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Atrás del reciente conflicto de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) hay un antecedente obscuro, que ha sido el constante intento de vender al mejor postor la institución y para ello, en varias ocasiones se ha buscado bajar el costo de operación de esta casa de estudios para que pueda haber un posible comprador. Hace década y media hubo un fuerte intento de ofrecer la UDLAP a dos potenciales interesados: el empresario Carlos Slim Helu y al grupo político de Mario Marín Torres, en la época en que el político priista fue titular del Poder Ejecutivo.

Carlos Slim se dice que le habría parecido muy alto el costo de operación de la UDLAP y que el margen de ganancia no era atractivo, por lo que se desistió de analizar la posible compra de la universidad privada más importante y antigua de Puebla.

Mientras que los marinistas vieron que su entonces capacidad económica no les permitía comprar y enfrentar la inversión que demanda una casa de estudios de estas características.

Para nadie es un secreto que la fuente del problema de la UDLAP se reduce al deseo frustrado de los miembros de la familia Jenkins de Landa de poder disponer de la fuerte fortuna que dejó William O. Jenkins, la cual al quedar bajo la tutela de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), no les permite a los descendientes del polémico empresario utilizar ese dinero para su lucro personal.

Esa situación los ha llevado buscar muchas maneras para quitar “los candados legales” que no les permite acceder al patrimonio de la FMSJ y es la raíz de las diferencias, conflictos e intrigas que han dominado a los integrantes de la familia Jenkins de Landa.

Hace 30 años, los herederos de William Jenkins, entre ellos su hijo, su nuera y nietos, habrían diseñado un esquema de crear empresas de servicios para tener contratos con los beneficiarios de la FMSJ: entre los que se encuentra la UDLAP, el Colegio Americano y organizaciones de beneficencia. Esa vía les funcionó un tiempo, pero con el tiempo ya no les dio suficientes recursos para atender sus estilos de vida propios de la burguesía mexicana.

Por esa razón hace década y media empezó a surgir la idea de vender la UDLAP, como una manera de librar “los candados” de la FMSJ y conseguir un importante beneficio económico.

El empresario de origen libanés –se cuenta—habría mostrado un interés inicial y encargó a su equipo de auditoria, del Grupo Carso, evaluar la viabilidad de hacerse propietario o inversionista de la institución. El resultado no fue favorable: había altos costos en nóminas, equipos deportivos, mantenimiento de la infraestructura, cursos y prestaciones laborales que dejaban un corto margen de posibles ganancias.

Por eso se dice que Slim habría perdido interés, pero ese rechazó sembró la idea de que la opción para ofrecer la universidad a otro comprador era bajar los altos costos de operación de la universidad.

También se dice que en esa época, en el naciente sexenio del entonces gobernador de Puebla, el priista Mario Marín Torres, varios integrantes de su grupo político al enterarse de la posibilidad de que se vendiera la UDLAP se interesaron en presentar una propuesta de compra.

Al parecer, uno de los interesados era Mario Montero Serrano, quien es notario público en San Andrés Cholula y en esa época fue parte de la llamada “burbuja marinista”, que era la facción de amigos personales del mandatario y que ocupaban todos los cargos importantes en el Poder Ejecutivo y el PRI.

La propuesta económica de los marinistas se habría quedado muy por debajo de las estimaciones del precio de la universidad.

Un marinista de esa época cuenta que al principio los políticos priistas dijeron que a lo largo de sexenio iban a generar importantes ingresos –obviamente robando—y que, al concluir el mandato de Marín, ya podrían entrar a la puja de la institución de educación superior. No se cumplió esa expectativa porque estalló el llamado Lydiagate en febrero de 2006 y se frustraron todos sus planes, que incluía –aunque ahora parezca una broma de mal gusto—el volver Mario Marín Torres en presidente de México, bajo la idea de que emulaban a Benito Juárez, el héroe nacional.

Esas experiencias generaron la obsesión de bajar los costos de operación de la UDLAP. Cuando fue rectora Nora Lustig, salieron de la universidad 125 docentes y se cancelaron equipos deportivos. Y cuando estuvo al frente el escritor Pedro Ángel Palou, se rescindieron a destacados académicos con características fundamentales: tenían muchos años en la institución, contaban con altos estudios y labores de investigación, por ende eran una carga fuerte para el pago de nóminas.

Palou desató una persecución contra académicos y estudiantes críticos. Fue “una novela de terror”, definió en ese entonces Jorge Welti, un importante docente de la UDLAP.

Esa catastrófica intervención de Palou duró 28 meses y concluyó en noviembre de 2007, cuando renunció a la rectoría, el mismo día que la Suprema Corte de Justicia de la Nación exoneró de manera oprobiosa a Mario Marín Torres por el Lydiagate.

Siempre la ambición de los Jenkins ha sido el factor de conflicto en la UDLAP, en lugar de que fuera su bien más preciado por ser una institución que forma profesionistas.