La persecución a los científicos no es una recta aplicación de la ley

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó desde el primer momento que sabía de la acusación de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos por desvío de fondos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, delitos graves los dos últimos que ameritan prisión preventiva oficiosa y penas de cárcel cercanas a la cadena perpetua. Al preguntársele sobre las denuncias, el presidente respondió: “«Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos del Conacyt; sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe nada teme»” (Nelly Toche, El Economista, 22 de septiembre). En declaraciones posteriores, sin embargo, dejó ver que no se trata de sospechas, sino de certeza absoluta sobre la culpabilidad de los imputados.

Infobae, 26 de septiembre, reseña un artículo de The Wall Street Journal: “«Usa el sistema para perseguir enemigos»: el duro cuestionamiento del WSJ a la persecución de AMLO contra científicos del CONACyT”. En los dos últimos párrafos, la nota dice: “Para el WSJ, las acciones tomadas por López Obrador contra la comunidad científica no tienen razón de ser, aunque el presidente remarque que los miembros tenían demasiadas influencias sobre los gobiernos anteriores para obtener dinero usado en lujos y viajes al extranjero. «Fue una especie de chantaje y había que darles estos fondos (…) y cuando eso desapareció, esa extravagancia, esos lujos, ese desperdicio, se quejaron de que no estamos invirtiendo en ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica»”.

Aquí se ve que aquello de “esto lo va a resolver el juez” fue un truco verbal para dar la falsa imagen de que su gobierno es respetuoso de la ley y de la división de poderes, pero, en los hechos, el presidente se arroga el papel de fiscal y juez; acusa y sentencia sin aportar prueba alguna, y sus sentencias no tienen más sostén que el poder que le otorga la investidura presidencial, poder que no lo autoriza para desempeñar esas funciones. Se trata, pues, de una extralimitación de sus facultades legales y de un peligroso abuso de poder.

Hay más. “En Palacio Nacional, López Obrador exhibió un informe del Conacyt en el cual se asegura que entre 2002 y 2018, la asociación «Foro Consultivo Científico y Tecnológico» recibió 471 millones de pesos del erario para «pagar restaurantes de lujo, viajes, choferes y hasta los impuestos de 40 personas. Dijo el presidente: «es un grupo predilecto del régimen anterior, como ya no se pueden mantener los privilegios, pues ahora se sienten perseguidos (no, no se “sienten”, son perseguidos, ACM) (…) que se investigue y, si hay corrupción, que se castigue (pero él acaba de asegurar que sí hay corrupción, ¿para qué investigar entonces? ACM), ¿por qué castigar solamente a los pobres, a los que no tienen con qué pagar su inocencia, que no tienen agarraderas, que no son influyentes? Se tiene que acabar la impunidad»” (Gil Gamés, Milenio, 27 de septiembre).

Formalmente visto, este planteamiento es correcto, inatacable; y es, además, un tiro certero a la sensibilidad de la población, que lo hace suyo sin ninguna duda. Nadie en sus cabales se atrevería a sostener que un científico, por el solo hecho de serlo, es insospechable de cualquier delito, de corrupción en particular. Y menos todavía que solo se debe perseguir a los eslabones más débiles de la cadena de la corrupción nacional y se deje impune la de los poderosos e influyentes. Todo esto es inobjetable, pero de ningún modo prueba la culpabilidad de los 31 acusados ni da derecho al presidente para enjuiciarlos y condenarlos. 

Sí demuestra, en cambio, lo erróneo de querer defenderlos apelando exclusivamente a su elevada educación, puesto que eso no implica necesariamente que sean incapaces de corrupción. Creo incluso que no se gana mucho ni siquiera enumerando puntualmente sus aportaciones a la ciencia o a la innovación tecnológica, junto con el beneficio que reciben con ello la productividad del trabajo y al bienestar común. Aun en este caso, el argumento seguiría siendo frágil y sencillo de desbaratar, como lo ha exhibido AMLO. ¿Qué hacer entonces? Naturalmente que no pretendo dar lecciones a nadie; mi propósito es más modesto: exponer mi opinión y que los posibles lectores saquen sus propias conclusiones.

Desde el inicio del Gobierno de la 4T, los antorchistas nos hemos guiado por la seguridad de que a dicho gobierno y a su jefe máximo, el presidente López Obrador, se les puede juzgar, y criticar en su caso, desde dos puntos de vista opuestos: desde la izquierda y desde la derecha o, como lo hemos manifestado en lenguaje coloquial, por lo que le falta o por lo que le sobra a su proyecto de transformación y de bienestar de las mayorías. Ambas críticas, aunque se atengan rigurosamente a los principios en que se funda cada una de ellas, forzosamente tendrán que coincidir más de una vez en sus conclusiones, lo que puede llevar a la opinión pública no especializada a considerarlas como lo mismo, como idénticas entre sí.

