legalización de esas docenas de colonias de la capital. Como si el programa hubiera sido “un plan fantasma”.

Tal situación plantea dos posibilidades:

Que el proyecto –que en tres ocasiones cambió de metas y nunca tuvo el aval del gobierno del estado– acabó en un fiasco, por lo que no hay archivos ni evidencias de las metas alcanzadas. Lo que implicaría un fuerte quebranto –por parte da la gestión de Claudia Rivera— a la hacienda pública de la capital, ya que se contrató personas especial para ejecutar el programa, se crearon nuevas áreas de gobierno y aparentemente, se realizó mucho trabajo de campo.

O la otra posibilidad es que el gobierno del panista Eduardo Rivera Pérez quiera desaparecer los logros de su antecesora en el cargo, escondiendo todo lo que implicó la legalización de docenas de asentamientos irregulares. Aunque a estas alturas, aparentemente ya no habría ningún beneficio político el ocultar la información en cuestión.

Cualquiera de esos dos escenarios significa algo muy grave, sobre todo cuando en el municipio de Puebla –de acuerdo con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable—se tiene el cálculo de que habría unos 300 asentamientos irregulares, lo que implica algo así como unos 300 mil lotes sin certeza jurídica, puesto que los ocupantes no tienen escrituras o algún documento que avale la posesión.

Una promesa cambiante

En octubre de 2020, el entonces gobierno de Claudia Rivera anunció que iba a regularizar 150 asentamientos humanos. Dicho planteamiento se calificó, por la propia autoridad municipal, como el esfuerzo en la materia más ambicioso y sin precedentes en la capital.

La reacción del gobierno del estado no se hizo esperar y acusó al ayuntamiento de Rivera de estar invadiendo una esfera jurídica que no le competía, al sostener que es una facultad que le corresponde al Poder Ejecutivo estatal. En lo que parecía ser una advertencia de que los trámites se iban a acabar invalidando.

La administración de Claudia Rivera se defendió y sostuvo que, si estaba dentro de sus atribuciones el detectar asentamientos ilegales y regularizarlos, para otorgar escrituras a quienes ocupaban los predios.

En plena etapa álgida de la epidemia de Covid-19, se contrató a 70 personas para hacer levantamientos topográficos; elaborar planos de lotificación y manzaneros; alimentar un padrón de beneficiarios, revisar documentación de los colonos que iba a ser favorecidos, así como tramitar las escrituras a nombres de los ocupantes de los predios.

Esos 70 servidores públicos, perfectamente uniformados y con identificaciones oficiales del ayuntamiento, su labor abarcaba desde hacer recorridos en colonias para anunciar y explicar el programa, así como hacer el trabajo de campo. También iba a reuniones o actos de la autoridad municipal para atender a los interesados en el proyecto.

La contratación de ese personal era fundamental, toda vez que la Dirección de Bienes Patrimoniales del ayuntamiento tenía una plantilla de 30 trabajadores que eran insuficientes para los propósitos de escriturar miles de lotes.

También se creó la Coordinación General del Programa de Ordenamiento, Registro, Reconocimiento y Escrituración de Asentamientos Humanos Irregulares. Área que estuvo a cargo de Hugo Reyes Morales. Por cierto, en el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Puebla no se reconoce la existencia de esa oficina.

Lo que llama la tención de todo esto, es que la meta inicial –dada a conocer en octubre de 2020– del programa era regularizar 150 asentamientos. Meses más tarde, ya en 2021, cuando estaba en la puerta el último proceso electoral, Claudia Rivera incrementó a 290 las áreas a legalizar. Era un anuncio importante porque estaba en la posibilidad de reelegirse como edil.

Y luego de las elecciones, en octubre de 2021, cuando ya habían pasado cuatro meses del fracaso de Morena de conseguir la reelección, se dio a conocer que únicamente había la regularización de 80 asentamientos.

Nunca hubo una explicación de por qué en tres ocasiones cambiaron las cifras del programa.

Tampoco hay una explicación de lo siguiente:

Hace unos días se hizo una solicitud a la Plataforma Nacional de Transparencia de la Información sobre el tema en se ocupa esta columna. La respuesta fue: que no se elaboró ningún levantamiento topográfico de los asentamientos irregulares, no se escrituró ningún lote en los asentamientos irregulares, no se ejecutó proyecto en la materia, ni se dejaron trámites en curso.

En resumen: que no haya nada.

¿Qué pasó?

Por ahora, no se sabe si alguien esconde la información.

O si sólo fue una promesa electoral hueca.