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En la Junta de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Puebla se protege a Juan Carlos Lastiri Quirós, uno de los involucrados en el escándalo de la Estafa Maestra, pues el ex subsecretario de Desarrollo Social y de Sedatu del gobierno peñista enfrenta desde hace 33 meses un juicio por haber despedido injustificadamente a su jefe de prensa y para evitar que pierda el litigio, de manera inusual y sorprendente, la JLCA en once ocasiones se ha negado a acatar los requerimientos de un juez federal para que se ejecute un amparo que resulta contraproducente contra el político priista.

Ana Lilia Sánchez Martínez, la presidente de la Junta 3 de la JLCA, lleva 25 meses aplazando el deshago de pruebas de dicho litigio y hasta la semana pasada, se seguía negando de manera sistemática, situación por la cual ya se presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por la falta de cumplimiento de un amparo –que ordena cumplir con el trámite en cuestión– que se concedió desde el 4 de mayo de 2021 y porque no se ha sancionado a la funcionaria laboral por no aceptar dicho resolutivo.

Tal comportamiento de Ana Lilia Sánchez Martínez solamente se pueda explicar de dos maneras:

Primera: cuando Fernando Manzanilla Prieto fue secretario general de Gobierno, en la administración interina de Guillermo Pacheco Pulido, incorporó a su equipo de trabajo a varios colaboradores de Juan Carlos Lastiri Quirós, al quedarse estos sin trabajo por concluir la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, la cual se destacó por estar plagada de actos de corrupción.

Y por esa razón, trascendió que desde la Secretaría General de Gobierno se habría ordenado a la JLCA que se ayudara, o mejor dicho concediera impunidad, a Juan Carlos Lastiri Quirós. Y al parecer sigue ejerciendo esa influencia.

Segunda: que se estaría repartiendo sobornos a alguien de la JLCA para que se llegue al extremo de no hacer caso a once requerimientos para acatar un amparo.

Entre los abogados saben que nadie se va a ese extremo. Por lo general, un juez federal recurre a dos o tres requerimientos para que se haga caso a una sentencia de amparo. Nunca se llega a más de una decena de llamados de atención, tal como lo está haciendo Ana Lilia Sánchez Martínez.

Luis Carlos Castillo Rosas fue durante 15 años el jefe de prensa y de publicidad de Juan Carlos Lastiri Quirós. Era quien gestionaba entrevistas en medios de comunicación para el también ex alcalde de Zacatlán, lo acercaba con reporteros o columnistas, además de mediar cuando era criticado o cuestionado en algún periódico o estación de radio.

Muchos directores de medios de comunicación, reporteros y columnistas trataron con Carlos Castillo todo tipo de asuntos relacionados con la actividad política, de funcionario público o de la vida privada de Juan Carlos Lastiri Quirós. Incluido este columnista, que en varias ocasiones recibió llamadas telefónicas para pedirle citas con su jefe, casi siempre para intentar reclamar contenidos de la columna Cuitlatlán.

Sin ofrecerle una explicación y mucho menos pagarle una liquidación, Lastiri despidió de un día para otro a su jefe de prensa. Así lo hizo con muchos colaboradores. Siempre bajo la idea de que como era un hombre muy poderoso nadie se atrevería a presentar una demanda en su contra. Con Carlos Castillo esas advertencias no surtieron efecto.

El 27 de junio de 2018, bajo el expediente D-3/657/2018, Carlos Castillo presentó la demanda laboral ante la JLCA. De inmediato, en esta instancia se empezó a frenar dicho proceso, razón por la cual se interpuso un amparo para que la Junta de Conciliación y Arbitraje no retardara el litigio contra Lastiri.

Para el 2 de agosto de 2019, es decir un año y dos meses después de presentarse la demanda, Lastiri contestó que no conocía a Carlos Castillo y que nunca lo había contratado. Luego de ello, 21 días más tarde, se hizo la audiencia para el deshago de pruebas.

En octubre se promovió otro amparo y se ganó, al demostrarse que la JLCA por segunda vez no estaba llevando el litigio de acuerdo a la ley.

La JLCA ordenó un segundo y definitivo desahogo de pruebas, programado para el 7 de enero de 2020. Y de manera sorprendente, desde esa fecha, la presienta de la Junta 3 de la JLCA, Ana Lilia Sánchez Martínez, no ha querido cumplir con ese procedimiento. Solamente se ha tardado 25 meses. Lo equivalente a la procreación de casi 3 hijos.

El 4 de mayo de 2021, el juez Francisco René Olivo Loyo, otorgó un amparo contra la Junta 3 de la JLCA, para ordenarle el deshago de las pruebas del caso. La presidenta de la JLCA, Ana Lilia Sánchez Martínez, no acató dicho fallo.

El juez del Sexto Distrito en Materia de Amparo Civil le requirió a Ana Lilia Sánchez Martínez cumplir con el amparo en las siguientes fechas: 24 de mayo, 28 de junio, 1 de julio, 19 de julio, 25 de agosto, 21 de septiembre, 13 de octubre, 22 de octubre, 4 de noviembre, 1 de diciembre y 13 de diciembre de 2021, sin que la funcionaria de la JLCA hiciera caso.

La Ley de Amparo es contundente, solamente debe haber un requerimiento para que se cumpla un amparo.

Queda claro que en la JLCA se está protegiendo a Lastiri porque se sabe que va a perder el litigio.

Y que una razón muy poderosa mueve a la presidenta de la Junta 3 de la JLCA, Ana Lilia Sánchez Martínez, para jugarse el pellejo para proteger a uno de los políticos más desprestigiados de Puebla.

Ojalá alguien le recomiende ver las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se entere a quien protege.