Un ejemplo breve. Ambas corrientes coincidimos en que el control de los precios del gas (y cualquier control de precios en general), es un error que tarde o temprano nos llevará (nos está llevando ya) a la escasez del producto y a un descontrolado mercado negro que elevará los precios por arriba del nivel que tenían antes de que se dictara la medida. Sin embargo, la crítica de la derecha defiende con eso el principio neoliberal de la libertad absoluta del mercado, es decir, el libre funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda que, a su juicio, restablecerá por sí sola el equilibrio entre consumidores y vendedores. Olvidan que precisamente la dura situación que quiere remediar López Obrador es fruto de esa libertad absoluta de la mencionada ley. Por tanto, lo sepa o no, esa crítica busca restablecer lo que había, dejar las cosas tal como estaban; es oponerse al cambio, como los acusa AMLO.

Los antorchistas, en cambio, siempre hemos creído que lo que hace falta no es el control de precios de uno o dos productos básicos, sino una reforma completa, profunda y racional de toda la economía, de todo el aparato productivo del país. Pensamos que sólo eso puede mejorar en serio la capacidad adquisitiva de la población menos favorecida. Queremos una economía con inversión creciente, con Producto Interno Bruto a la altura de las necesidades de empleo y de bienestar; con innovación tecnológica de vanguardia (aquí se ve, de paso, la urgencia de contar con científicos e investigadores bien pagados, en vez de regatearles recursos inventándoles delitos) para elevar la productividad del trabajo, bajar los precios y mejorar los salarios; con una reforma fiscal que dote al Gobierno del dinero suficiente para impulsar la economía y para atender necesidades sociales básicas como salud y educación de calidad. Queremos un Estado actuante en la economía, pero sin rebasar su función de regulador y propulsor de la inversión; sin convertirse en un mal competidor de la empresa privada. No le apostamos a un Estado pasivo, un simple gendarme del interés privado. He aquí la diferencia entre crítica de derecha y crítica de izquierda.

Volvamos, para terminar, al caso de los 31 investigadores perseguidos. Lo que yo califico de correcto en las palabras del presidente, lo es en efecto, incondicionalmente incluso, mientras se mueva en el terreno de lo general y abstracto; pero tan pronto se intente aplicarla a un caso concreto, su validez, como la de cualquier verdad general, queda sujeta a las circunstancias de lugar y tiempo. En el caso que nos ocupa, el absurdo resulta obvio porque parte de dar por cierto lo que el juez debe investigar y demostrar. Eso se llama petición de principio o círculo vicioso y su falsedad es automática. Y esto es cierto independientemente de que los acusados sean culpables o no. Adelantar la conclusión del juicio y hacerlo además sin ser fiscal ni juez, es violar el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia; es una grosera usurpación de funciones y un inaceptable abuso de poder.

Es un error prejuzgar aunque sea para defender a los acusados, es caer en el mismo vicio que el presidente. Yo no tengo elementos ni capacidad jurídica para decidir si los 31 acusados e infamados públicamente son inocentes o no; tendría que apoyarme solo en su carácter de científicos e investigadores, que es justamente el error de quienes los defienden desde la derecha. Y ya vemos qué tan sólida ha resultado esta defensa ante los embates presidenciales y quizá ante buena parte de la opinión pública que ve las mañaneras. Coincido en que los acusados son víctimas de la manipulación de la ley y del abuso del poder presidencial, pero veo de modo distinto la cuestión de en qué radican exactamente esa injusticia y abuso de poder. La línea de la derecha conduce indefectiblemente al error implícito de que la jerarquía social, mientras más alta, mejor garantiza la recta conducta y la honradez sin fisuras de las personas. Y, por el contrario, que la pobreza es sinónimo de delincuencia.

No comparto este punto de vista. Rechazo el abuso de poder presidencial, la arbitrariedad brutal en la aplicación de la ley y la sevicia persecutoria y vengativa con que se está tratando a 31 ciudadanos mexicanos, independientemente de su profesión. Me solidarizo incondicionalmente con ellos porque creo que si ahora los dejamos solos, mañana nadie levantará la voz por nosotros.

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista.

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. 

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista.

Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío.   

Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.

(Poema del pastor alemán Martin Niemöller, erróneamente atribuido a Bertolt Brecht)

¡Por esto me uno a la protesta nacional en favor de los 31 científicos e investigadores, declarados culpables al margen de la ley y sin respetar su derecho al debido proceso! ¡Que el presidente cumpla sus palabras y se abstenga de intervenir y de seguir viciando el proceso, como lo exige la verdadera justicia! Hablo por el antorchismo nacional.

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Aquiles Córdova Morán

Nació en Tecomatlán, Puebla. Es secretario general del Movimiento Antorchista e integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Egresó de la Universidad Autónoma de Chapingo como Ingeniero Agrónomo.