Municipios Puebla

Originalmente se planeó que el encarcelamiento de Juan Carlos Fernández Jasso iba a ocurrir en enero de 2019 y formaba parte de un proyecto de legitimación de la entonces gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, quien estaba urgida de sacudirse la carga de que había ganado el puesto con un fraude electoral. Por eso quería mandar a detener al ex subsecretario del Medio Ambiente –durante el sexenio marinista—para aparentar que iba a ser intolerante con la corrupción y buscar ganar simpatías entre la población.

Aunque en realidad nunca hubo actos de corrupción que perseguir en contra de Fernández Jasso, por el contrario, el odio morenovallista hacia su persona se debía a que en sus últimos meses de funcionario del gabinete de Mario Marín Torres se negó a tres abusos con los que se encaprichó Rafael Moreno Valle Rosas en calidad de gobernador electo, en el periodo que inició en julio de 2010 y concluyó en enero de 2011.

Por eso se puede afirmar que el breve encarcelamiento –de apenas 5 días– que hubo la semana pasada de Juan Carlos Fernández fue una especie de venganza morenovallista post mortem, pues lo detuvieron con cuatro años de atraso por un proceso legal que nunca tuvo pruebas, todo se reducía a los enconos personales que desarrollaba Moreno Valle contra todo aquel que pensaba distinto a él o no le fuera lisonjero.

Una historia de odio

Al convertirse en gobernador electo de Puebla, Moreno Valle Rosas tenía sometido al mandatario saliente, al priista Mario Marín Torres, quien se convirtió a lo largo de los últimos seis meses de se gestión en una especie de sirviente del panista. Lo complacía en todo.

De esa forma, Moreno Valle se dedicó a recorrer todas las dependencias del gobierno del estado para exigir que se cumplieran con sus caprichos, que por lo general era la oportunidad de apoderarse de fondos públicos para después hacer negocios privados al amparo del poder político.

La única secretaría en que el panista encontró resistencia fue en Medio Ambiente, que era dirigida en esa época por Francisco Castillo Montemayor como titular y Juan Carlos Fernández Jasso como subsecretario. Al primero, lo acabó convirtiendo en preso político. Al segundo, casi lo logra.

El entonces subsecretario de Medio Ambiente se negó a tres cosas solicitadas puntualmente por Moreno Valle: eliminar arbitrariamente las concesiones de los verificentros, desmantelar el Centro de Estudio Ambiental de Flor del Bosque y desarmar las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el municipio de Puebla.
Lo que más le enojó a Moreno Valle fue la de los verificentros, porque ya traía entre manos entregar ese servicio público a su amigo de la adolescencia: Jorge Kahwagi Macari, un mal boxeador, dirigente del Panal y político cercano a Elba Esther Gordillo, que en esa época todavía controlaba al SNTE.

Ese rechazó provocó que Moreno Valle ordenara que se le iniciara un expediente a Fernández Jasso para que, en su momento, se le pudiera meter en la cárcel en revancha, como escarmiento, por haberse opuesto a las arbitrariedades del gobernador electo.

La investigación se alargó y nunca tuvo consistencia. De los procesos que se le querían iniciar no había algo contundente. Por eso el expediente contra el ex subsecretario de Medio Ambiente se quedó abierto todo el sexenio morenovallista.

Al llegar diciembre de 2018, en el equipo de Martha Érika Alonso había preocupación porque la mayoría del electorado había votado por Morena y nadie creí en su triunfo como gobernadora. Era evidente que tenía el cargo como consecuencia del robo de urnas el día de los comicios y la compra de los funcionarios electorales. Por eso se empezó a diseñar un plan emergente de legitimación.

Se dice que Eukid Castañón Herrera, el principal operador del morenovallismo, le presentó a Alonso una propuesta de meter a la cárcel a varios a servidores públicos para construir una imagen de que Martha Erika Alonso como una gobernadora intransigente con la corrupción. Entre ellos, propuso detener y culpar de graves latrocinios, mediante el uso de pruebas falsas, a Juan Carlos Fernández Jasso.

Uno de los argumentos centrales es que era un personaje sin peso en el PRI y su detención no iba a dañar a relación de contubernio que había entre el tricolor, representado por el grupo político de Enrique Doger Guerrero, y el morenovallismo.

En un principio a Martha Érika Alonso no le agradó la idea. Consideró que era extender la fama de represores de los morenovallistas. Pero cuando le llevaron una encuesta que indicaba un rechazo en su contra de 7 de cada 10 ciudadanos, no le quedó otro camino que aceptar la propuesta de Eukid Castañón, que había planteado que en enero de 2019 debía desatarse la purga propuesta.

Se tramitó la denuncia contra Fernández Jasso pasando el 15 de diciembre de 2018 y por esa razón, se prolongó la emisión de la orden de aprehensión, misma que se autorizó hasta el día 28 del mismo mes, con la peculiaridad de que cuatro días antes se habían matado el matrimonio de Rafael Moreno Valle y Marta Érika Alonso en un accidente aéreo.

Ahí se diluyó el interés de los morenovallistas de convertir a Fernández Jasso en “un preso político” más.

El problema es que nadie cerró el proceso legal en su contra.

La semana pasada en el afán de la Fiscalía General del Estado de abatir el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión, le tocó al ex subsecretario de Medio Ambiente.

Y por la misma razón nadie advirtió que no había pruebas ni para acusarlo de robarse un chicle.