El juicio que se lleva sobre una de las invasiones más grandes de la capital poblana, que son 400 hectáreas de la exhacienda de San José Zetina, se encuentra entrampado. Sin ningún avance. En poco más de un año de litigio han pasado cuatro jueces, 14 abogados de la parte acusada por el delito de despojo y se ha diferido en siete ocasiones la audiencia intermedia del proceso legal. Por esa razón se ha emitido un ultimátum: quien vuelva a provocar que se aplace una sesión más, se hará acreedor a fuertes multas individuales.

Dicha advertencia ha surgido en los días previos a que, a las 11:15 horas del próximo 15 de mayo, se haga el octavo intento de realizar la audiencia intermedia del juicio que, por lo menos, se tenía que haber producido hace más de un año.

Lo que exhibe, una vez más, lo anquilosado que está el Poder Judicial del estado de Puebla.

En este juicio ya no se sabe si hay una colusión desde el Poder Judicial para dejar que el caso se enrarezca cada vez más o si hay mucha habilidad de los involucrados para cometer practicas dilatorias que, hacen que dicho litigio, avance con extenuante lentitud.

Al final, el Poder Judicial local está mandando un muy mal mensaje a la sociedad con lo que ocurre en este litigio: se está generando la idea de que, en el estado de Puebla, se puede cometer cualquier invasión o despojo de propiedades y en los tribunales, se frena toda acción legal contra los que cometen esos ilícitos, por la morosidad con que se desahogan los juicios.

Una situación crítica si se toma en cuenta que, en la actualidad, por lo menos se contabilizan unas cinco invasiones de grandes dimensiones en el municipio de Puebla, entre las que se encuentran la de la exfábrica textil de La Covadonga y la de San José Zetina. Más las que se acumulen en los próximos meses.

Para el caso de la exhacienda de San José Zetina, ubicada en el territorio de San Andrés Azumiatla y que se produjo el 23 de noviembre de 2022, cuando un grupo armado de 60 personas se apoderó de las 400 hectáreas en cuestión, parecer que se ha prendido “una luz al final del túnel”.

Ha trascendido que, previo a la nueva audiencia programada para el 15 de mayo, el titular del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Salvador Hernández Martínez, les habría advertido a las partes involucradas que, si vuelven a provocar que se difiera la etapa procesal del juico, entonces se harán acreedores a fuertes multas individuales.

Se dice que el mismo juez ya se adelantó a establecer que el monto de las multas serían equivalentes a 250 veces el “valor de la unidad de medida”, que es un parámetro que se utiliza para calcular obligaciones legales y fiscales, así como multas y sanciones en el ámbito público del país.

Si se toma en cuenta que ese “valor de la unidad de medida” está en 113.14 pesos por día, una multa sería del orden de los 28 mil 285 pesos.

Y si se aplica esa medida en el rango mensual, que es de 3 mil 439.46 pesos, una multa podría ser equivalente 859 mil pesos.

Por esa razón, dice un conocedor de este litigio, que el juez de control Salvador Hernández Martínez, antes de la cita de este jueves, ya les hizo un llamado a las partes que antes de la sesión ya deben tener listos sus elementos probatorios que van a exhibir en la audiencia, así como todas sus obligaciones, en caso de que ahora si se desahogue la sesión de dicha parte procesal.

Parece ser que se ha llegado a este extremo, debido a que los 8 acusados –encabezados por Félix N– de ser los presuntos autores de la invasión, ya se estaban preparando para pedir –por enésima vez— el cambio del juez de la causa.

Esa ha sido su estrategia: ya en cuatro veces se ha cambiado a los jueces de litigio, en mucho, porque los acusados se quejan de que los juzgadores no son imparciales.

Es la forma que han encontrado para que, cada vez que cambian al juez, pasan semanas en que no se toca un ápice del litigio.

Otras ocasiones han recurrido al mecanismo de que, previo a iniciar las sesiones, los abogados defensores aseguran tener un repentino problema de salud, que les impide quedarse en la audiencia.

También han ocurrido cosas muy burdas, como cuando la parte acusada ya había sido exhibida de no poseer un solo documento que acredite su supuesta propiedad de los terrenos en disputa, y entonces la señora Félix N recurrió al mecanismo de correr, de despedir a gritos, en esos momentos a sus abogados defensores, para que el juicio se paralizara.

Columna Cuitlatlán de Fermín García

Foto Especial

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